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2.414 protestas dejan 11 personas asesinadas en los primeros 90 días de 2018 PDF Imprimir Correo
27-04-2018 a las 09:36:28

El informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) revela que el 85 % de las protestas ocurrieron para exigir alimentos, medicinas y servicios básicos como agua potable, electricidad y gas doméstico

 

Nayarith Gutiérrez M.

Foto: Archivo

 

La creciente pobreza, el colapso de la salud y de los servicios públicos han acrecentado las protestas y los saqueos en todo el territorio nacional por la grave crisis que vive el país. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) contabilizó 2.414 protestas durante el primer trimestre de 2018. La cifra equivale a un promedio de 26 protestas diarias y representa un incremento del 93 % en comparación al mismo periodo del 2017.

 

El informe del OVCS registra que el 85 % de las protestas fue para exigir derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, mientras que el 15 % fue para exigir derechos civiles y políticos. El documento confirma que «Venezuela ha entrado en una etapa de colapso de los servicios públicos, de la alimentación, de la salud, y han crecido los conflictos laborales».

 

Por otra parte, los saqueos e intentos de saqueos aumentaron en todo el territorio nacional. En enero se contabilizaron 141 saqueos y conatos, con un incremento de 642 % más que en 2017 como consecuencia del hambre, la desesperación e impunidad.

 

El primer trimestre de 2018 se caracterizó por protestas por alimentos, medicinas, por servicios básicos como electricidad, gas doméstico y agua potable. Además, por incremento de exigencias por reivindicaciones laborales, colapso del servicio de transporte, dificultades para acceder a dinero en efectivo, cierres de calle y concentraciones como las principales modalidades de protesta.  

 

La respuesta del Gobierno nacional ha sido represiva e insuficiente, a tal punto que, ante instancias internacionales, ha preferido negar la situación y rechazar la ayuda humanitaria.

 

Estados con mayor conflicto

 

Las protestas se han expandido por todo el territorio nacional, produciéndose tanto en zonas rurales como en urbanas. El estado Lara encabeza el primer lugar entre las zonas con mayor número de protestas con 282; le sigue Trujillo con 264, Anzoátegui con 236, Mérida con 210 y, en el quinto lugar, Bolívar con 184.

 

Mientras que los 5 municipios con más protestas fueron: Iribarren (Lara) con 228, Libertador (Distrito Capital) con 129, Caroní (Bolívar) 129, Libertador (Mérida) 129 y Valera (Trujillo) con 100 protestas.

 

Derechos más exigidos

 

El deterioro de la calidad de vida de los venezolanos en los últimos años por el colapso de los servicios básicos necesarios para tener una vivienda digna, segura y cómoda ha desencadenado que los ciudadanos salgan a las calles. Aunado a los cortes de energía eléctrica que afectan el desenvolvimiento de actividades comerciales, educativas, domésticas, culturales e incluso la salud pública.

 

  
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Infografía: Ender Pérez

Según el informe del OVCS, en los primeros 90 días del año 2018, 784 protestas se dieron para reclamar servicios básicos, 549 exigiendo derecho a alimentación, 287 pidiendo derecho a la salud y 708 por derechos laborales.

 

Las fallas en la distribución de gas doméstico han hecho que en ciudades y poblados del interior tengan que cocinar los alimentos en leña. Por otro lado, las protestas exigiendo la prestación o restitución del servicio de agua potable, el cual se ha afectado por supuestas fallas en las tuberías, que genera cobro excesivo de los camiones cisternas, incremento de enfermedades, paralización de clases y servicios médicos.

 

De las 2.414 protestas registradas, 748 estuvieron motivadas por la precariedad en servicios básicos, en promedio 8 protestas diarias. De esta manera, 325 protestas se realizaron para exigir electricidad, 200 por agua potable y 223 para pedir mejoras del gas doméstico.

 

El desabastecimiento, la escasez y carestía de los productos desencadenaron 549 protestas, con un promedio de seis protestas diarias: 287 en enero, 105 en febrero y 157 en marzo.

 

Crisis del sector salud

 

Los reclamos laborales se han incrementado en los 3 primeros meses del año, se reportaron 708 protestas. También trabajadores del sector salud, médicos, especialistas, enfermeras, personal administrativo, obreros, pacientes y familiares exigen cooperación humanitaria y han encabezado 287 protestas para exigir el derecho a la salud.

 

La falta de medicinas, implementos quirúrgicos, remuneración al personal médico, deficiencia en infraestructuras hospitalarias e inseguridad son parte de los problemas que los aquejan. La exigencia común es cooperación humanitaria, para garantizar atención mínima en el sistema de salud que permita prevenir epidemias y enfermedades.

 

Represión y muerte

 

En los primeros 4 meses de protestas de 2018, han sido asesinadas 11 personas. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), el 100 % de los hechos ocurrió en protestas para exigir derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

 

Otra cifra que destaca el nivel de represión, con la cual ha respondido el Gobierno nacional ante las protestas, es el número de personas que han perdido la vida durante los 5 años de gestión del presidente Nicolás Maduro, que alcanza 212 ciudadanos muertos. En la mayoría de los casos las protestas son encabezadas por la gente más pobre, que en algún momento se identificó con el partido oficialista.

 

El Gobierno de Maduro ha consolidado un sistema de represión en el país, enmarcado en el Plan Cívico-Militar Zamora 200, el cual institucionaliza la actuación conjunta de fuerzas militares, fuerzas milicianas y civiles armados en funciones de control de orden público o en cualquier otro ámbito que decidan es de su interés.

 

Cuando se analiza las circunstancias de muertes, el informe del OVCS atribuye a que el 50 % fue por saqueo y el 50 % por cierre de calle. Las respuestas a las manifestaciones por hambre ha sido la represión y muerte, 8 de las 11 muertes ocurrieron en protestas por alimentos. 2 mujeres y un menor de edad fueron asesinados en protestas de ese tipo, 10 personas fueron asesinadas por heridas de bala y una con un objeto contundente (piedra). Los testigos y familiares denuncian a civiles armados como responsables de al menos 7 de las muertes.

 

Según los datos que presenta el informe del OVCS en el estado Mérida se registró el 50% de los asesinatos (5); el resto ocurrió en Trujillo (1); Barinas (1); Portuguesa (1); Anzoátegui (1) y Sucre (1). La undécima víctima se registró en la noche del 23 de abril en el estado Zulia: Anderson Oliveros, de 15 años, fue impactado de bala presuntamente por un conductor que transitaba por el sector, cuando se encontraba en un cierre de calle en la Circunvalación 3 de Maracaibo para reclamar fallas del servicio eléctrico.

 

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) asegura que las cifras de muertes en protestas refleja dramáticamente la ausencia de garantías reales para el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica en el país y la respuesta autoritaria del Estado frente a la conflictividad social. «La mayoría de las muertes se produjeron debido a la actuación de agentes de la fuerza pública, y más recientemente debido a la participación de paramilitares».

 

Provea como organización en defensa de los derechos humanos exige investigación y sanción para los responsables materiales e intelectuales de las muertes ocurridas en las recientes protestas.

 

Sin respuesta oficial

 

Ante la falta de respuesta oficial en la solución de los problemas que afectan a la población venezolana, el OVCS exige al Gobierno nacional atender los problemas que agobian a los venezolanos. El país dejó de ser una de las naciones de la región que se destacaba por la calidad de vida de sus ciudadanos, ahora se ha convertido en una nación marcada por la desesperanza, la falta de oportunidades y el abandono.

 

La expresión de la crisis y el deterioro de la calidad de vida están expresados en el 85 % de las protestas registrada por el OVCS. El desabastecimiento, la carestía de los alimentos, las fallas de los servicios básicos y la ausencia de un empleo de calidad y estable, se han convertido en las mayores quejas ciudadanas.

 

En ese sentido el OVCS reitera al Gobierno venezolano que debe reconocer la magnitud de la crisis y entender que la cooperación humanitaria internacional es justa y necesaria. Advierte que de lo contrario, los daños serán irreparables. «El país está sumido en la pobreza».

 

En el Zulia

 

En el caso del estado Zulia, en las últimas semanas se han presentados protestas en distintas zonas, principalmente en el municipio Maracaibo, por las deficiencias del servicio eléctrico que ha dejado a sectores por largos períodos sin el servicio. Hasta el cierre de esta edición se contabilizaban 29 detenidos por los cuerpos de seguridad del estado.

 

El martes 24 de abril de 2018, se realizó una protesta pacífica frente a la sede de Corpoelec de Amparo, convocada por dirigentes de partidos políticos de oposición y sociedad civil para exigir respuesta al problema eléctrico que afecta la región

 

En medio de la protesta, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), se llevaron detenidos al presidente del Concejo Municipal de Maracaibo, Carlos Armijo, a la concejala Mary Yuli Urdaneta, Leonel Reyes, jefe de prensa del partido UNT; Jhosele Sarabia, jefe de prensa del Concejo Municipal, y a otros ciudadanos, quienes fueron liberados en horas de la tarde del martes.

 

Daniela Guerra, coordinadora de la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez), catalogó la detención como arbitraria, porque los funcionarios llegaron sin identificación, ofendiendo para impedir una protesta pacífica. «Es una represión al derecho a manifestar, derecho que está contemplado en la Constitución venezolana».

 

Guerra aunque no estuvo presente, obtuvo información de parte del equipo de Codhez que se encontraba en el lugar al momento de la detención.

 

Aseguró que desde Codhez están evaluando las acciones legales a tomar en relación a la prestación del servicio eléctrico, debido a que es un servicio público que es obligación de parte del Estado y las fallas están ocasionando daños a la sociedad.

 

La representante de Codhez no descartó que debido a las terribles fallas del sistema eléctrico se acrecienten las protestas y los reclamos de la sociedad civil por falta de respuesta de las autoridades, ya que el servicio eléctrico está incluido en algunos tratados internacionales como parte del derecho al desarrollo. «La protesta es la última vía a la que acuden las personas, cuando las solicitudes y denuncias que ha hecho la ciudadanía no tienen atención».





Última actualización ( 02-05-2018 a las 13:06:50 )
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