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Datos abiertos: Beneficios para los ciudadanos, riesgos para el poder PDF Imprimir Correo
16-03-2018 a las 00:00:00

Según el Índice de Transparencia en las Alcaldías 2017, realizado por Transparencia Venezuela, solo 34 % de las 150 alcaldías evaluadas en el país ofrecen información actualizada sobre su gestión y únicamente 16 tienen algunos datos abiertos sin restricciones

 

Laura Nieto Carrillo

 

La información es poder. La democratización de los datos de interés público ofrece múltiples posibilidades para que los ciudadanos no solo auditen y realicen contralorías sobre asuntos relacionados a la labor administrativa de los Estados, sino también para que transformen su realidad e ingenien nuevos mecanismos que respondan a sus propias necesidades. Proporcionar a los individuos datos abiertos supone para los gobiernos del mundo un desafío, pero también una oportunidad para garantizar e incentivar el desarrollo nacional. No obstante, en Venezuela el acceso oportuno y veraz a documentos y cifras oficiales es restringido, limitado, deficiente y escasamente demandado.

 

Disponibilidad de datos abiertos    
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Imagen: Énder Pérez
 
   
Pese a que, en 2005, diecisiete países se suscribieron a la Carta Internacional de Datos Abiertos —firmada en la Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto en México—, no fue sino hasta el año 2014 que el Centro Nacional de Tecnologías de Información —ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología— incentivó, basado en el marco legal de la Ley de Infogobierno, que las instituciones del Estado venezolano dispongan sus bases de datos en beneficio de los ciudadanos.

 

Sin embargo, Franklin Sandoval, profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y especialista en el tema de datos abiertos, asegura que los esfuerzos y el compromiso del gobierno bolivariano no han sido suficientes. «Ninguno de los proyectos a nivel de cobertura de grandes volúmenes de datos en Venezuela están funcionando. Hay un grupo de gente que requiere la publicación de los datos, pero hay otro que realmente no lo permite. Se necesita un compromiso de la alta gerencia; empezando por la presidencia», comenta.

 

El último reporte global publicado en 2016 por la World Wide Web Foundation, en colaboración con Open Data Barometer, calificó al país con 12 de 100 puntos en promedio con base en la existencia, disponibilidad, capacidad de descarga, reutilización y distribución de información relacionada a asuntos de administración pública, registro de compañías y comercio internacional, estadísticas criminales, condiciones ambientales y resultados electorales. Con tan baja calificación, el resultado nacional es que solo el Estado conserva y tiene acceso a los datos.

 

Para Katherine Pennacchio, especialista en periodismo de investigación y datos abiertos, la timidez del Gobierno nacional sobre este tema es deliberada y conveniente. «En Venezuela no hay ningún tipo de política de datos abiertos ni interés en este tema porque no hay transparencia en cuanto al gobierno con sus ciudadanos. No les conviene», resalta.

 

Derecho a la deriva

 

Al Estado y sus funcionarios les corresponde dar razón sobre asuntos de la gestión pública que generen un impacto en el día a día de los ciudadanos, siempre con base en los principios de «celeridad, honestidad, transparencia y rendición de cuentas», manifestados en la Constitución.

 

Según el Índice de Transparencia en las Alcaldías 2017, realizado por Transparencia Venezuela para determinar el nivel de opacidad en cada uno de los procesos administrativos de los gobiernos regionales —en función a su compromiso con la lucha contra la corrupción, el acceso a la información y la participación ciudadana—, solo 17 % de la información de los procesos evaluados está disponible al ciudadano; 7 % es difundida o publicada en sus portales web, redes sociales o carteleras institucionales; 66 % de las 150 alcaldías evaluadas no ofrece información actualizada; 76 % de la información no es de fácil acceso y únicamente 16 alcaldías tienen algunos datos abiertos sin restricciones, entregados en formato editable.

 

Datos abiertos    
Los datos abiertos son datos digitales de interés público puestos a disposición de la sociedad para que puedan ser usados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona, en cualquier momento y en cualquier lugar; permitiendo que ciudadanos, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil tomen mejores decisiones, realicen contralorías y auditorías a la administración pública, optimicen servicios y emprendan nuevos proyectos que contribuyan al desarrollo nacional  
En 2013, el gobierno del presidente Nicolás Maduro impulsó la creación de la Ley de Infogobierno, la cual tiene como propósito establecer principios y lineamientos para el uso óptimo de las tecnologías de la información y la comunicación. Esto con el objetivo de «mejorar la gestión pública y los servicios que se prestan a las personas», impulsando el establecimiento de relaciones transparentes entre el Poder Público y los ciudadanos, a través de la garantía del acceso y apropiación de las personas a los datos generados por la administración pública para su beneficio social.

 

También en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria N.° 36.860 del 30 de diciembre de 1999, se establece, en los artículos N.º 51, 132, 141 y 143, el derecho de las personas a dirigir peticiones ante cualquier autoridad o funcionario público para obtener información sobre aspectos que sean de la competencia de éstos, y a obtener oportuna y adecuada respuesta; así como a participar en la vida pública, contar con una Administración Pública que le informe veraz y oportunamente sobre las gestiones y procedimiento de su interés; y, finalmente, a acceder a los archivos y registros administrativos, «sin perjuicio de los límites aceptables dentro de una sociedad democrática».

 

Por otra parte, la Ley Orgánica de la Administración Pública contempla en sus artículos N.º 155 y 158 que «toda persona tiene derecho a acceder a los registros y archivos administrativos» y que, por lo tanto, les corresponde a las instituciones estatales la publicación periódica de los documentos que se procesan en sus despachos.

 

El problema, manifiesta Franklin Sandoval, profesor de la UCV, es que «hay una cantidad de artículos que no se están cumpliendo», ya que «quien decide qué es público y qué es privado, y quien determina qué es de importancia para la seguridad nacional, son realmente los mismos entes del Estado».

 

En ese sentido, la periodista Katherine Pennacchio sostiene que el principal problema que debe enfrentar el país es la ausencia de una ley exclusiva de acceso a la información pública o una ley de transparencia que defina un marco legal en el que realmente se ampare el derecho de los ciudadanos a solicitar los datos que posee el Estado y que determine, a su vez, las sanciones administrativas a su violación.

 

«Como tampoco está especificada algún tipo de sanción, no se tiene claridad sobre eso y no se puede exigir a los entes públicos que cumplan. En la Ley de Acceso de Información ayudaría, por ejemplo, a que se establezca cuántos días puede un funcionario tardarse en responder un correo o qué tipo de sanción administrativa se le puede aplicar si no contesta una solicitud. Si no hay esto, nadie se verá obligado a hacerlo», señala.

 

Escenario para la corrupción

 

Pennacchio afirma que la poca iniciativa y el bajo interés del Gobierno nacional en los datos abiertos se deben a que «al gobierno no le interesa que sus ciudadanos estén informados», pues este vacío informativo «beneficia que pueda seguir incentivando la corrupción al no dar datos claros».

 

Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2017, publicado por la organización no gubernamental Transparencia Internacional, Venezuela obtuvo 18 de 100 puntos en cuanto a la percepción de los ciudadanos sobre el abuso de poder en el sector público, posicionándose en el puesto 169 en el mundo y como el más corrupto de Latinoamérica, donde los promedios generales son de 43 y 44 puntos. Esta realidad, concuerda Sandoval, explica el retraso del país en materia de acceso a información de interés social.

 

Además, el profesor de la Facultad de Ciencias de la UCV reitera la necesidad de considerar que, para el gobierno, dejar datos abiertos y dar información a la población podría perjudicarlo más que beneficiarlo. «Sin embargo, ‘el que no la debe no la teme’ y eso es algo que las autoridades del país deben demostrar».

 

Pérdida invaluable para los ciudadanos

 

No obstante, Sandoval también sostiene que sería un error del Estado ver el tema de los datos abiertos como una simple cacería de corrupción. «Nos estamos perdiendo la oportunidad de plantear nuevos servicios y optimizar los que ya existen. Hay una cantidad de aplicaciones que serían de provecho para una colectividad como la venezolana, que tanto añora servicios que funcionen».

 

    El periodismo saca ventaja
  Ante el descuido del Estado sobre la obligación de disponer datos abiertos para el uso de los ciudadanos, El Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) y la organización Transparencia Venezuela crearon el 30 de abril de 2017 Vendata, un portal web que recoge y pone a disposición de los ciudadanos, en formato abierto y reutilizable, las gacetas oficiales venezolanas de los últimos 10 años, así como las memorias y cuentas de ministerios y organismos públicos de los últimos cinco años. Esto con el propósito de contribuir a la lucha contra la opacidad administrativa, promover el desarrollo de un Gobierno Abierto e incentivar la participación ciudadana en asuntos de la gestión pública
La incorporación de políticas de datos abiertos ha generado importantes beneficios a los ciudadanos del mundo. Países como Reino Unido, Canadá, Francia, Estados Unidos y Corea del Sur registran destacables avances hacia la implementación de «Gobiernos abiertos» y ofrecen ya una muestra tangible y veraz del poder de la información al alcance de los ciudadanos.

 

Desde el conocimiento público sobre temas básicos como el horario de atención en las farmacias o a qué hora exactamente va a llegar el próximo vehículo en una parada del transporte público, el acceso a la base de datos estatal ha permitido que, internacionalmente, gobierno y sociedad trabajen conjuntamente para mejorar los servicios y producir mayor bienestar a las comunidades.

 

«Los datos abiertos son una necesidad que la colectividad está reclamando; pero vivimos en un Estado que realmente ha sido muy duro con respecto a este tema aun cuando sabe que no puede ser el único que controla todo; de una u otra manera, tiene que tener auditores. Los datos abiertos además de ofrecer claras ventajas mediante la reutilización de los datos públicos, incrementan la transparencia y rendición de cuentas de los gobiernos con la sociedad», indica.

 

En efecto, para Katherine Pennacchio, la principal ventaja que están desaprovechando los venezolanos es la de su capacidad de hacer contraloría a partir de los datos abiertos. «Se necesita que la información esté pública para poder decir si se están utilizando los recursos adecuadamente. Tenemos 2 años sin que nos den las memorias y cuentas de ningún ministerio. Lo único que se publicó hace poco fue lo del Poder Ciudadano y nadie se dio cuenta», alerta.

 

Para los especialistas, la desinformación sobre este tema por parte de la población crea espacios propicios para incentivar la opacidad gubernamental y el desvío de capitales a proyectos e intereses ajenos a las funciones propias de la administración pública. «Nos perdemos el derecho a hacer contraloría social y a exigir. No estamos acostumbrados a exigir a nuestros funcionarios y darnos cuenta de lo que están haciendo. Ellos trabajan para nosotros y es su obligación».

 

Partir por educar sobre la importancia de los movimientos e iniciativas a favor del acceso a la información de interés social, así como difundir los logros que ya se han obtenido en esta materia es fundamental, expone el especialista Franklin Sandoval. «Si bien estamos entrando muy, pero muy tarde a la fiesta de los datos abiertos, lo bueno es que muchos países ya han recogido experiencias y las aplicaciones están; solo hay que saber aprovecharlas. Al gobierno se le han hecho muchas recomendaciones, pero no han sido tomadas en cuenta», revela.

 





Última actualización ( 16-03-2018 a las 13:41:04 )
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