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Juan Carlos Araujo: «El primer generador de la violencia obstétrica es el Estado» PDF Imprimir Correo
16-03-2018 a las 08:41:13

Desde su promulgación en 2007, la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia tipifica los actos constitutivos de violencia obstétrica y establece una multa de entre 250 y 500 unidades tributarias para los agresores

 

Karledys García

 

Violencia obstétrica

Foto: Archivo
 
Pensar en la violación de los derechos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres por parte del personal de salud es, por la condición misma de la ética médica, arbitrario e inimaginable. Pero la crisis en el sector hospitalario, las fronteras entre las concepciones de la ciencia, los patrones socioculturales y el ejercicio de las relaciones de poder vinculadas a la salud y la enfermedad, trazan hilos filos en una maraña de situaciones vividas por las mujeres en los centros de salud, sobre todo en el sistema público.

 

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 (Endireh 2016) —realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México— revela que el 33,4 % de las mexicanas que tuvieron un parto en los últimos 5 años, sufrió de algún tipo de maltrato por el personal de salud. En Argentina, las cifras son más dramáticas. Según el 1.° Índice Nacional de Violencia Machista —elaborado en 2016 por el movimiento #NiUnaMenos— el 77 % de las mujeres sufrió al menos una situación de violencia obstétrica.

 

A pesar de que en Venezuela no hay cifras oficiales en relación a este tipo de violencia, el aumento de la mortalidad materna y neonatal— que entre 2015 y 2016 fue de 65,79 y 30,12 %, respectivamente— reflejado en la semana 52 del Boletín Epidemiológico aporta datos sobre la disminución de las condiciones para garantizar la salud y la vida de las mujeres durante el embarazo y el parto.

 

Mujeres desprotegidas

 

Mujeres violentadas

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Infografía: Énder Pérez
 
En Venezuela, la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia —promulgada en 2007— innova en la incorporación del concepto de violencia obstétrica en la legislación venezolana, tipifica los delitos y penalizaciones de este tipo de violencia. En su artículo 51 establece, mediante 5 numerales, cuáles son los actos constitutivos de violencia obstétrica: No atender oportuna y eficazmente las emergencias obstétricas, obligar a la mujer a parir en posición supina y con las piernas levantadas, obstaculizar el apego precoz del niño o niña con su madre sin causa médica justificada, alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo mediante el uso de técnicas de aceleración, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer; y practicar el parto por vía de cesárea, existiendo condiciones para el parto natural. 

 

El mismo artículo indica una multa de entre 250 y 500 unidades tributarias a los responsables de cometer alguno de los delitos tipificados en la ley. En noviembre de 2013, se registró en la prensa el caso de dos médicos que fueron multados por violencia obstétrica en Cabimas. La acusación que pesó sobre ellos fue la negativa de atender de forma oportuna a una mujer en el Hospital General Adolfo d’Empaire y que resultó en la muerte del niño. Los médicos recibieron una multa de 371 unidades tributarias más una indemnización a la víctima de 250 unidades tributarias. 

 

En el actual contexto del país, las posibilidades de atender de forma oportuna y eficaz a las parturientas son cada vez más reducidas. Juan Carlos Araujo, médico y profesor de medicina legal en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de LUZ, asegura que este tipo de violencia ocurre a diario en los hospitales del país porque «el primer generador de la violencia obstétrica es el Estado, porque hizo una novedosa ley, una ley de altura, pero no adecuó las instituciones del sistema hospitalario para que se cumpliera». 

 

Noren Villalobos, gineco-obstetra y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia, coincide en las bondades de la ley en materia de derechos para las mujeres, pero «se hizo sin tomar en cuenta las infraestructuras de nuestro país. La ley es buena, pero no toma en cuenta muchos aspectos. Posiblemente, en otros países que están preparados la ley sería perfecta, pero en nuestro país, las condiciones del espacio físico no están preparadas para que pueda cumplirse». 

 

Explica que mientras la ley plantea el parto vertical, «en nuestro país, exceptuando ciertos centros privados, no hay camas para el parto vertical. La ley dice que la paciente no debe parir acostada y en muy pocos centros de salud pasa eso. Son aspectos en los que la ley choca con la realidad, porque no estaba hecha ni se ha desarrollado la infraestructura para que la ley se cumpla». 

 

En una encuesta realizada a 330 personas que laboran en centros de salud públicos y privados de Maracaibo —publicada en 2017 por el profesor Juan Carlos Araujo— se expresa que el 100 % de los consultados manifestó no contar con los medios necesarios en la institución para la atención de un parto en posición vertical. Luego de más de 10 años desde que fue promulgada la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y apenas tomando en consideración el parto vertical, la consecuencia de la falta de infraestructura hospitalaria para su cumplimiento es expuesta por Araujo: «La ley se quedó en letra. Nuestras mujeres siguen montándose en un "burro" frío, oxidado, todo destartalado, a exponer su intimidad para que le atiendan su trabajo de parto».

 

Además de que los centros de salud no tienen infraestructuras aptas para la atención de las parturientas conforme a la ley, Araujo detalla que con la actual crisis del país, los casos de violencia obstétrica van en aumento. «Cuando una paciente llega a la emergencia y le dicen que no la pueden atender porque no hay insumos, que tiene comprar la lista de insumos y muchas veces no tiene el dinero porque todo está sumamente costoso, ahí está generándose la violencia obstétrica», asegura.

 

Villalobos también explica que la violencia obstétrica no solo es ejercida por el personal de salud puesto que cuando las parturientas tienen que «salir a buscar insumos y medicamentos para su atención, eso es violencia obstétrica; porque no estamos brindando las condiciones adecuadas para su atención y estamos exponiendo a esas pacientes a que les pueda suceder algún percance en su condición». Precisamente, la atención oportuna y eficaz del parto se perfila como uno de los derechos más violentados en el sistema de salud, tanto público como privado.

 

Para Araujo, la experiencia actual de las mujeres en la atención del proceso de parto es cada vez más agobiante: «¿En qué hospital de nuestra ciudad una mujer llega a la emergencia y se le da un trato oportuno?, porque siempre le dicen "te falta", "aún no has dilatado", "no tengo camas" o "tienes que ir a comprar el material para poder atender tu trabajo de parto". No tenemos una atención oportuna al parto, algunas veces porque no tenemos condiciones y otras porque los médicos lo hacemos difícil».

 

Prácticas violentas

 

Mujeres violentadas

Haga clic en la imagen para ampliarla
Infografía: Énder Pérez
 
Entre las acciones violentas detectadas en la Endireh 2016 se ubica el maltrato verbal —que incluye ofensas, gritos y regaños—, desinformación sobre su proceso de parto y las condiciones del bebé, retraso en la atención porque gritaba o se quejaba y la realización de procedimientos sin autorización ni consentimiento. La situación de Venezuela no es muy diferente con respecto a las acciones violentas sobre las mujeres.

 

En el estudio Conductas de rutina en la atención al parto constitutivas de violencia obstétrica —realizado en 2015 en el Servicio de Obstetricia del Hospital Central de Maracay—, se evaluaron 4 conductas consideradas como violencia obstétrica: aplicación sin consentimiento de fármacos para estimular las contracciones, realización de episiotomía, que consiste en una incisión quirúrgica en el perineo femenino; solicitud de estimulación de pezones y exploración rutinaria del útero luego del parto. En todos los casos, más del 70 % de las mujeres consultadas aseguró haber sido sometida a algunos de estos procedimientos sin petición de consentimiento.

 

En la investigación —encabezada por Marbella Camacaro, profesora de la Universidad de Carabobo y directora general de la Unidad de Investigación y Estudios de Género Bellacarla Jirón Camacaro— se exponen las conductas de rutina en el hospital en contraposición con lo establecido en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre las complicaciones del embarazo y los cuidados del parto. Es precisamente la estandarización de rutinas «seguras» para el proceso de parto desde el punto de médico, lo que, según el documento, evita el tratamiento particularizado en la atención de las parturientas. 

 

«Las conductas de rutina seguidas por consenso suponen hacer de la atención del parto un proceso más seguro para el equipo de salud. En las salas obstétricas prevalece el desconcierto y la incertidumbre, bajo estos signos labora el personal de dichas áreas, por ello, la rutina de trabajo les da la sensación de seguridad frente al acecho de la emergencia y la patología», explica el artículo.

 

Al respecto, Araujo asevera que las prácticas de rutina aplicadas durante el parto de forma «sistemática, mecanicista y medicalizada» derivan en situaciones de violencia para las mujeres, por lo que «el abuso que se ejerce sobre las mujeres en las salas de maternidad es un problema de salud pública y de derechos humanos». En sintonía con lo expuesto en el estudio encabezado por Camacaro, agrega que el trabajo de parto es un proceso natural, propio de la fisiología de las mujeres, de manera que en las salas de obstetricia «muchas veces se acelera el trabajo de parto, no para la comodidad de la paciente sino del médico. Cuando el médico hace una episiotomía o una cesárea no es en beneficio de la paciente sino de él, porque medicaliza el trabajo de parto para que sea más rápido».

 

Además de los aspectos físicos, en la violencia también opera lo psicológico. «En las comunidades indígenas venezolanas el trabajo de parto comúnmente lo hacen las hijas con las madres o las abuelas, que son quienes las acompañan durante todo el proceso. Eso las ayuda mucho porque les da confianza, se sienten protegidas por sus familiares. En cambio, es posible imaginar estar sola, en la sala de preparto de un hospital, con desconocidos, con miedo de lo que le pueda pasar durante el parto y tiene gente que no le da información de lo que te está sucediendo. Todo eso aumenta el temor y se convierte en violencia obstétrica, y esa es una práctica muy común en nuestro país», afirma Villalobos.

 

Para explicar el suplicio de las mujeres en lo que debería ser un momento de felicidad, Araujo hace una analogía entre la tortura y la violencia obstétrica: «Al torturado se le aísla en una prisión, se priva de la comunicación con el mundo exterior y se le encadena o amarra. Una parturienta es aislada del contacto con sus familiares, está en una sala fría rodeada de personas extrañas que generalmente le dan órdenes o la regañan, sus brazos y piernas se fijan a una mesa de cirugía. Al torturado se le priva de alimento y agua, y se somete a interrogatorio sobre la luz intensa. A las mujeres prontas a parir se les deja en ayuno y se interroga su cuerpo bajo la luz del reflector de cirugía».

 

Desconocimiento en contra

 

Entre los resultados de la encuesta realizada por Araujo en 2017 se encontró que el 75 % conoce la existencia de una ley que protege a las mujeres en contra de los actos de violencia, pero apenas el 35,7 % pudo identificarla por su nombre, lo que permite dar cuenta del desconocimiento que pesa sobre la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En el mismo estudio, el 96,6 % también expresó su desconocimiento con respecto a los mecanismos y los órganos receptores de denuncias con los que cuentan víctimas.

 

Villalobos asegura que las pacientes obstétricas «no saben qué es violencia obstétrica y mucha gente del personal de salud tampoco lo sabe por desconocimiento de la ley». Explica que las acciones que ejerce el personal de salud sobre las mujeres «no son conductas deliberadas, pero muchas veces sí son aprendidas y a ese personal no se les ha dado la enseñanza necesaria para que tengan conciencia de lo que están haciendo».

 

En referencia al rol de la mujer en el proceso de atención del parto, Araujo afirma que las prácticas de violencia obstétrica están «tan naturalizadas entre las mujeres que ignoran la existencia de derechos que están siendo vulnerados. La mujer no exige porque piensa que el gineco-obstetra es el todopoderoso y que está subordinada a él». A su juicio, la violencia obstétrica es producto «de un entramado multifactorial donde confluyen la violencia institucional y la violencia de género. Es la deshumanización de la medicina gineco-obstétrica, la deshumanización del sistema de salud».





Última actualización ( 16-03-2018 a las 13:50:58 )
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