Agencia de noticias de la Universidad del Zulia
Correo LUZMapa del sitio
Bookmark and Share
Venezuela retrocede en la lucha contra el trabajo infantil PDF Imprimir Correo
27-04-2018 a las 10:29:20

Especialistas afirman que el reclutamiento de infantes en redes criminales es más frecuente. En centros y mercados populares se registran casos que evidencian la relación entre el incremento de niños y adolescentes implicados en actividades delictivas y las dificultades para sobrevivir en el país

 

Laura Nieto Carrillo

Foto: Archivo

 

Pese a que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) reconoció a Venezuela como el país de América Latina que tenía en el 2009 el menor número absoluto de niños y adolescentes menores de 15 años que trabaja, los graves indicadores sobre las condiciones de vida de los ciudadanos en Venezuela plantean una nueva realidad.

 

En el estudio intitulado No más trabajo infantil: una meta posible de alcanzar, publicado en 2009, Unicef plantea ya la incidencia de las crisis económicas en los índices de trabajos infantil en las naciones del mundo, al generar una «mayor presión para que los niños, niñas y adolescentes se incorporen a la fuerza laboral y no asistan a la escuela» e incrementar el atractivo del trabajo en relación a la educación, «especialmente si esta es de mala calidad o poco pertinente».

 

Se estima que, tan solo para el 2016, 2 millones 828 mil estudiantes se veían forzados a disminuir su asistencia a clases como producto de la crisis política, económica y social que ya atravesaba el país, según la Encuesta sobre Condiciones de Vida Venezuela 2016 (Encovi), presentada por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes y la Universidad Católica Andrés Bello. Hoy, son cada vez los infantes y jóvenes que deben renunciar a sus derechos fundamentales y sumergirse prematuramente en el sistema laboral.

 

En efecto, el docente Investigador de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia (LUZ) y coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia, capítulo Zulia, Johel Salas, explica que las nuevas dificultades de las familias del país para sortear el crítico contexto nacional inciden en la masificación de un delito, como lo es la explotación laboral infantil, a cambio de la satisfacción de las imperiosas necesidades básicas de sus miembros. De allí que sea cada vez más común la identificación de redes y mafias organizadas alrededor de menores de edad en Maracaibo y el resto del territorio venezolano.

 

«Tenemos una población infantil que crece en términos de calle, que crece en términos de egreso en las cuestas de deserción escolar y que crece, por supuesto, en la indigencia infantil. La protección de la infancia en el país cada día se hace más dramática y más violatoria, por supuesto, de los derechos fundamentales», afirma Johel Salas, también miembro del Centro de Investigación de Trabajo Social de LUZ.

 

Desprotección jurídica

 

Los lineamientos que rigen la incursión de niños, niñas y adolescentes en Venezuela como parte activa del sistema productivo nacional está contemplado en la jurisdicción nacional desde el siglo XVIII, cuando el país ratifica lo establecido en el Convenio sobre la Edad Mínima de admisión al empleo, número 138 de la Oficina Internacional de Trabajo, en 1987, y posteriormente acuña el Convenio sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, número 182, adoptada en 1999.

 

No obstante, no es específicamente sino hasta el 2007, que se establece, en el capítulo tres de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, denominado Derecho a la protección en Materia de Trabajo, el marco jurídico que determina el deber del Estado de garantizar la protección de los infantes y jóvenes venezolanos contra la explotación y el desempeño de cualquier labor que pueda entorpecer su educación o que sea nociva para su salud y desarrollo integral.

 

Sin embargo, para Héctor Peñaranda Quintero, ex juez de la sala uno de protección de niños, niñas y adolescentes, si bien existen los lineamientos que orientan la realización de trámites fundamentales como el registro del niño o adolescente trabajador ante los Consejos de Protección y las condiciones laborales mínimas para su participación dentro del motor productivo del país, el contexto nacional exige que se desarrollen políticas realmente adecuadas para su protección.

 

«No se ha desarrollado una política pública adecuada para la protección de los adolescentes trabajadores», explica. «A pesar de que está la normativa y los adolescentes pueden realizar los trámites, desde el punto de vista cultural, está esta situación. Además, la situación país también ha perjudicado mucho porque la gente tiene que salir a trabajar para poder subsistir. Esto tiene que ver con la situación país. Va más allá del aspecto legal», asevera.

 

A favor de ambientes laborales seguros
En el marco del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, este 28 de abril, la organización de las Naciones Unidas une esta celebración con el Día Mundial contra el Trabajo Infantil con el propósito de acelerar el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 8, específicamente las metas 8.7 y 8.8, orientadas a mejorar la seguridad y la salud de los trabajadores jóvenes para 2030 y erradicar el trabajo infantil para 2025.

En ese sentido, el coordinador regional del Observatorio Venezolano de Violencia y docente e investigador de LUZ, Johel Salas, afirma que no hay correspondencia de la realidad con lo que establece la ley, ya que, aun cuando es posible afirmar que existen instrumentos jurídicos que prevén las garantías y la protección a los derechos a niños, niños y adolescentes, «hoy son letra muerta».

 

«Ocurre lo mismo que con el resto de las áreas en el país: hay un abandono total. El Estado tiene una gran responsabilidad porque es el veedor, es el garante, de que se cumplan esos derechos. Si hoy se puede decir que existe un sector de la población que está desprotegido, es la infancia, especialmente la infancia de los sectores populares. Hoy los que más sufren son los niños más pobres», comenta Salas.

 

Bandas criminales

 

La penetración de infantes en redes de organización criminal es cada vez más frecuente en las calles venezolanas. En las centros y mercados populares de las grandes capitales, son cientos los casos que permiten al profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de LUZ afirmar la relación entre el incremento del número de niños y adolescentes implicados en actividades delictivas y las dificultades para sobrevivir en el país.

 

En Maracaibo, indica el especialista, hay indicios del aumento de infantes y jóvenes implicados en el robo de supermercados, asaltos a bancos e incluso explotación sexual. «Hay niñas de 11 años en la ciudad que ya están vendiendo su cuerpo», expone el miembro del Centro de Investigación de Trabajo Social de LUZ.

 

Para Johel Salas, «detrás de tantos niños en la calle, producto de la pobreza, también hay mentes criminales organizándose en función de sacarle provecho económico a eso. Hay bandas nacionales que se están aprovechando de su situación económica y están captando a los infantes para actividades delictivas a cambio de satisfacer sus necesidades básicas de alimentación y salud».

 

De acuerdo con el informe Global Estimates of Modern Slavery correspondiente al 2016, se registran 4,3 millones de niños menores de 18 años implicados en labores forzosas, lo que representa el 18 % de los 24,8 millones de personas en el mundo víctima de estas actividades. De esta cifra, un millón se relaciona con la explotación sexual.

 

Las asociaciones de crímenes organizados captan y reclutan niños, niñas y adolescentes en sectores y zonas populares donde la capacidad de adquisición de bienes y servicios es limitada, aprovechándose de su vulnerabilidad para presentarles una oportunidad atractiva —incluso desde la precariedad— de satisfacer sus requerimientos básicos.

 

«Hoy la crisis económica es una fuente de nuevos miembros al mundo delincuencial. Hace años, el delito en el Estado dejó de ser un acto individual, de una persona; ya todo ha evolucionado a asociaciones criminales», asevera el especialista.

 

Futuro en riesgo

 

Las consecuencias de la ausencia de políticas públicas orientadas a frenar el alza en los índices de explotación laboral en niños, niñas y adolescentes venezolanos son fatales. Desde el desarrollo precario de competencias profesionales hasta daños en su salud física y psicológica, son múltiples los factores que derivan de la irrupción prematura al campo laboral y que amenazan con truncar el futuro de los jóvenes del país.

 

Johel Salas sostiene que, aunado a los altos niveles de deserción escolar que suele vincularse a este escenario, surgen nuevos candidatos para la acción delictiva. «Es preocupante el deterioro social que se vive en Venezuela. Vemos como una constante la falta de valores y buenas costumbres. El trabajo infantil y la explotación laboral muchas veces son promovidas incluso desde los mismos hogares. A esto hay que sumar el peso de la situación país. Hoy la crisis económica es una fuente de nuevos miembros al mundo delincuencial».





Última actualización ( 02-05-2018 a las 13:11:07 )
Me gusta


Archivo de noticias
Universidad
Academia
Comunidad
Economía
Salud
Ciencia y tecnología
Deporte
Cultura

Otras secciones
Entrevistas
Encuestas
LUZ Periódico
Especiales LUZ AdN
Boletines LUZ AdN
Informes de gestión
LUZ en los medios
Opinión

 

 


 

 

 

 

LUZ en los medios

 

Notas relacionadas
Conozca más de...

 

 

 

Especiales LUZ AdN

 


  Entrevistas en LUZ AdN

 


 

 

 

 LUZ Periódico

 


 

Teveluz

 

LUZ Web

 

LUZ Radio

^ Subir