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Abandono de los procesos de adopción incentiva permanencia de menores en situación de calle PDF Imprimir Correo
01-06-2018 a las 12:21:30

Ante la alarmante violación del derecho a la familia de niños, niñas y adolescentes en el país, la carencia de políticas públicas estatales y el debilitamiento institucional continúan actuando como un obstáculo para aprovechar las posibilidades que ofrece el marco jurídico venezolano

 

Laura Nieto Carrillo

 

Foto: Archivo

 

La bondad, la ingenuidad y pureza de los menores del país desaparece en medio de las calles que los vieron nacer. En los mercados populares y zonas residenciales, la precariedad y el abandono se convierten en los principales signos de un sistema político, social y económico en crisis, pero también en la evidencia de una promesa rota: la que, pronunciada por el ex presidente Hugo Rafael Chávez Frías, durante la celebración del triunfo de su candidatura en 1998, comprometería eternamente a los propulsores del Socialismo del Siglo XXI a erradicar la niñez en situación de vulnerabilidad.

 

Hoy, pese al carácter solidario y la sensibilidad que caracteriza a los ciudadanos venezolanos, así como a los mecanismos legales que decretan explícitamente el deber de los poderes del Estado de proporcionar y garantizar la protección de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes (NNA) de la nación a través de figuras como la adopción, cada vez son más los cientos de infantes y adolescentes que deben enfrentarse al reto de sobrevivir sin el calor de su familia y la seguridad de un hogar en Venezuela. Según datos revelados por la Red de Casas Don Bosco, se observó que para febrero de 2018 hubo un aumento del 40 % en la cantidad de menores en situación de calle.

 

En los albergues y entidades de atención, el escenario también es devastador. Si bien no existen cifras oficiales que permitan determinar el incremento real de la población infantil en los centros de abrigo públicos y privados del territorio nacional, las recientes declaraciones de los representantes de las instituciones de cuidado y protección infantil más importantes del país manifiestan un alza en el número de solicitudes de ingreso para niños, niñas y adolescentes.

 

Las dificultades económicas y la falta de iniciativas públicas por parte del Gobierno nacional orientadas a educar e informar a la población sobre medidas de planificación familiar eficientes, incentivan que la entrega de infantes y jóvenes se convierta en una alternativa para brindarles las condiciones de vida mínimas que, en otras circunstancias, habría sido imposible que recibieran. Tan solo en 2017, la organización Fundana recibió aproximadamente 144 solicitudes para ubicar niños en sus instalaciones en comparación con los 24 casos del 2016; mientras que en Hogar Bambi, el segundo orfanato privado más grande de Venezuela, las solicitudes aumentaron en un 30 % el año pasado.

 

No obstante, la velocidad con la que se profundiza la crítica coyuntura nacional supera la capacidad de estas instituciones y la eficiencia de los mecanismos jurídicos por los que deben esperar cientos de familias sustitutas para brindar un hogar a infantes y jóvenes en condición de desamparo mediante la adopción.

 

En ese sentido, el presidente de la organización civil sin fines de lucro Proadopción, Claudio Biern, sostiene que, aunque en el país se percibe una desesperanza generalizada, «existe la sensibilidad, el desprendimiento y el amor para darle a esos niños»; el problema —asegura— radica en la falta de políticas públicas y una posición de compromiso coherente y consistente por parte del Estado.

 

Para Biern, el escenario es de un deterioro lamentable y evidencia una carencia total de políticas públicas y procedimientos adecuados que no solo empeora las condiciones de la población que ya se encontraba desprotegida, sino que —incluso ante el incremento del número de víctimas— continúan actuando como un obstáculo para aprovechar las posibilidades que ofrece el marco jurídico venezolano.

 

«En este momento, ese tema sigue siendo una deuda social que viene creciendo. La situación es de deterioro, de incremento y de carencia total de políticas públicas adecuadas. Es lamentable, pero es la realidad», comenta el presidente de Proadopción.

 

Estado anti adopción

 

En 2008, el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Idenna), adscrito entonces al Ministerio del Poder Popular para la Participación y Protección Social, impulsó el Plan nacional de inclusión familiar en 3 modalidades —Reintegro familiar, Colocación en familia sustituta y la Adopción— con el propósito de garantizar el derecho fundamental que, según la Declaración de los Derechos del Niño —suscrito por Venezuela en 1959—, la Constitución de la República y la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente de 2007 (LOPNNA), tienen los infantes y jóvenes venezolanos a crecer dentro de una familia.

 

Sin embargo, la realidad es distinta. Claudio Biern afirma que, aunque el derecho a la familia está consagrado y ratificado en los instrumentos jurídicos del país, «del texto de la ley a la práctica de quienes gobiernan hay un camino largo porque no creen en la adopción; en Venezuela no se le da atención».

 

Esta situación era ya advertida cuando la Red por los Derechos Humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Redhnna), en su Informe Alternativo al 3.º, 4.º y 5.º informe presentado por el Estado venezolano ante el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas —publicado en octubre de 2013 y suscrito por 44 organizaciones sociales, académicas, comunitarias, centros e institutos de investigación y defensores de infantes y jóvenes—, manifestó las debilidades en «el desarrollo de programas para el fortalecimiento de las familias, prevención del abandono, protección integral, resguardo y restitución de derechos con un enfoque integral, centrado en la familia» y «la persistencia de debilidades institucionales importantes que impiden una respuesta coordinada de los entes públicos a favor de la niñez y adolescencia venezolanas».

 

Claudio Biern, explica que el exceso de controles por parte de las entidades involucradas en el sistema dificulta que puedan agilizarse los mecanismos para que los niños y adolescentes vulnerables puedan gozar con prontitud —dentro del marco jurídico y con todos los beneficios de la ley— de su adopción e inclusión dentro de una familia sustituta.

 

Para 2016, un estudio realizado por el Centro de Investigación Social para Proadopción determinó que 40 % de los niños, niñas y adolescentes exceden los 2 años que, por norma internacional, es permitido que vivan en casas hogar, manteniéndose en un 68 % de los casos entre uno y 10 años en las entidades de atención; mientras que solo un 7 % de los menores reestablece su derecho antes de 5 meses.

 

Biern lamenta que, pese a que en la actualidad son cientas las familias interesadas en acoger a un niño, niña o adolescente dentro de su hogar, los decretos de adopción que se dictan surgen como consecuencia del vencimiento del plazo establecido para la medida de colocación familiar. «Pasan uno o 2 años, no se hace nada y crece el derecho a que el niño exija la colocación con adopción; entonces esos casos se han viniendo convirtiendo en adopciones porque no queda más remedio. Tenemos un sistema anti adopciones».

 

Cifras desconocidas

 

Las iniciativas del Estado venezolano pierden valor ante la falta de datos actualizados que certifiquen su éxito. El presidente de Proadopción considera que el tema de las cifras relacionadas a la situación de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes de Venezuela «siempre ha sido un misterio. Los únicos que hemos manejado cifras confiables hemos sido los de ProAdopción y lo hemos hecho en términos de que un funcionario dé unas declaraciones o en base los informes de Unicef, pero esas últimas son recopilaciones de cifras que no son ni consistentes ni confiables».

 

Para el momento de la publicación del Informe Alternativo al 3.º, 4.º y 5.º informe presentado por el Estado venezolano ante el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, en 2013, la Redhnna destacaba entonces la significativa falta de documentos oficiales confiables y públicos que reseñaran «la magnitud y caracterización sociojurídica de los NNA separados de sus familias de origen», así como «la incongruencia, inconsistencia y no estandarización de los datos disponibles».

 

«A la fecha ni el órgano rector, ni el IDENA han presentado un informe que evalúe la situación de los derechos de estos NNA, analizando tiempos de permanencia, acción y estrategias de reintegro familiar y no se dispone de un sistema de monitoreo y seguimiento al desempeño de los órganos administrativos y judiciales de protección», reseña el documento.

 

Este escenario se ve fuertemente influenciado por la debilitada institucionalidad que presenta el Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el cual —al haber estado organizado durante su historia bajo la figura centralista de más de 5 ministerios— se ha visto imposibilitado en el desarrollo registros precisos de su actuación y del desarrollo de nuevas estrategias para garantizar la mejora de las condiciones de los infantes y jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

 

Solo en las Memorias de la Defensoría del Pueblo se detalla con breves interrupciones del alcance del plan de gestión del Idenna hasta el 2014, cuando el Ministerio del Poder Popular del Despacho Presidencial de la República, como nuevo ente encargado del sistema, incluye en sus balances de actividad los logros en materias de protección de niños, niñas y adolescentes; complementando los datos suministrados por el poder moral y, en algunos casos, contrastando la información.

 

Según la Memorias 2014 y 2015 de la Defensoría del Pueblo, si bien se decretaron 129 adopciones en el primer año, en ambos periodos se establecieron solo 23 colocaciones en familias sustitutas, lo cual evidencia una marcada diferencia con los 52 casos del 2013; datos que, a su vez, difieren de los reseñados en la Memoria presidencial del 2014, en la que se registró la clasificación de 298 NNA en condición de adoptabilidad, el decreto de colocación familiar de 67 niños, niñas y adolescentes; y 61 casos de colocación familiar evaluados para adopción.

 

Esta opacidad informativa —expone la Red por los Derechos Humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes— hace latente la invisibilidad que se extiende sobre los menores y adolescentes en condición de vulnerabilidad, dificultando aún más la posibilidad de que sean rescatados por una familia sustituta.

 

Irregularidades

 

Como consecuencia de las fallas en la gestión del Idenna y la agudización de la crítica coyuntura nacional que incentiva la vulnerabilidad del derecho fundamental a la familia de los menores, Claudio Biern asegura que el Estado incentiva la popularización de una alternativa ilegal para los interesados en adoptar a un NNA.

 

En la actualidad, son múltiples los casos que se conocen de personas que dan cobijo a un infante o adolescente fuera del mercado jurídico venezolano y las instituciones pertinentes. Con respecto a eso, el presidente de Proadopción alerta sobre que, aunque es probable que el niño tendrá el amor de una familia, esta clase de hechos pueden ser considerados «salidas de humanas con tráfico» —incluso si no implica algún tipo de intercambio monetario— y esas «entregas ilegales, sean del orden que sean, siempre son negativas».

 

En ese sentido, Biern resalta la importancia de propiciar una política de Estado humana, abierta y transparente, pues «El responsable, se le puede poner el nombre que quiera, pero es el Estado con toda propiedad. Cuando hay una señora desesperada porque no tiene para darle de comer a su bebé y no se le facilita a una pareja que tiene todo el amor que dar, pero también hay un vagabundo que quiere traficar, se le está abriendo las puertas a todo eso».

 

La información y la optimización del Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes resulta esencial para poder hacer frente al problema y educar a los ciudadanos sobre los métodos y procedimientos adecuados para hacer de la adopción un mecanismo que impacte verdadera de manera positiva en los infantes y jóvenes. «No es un problema de sensibilidad. En Venezuela no tenemos políticas públicas ni una posición de Estado; sin eso no se va a resolver el tema. En Venezuela existe la sensibilidad, el desprendimiento y el amor para darle a esos niños, pero si no hay políticas públicas eso es difícil».





Última actualización ( 01-06-2018 a las 14:21:26 )
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