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Empobrecimiento generalizado convierte a Venezuela en una fábrica activa de delincuentes PDF Imprimir Correo
04-05-2018 a las 09:01:54

El 61 % de los 16.046 homicidios registrados en el territorio nacional durante el año 2017 fueron perpetrados por adolescentes y jóvenes entre 12 y 29 años de edad. Investigadores del OVV afirman que el Estado no ha implementado un control civilizado de la violencia


Luis Gerardo Petit

Foto: Archivo

 

La escasez de alimentos y de medicamentos, el deterioro de los servicios públicos y la pérdida del poder adquisitivo han ganado terreno en una sociedad donde la violencia y el crimen organizado se han normalizado. Venezuela —hasta diciembre de 2017— no solo tenía una tasa de 89 muertes violentas por cada 100 mil habitantes, que lo convierten en el segundo país más violento del mundo, sino que, debido al empobrecimiento generalizado, se ha convertido en una «fábrica activa de malandros».

 

El coordinador general del Observatorio Regional de Violencia del estado Zulia y profesor de la Escuela de la Trabajo Social de la Universidad del Zulia, Johel Salas, afirma que, en la actualidad, miles de jóvenes incursionan en la violencia tras ser reclutados por grupos delictivos a cambio de alimentos básicos. Según el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), las mafias organizadas están avanzando en la conquista de jóvenes, a quienes identifican como pobres o vulnerables. «Las bandas delictivas brindan apoyo material, regalándoles comida y prestándoles dinero, lo que les permite la captación de muchachos», denuncia el observatorio en su informe 2017.

 

La técnica de reclutamiento, que en el pasado solía ser mediante la regalía de algún objeto de moda o lujoso, es sustituido por la entrega de alimentos. Investigadores del Observatorio Regional de Violencia del estado Zulia han constatado cómo este fenómeno se ha incrementado en los sectores de Maracaibo. El profesor Johel Salas afirma que, en la ciudad, hay un gran número de niños y jóvenes en condición de calle, quienes son capturados por los grupos delictivos para sumarlos a conductas violentas desde temprana edad.

 

43 jóvenes asesinados cada 24 horas
Las víctimas fatales de la violencia en el 2017 fueron fundamentalmente jóvenes. De acuerdo con los reportes del Observatorio Venezolano de Violencia, el 60 por ciento de las víctimas tenían entre 12 y 29 años de edad, y una de cada tres víctimas —un 34 por ciento— tenían entre 18 y 24 años. Se estima que, cada día, en el país asesinan a 43 jóvenes».
Las cifras presentadas por el OVV en su informe correspondiente al 2017 denotan cuánto es la participación de adolescentes y jóvenes como ejecutores de muertes violentas. De los 16.046 homicidios registrados durante el 2017, el 34,5 % fueron cometidos por jóvenes entre 18 y 24 años, el 19 % por jóvenes adultos entre 25 y 39 años, y un 8 % por adolescentes entre 12 y 17 años de edad.

 

El profesor Johel Salas explica que se muestran rasgos muy similares entre los victimarios y sus víctimas. «Nosotros lo hemos llamado la imagen del espejo porque la mayoría de las víctimas fueron jóvenes entre 12 y 29 años de edad, y los victimarios también están dentro de ese grupo». Durante el 2017, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Violencia, el 61 % de los asesinatos fueron perpetrados por adolescentes y jóvenes entre 12 y 29 años, y un tercio de ellos —un 35 %— por jóvenes entre 18 y 24 años de edad.

 

En Venezuela, se estima que al menos 24 jóvenes entre 18 y 24 años, 14 jóvenes adultos entre 25 y 29 años, y 5 adolescentes entre 12 y 17 años mueren todos los días por causas violentas, para un total de 43 jóvenes asesinados cada 24 horas.

 

Jóvenes en el delito organizado

 

La actividad delictiva en el país es protagonizada principalmente por jóvenes entre 18 y 34 años. El secuestro y la extorsión son los crímenes mayormente cometidos por menores de 35 años, mientras que el tráfico de drogas, los delitos financieros y el contrabando son perpetrados por personas de mayor edad, según el Observatorio de Delito Organizado.

 

De acuerdo con los datos hemerográficos del Monitor de Delito Organizado Trasnacional 2017 —elaborado por el Observatorio de Delito Organizado y la asociación civil Paz Activa—, en el país se registraron 1.335 casos de crimen organizado durante el año pasado, siendo el asesinato por encargo o sicariato el más reseñado en los medios de comunicación.

 

En ese sentido, el Observatorio Venezolano de Violencia asegura en su informe anual que durante el 2017 se incrementaron los casos de muertes por encargo en el país. «Desde el OVV podemos afirmar que en cada semana del año se cometieron al menos 6,4 homicidios que deben ser considerados como sicariato», se reseña en el documento.

 

Estos homicidios fueron cometidos principalmente por hombres entre 18 y 34 años de edad, según el Observatorio de Delito Organizado, tras afirmar que la edad mínima de los jóvenes involucrados en los grandes grupos delictivos del país es de 14 y la edad promedio es 32 años.

 

Infografia: Christyl Barrios

Desmoronamiento de la institucionalidad

 

El empobrecimiento multidimensional de la sociedad venezolana —que se ubica en un 51,1 %, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi 2017)—, no solo afecta el bienestar de los ciudadanos, sino los valores y reglas de convivencia. De acuerdo con la coordinadora ejecutiva del Observatorio Regional de Violencia del estado Zulia y profesora de la Universidad del Zulia, Raima Rujano, el incremento de la violencia en el país es el resultado del deterioro del pacto social, de las reglas de convivencia y de resolución de conflictos sociales y políticos.

 

Agrega que en el país no se ha implementado un control civilizado de la violencia, y que el desmoronamiento del sistema de justicia penal ha permitido que la impunidad incremente los hechos delictivos en Venezuela. A su juicio, «hay una normalización de la vida violenta» en la sociedad venezolana. De acuerdo con la Encovi, las condiciones de vida relacionadas con la violencia e inseguridad en el país se mantienen en su gravedad y victimización: uno de cada cinco venezolanos fue víctima de un delito en el 2017.

 

El OVV afirma que la escalada de criminalidad en el territorio nacional «es la consecuencia de políticas equivocadas que, con una óptica belicista, asumen la seguridad pública como el aniquilamiento de enemigos, generando más muertes y fortaleciendo a los grupos delictivos». En el 2017, solo en un 10 % de las comunidades no se reportaron hechos violentos, lo que quiere decir que la violencia se ha apoderado del 90 % del país.

 

Ese incremento está relacionado al deterioro de los tres componentes que integran el sistema de justicia para frenar y contener el delito y la violencia: los cuerpos policiales, los tribunales y fiscalías y los recintos carcelarios. «La transformación del sistema de justicia penal que ha existido en el país —de precario y deficiente en la administración de justicia— en una herramienta de la política para la aplicación del derecho penal del enemigo no permite augurar una pacificación de la sociedad, sino todo lo contrario», aseguran los investigadores del Observatorio Venezolano de Violencia.

 

Otro de los aspectos que ha incidido en el aumento de la violencia en el país es el involucramiento de los funcionarios policiales y militares en la comisión de robos, secuestros, tráfico de drogas y homicidios que, a juicio del OVV, constituye una grave pérdida para la sociedad. «Los estudios realizados por los Observatorios Regionales han reportado que el 19,5 % de todos los delitos violentos conocidos por la sociedad durante el 2017 tuvieron como autores a funcionarios policiales o militares».

 

Asimismo, el Observatorio de Delito Organizado revela en su informe que los cuerpos de seguridad y defensa de la nación fueron las instituciones más corrompidas por el delito organizado durante el 2017. Entre los diferentes cuerpos de policía y los componentes de la Fuerza Armada Nacional se acumuló hasta el 57,4 % de los casos perpetrados por funcionarios estadales. De la misma manera, alrededor de 560 funcionarios de instituciones de justicia —principalmente del Ministerio Público—, de gobierno, de salud, de registro e identidad, de instituciones económicas y de otros entes oficiales resultaron igualmente implicados en casos de delito organizado.

 

Finalmente, para el OVV, los recintos carcelarios son «clubes sociales del crimen y centros para la planificación y ejecución de delitos fuera del recinto penitenciario», lo que, a su juicio, constituye «la mayor afrenta posible al sistema de justicia penal», debido a que solo puede ocurrir con la complicidad o al menos la pasividad de las autoridades. Para los investigadores, la «violencia endémica» de las cárceles se trasladó a los centros de detención —que albergan a un 30 % de los privados de libertad—, lo que obliga a la fuerza policial a vigilar presos en lugar de cuidar a los ciudadanos.





Última actualización ( 08-05-2018 a las 10:47:53 )
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