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Obstaculización de la ayuda humanitaria: ¿crimen deliberado? PDF Imprimir Correo
02-02-2018 a las 12:54:20

Mientras la crisis por la falta de alimentos y medicamentos no mengua, la política del Gobierno sigue siendo negar la emergencia humanitaria y obstaculizar el trabajo de las organizaciones no gubernamentales 

 

Luis Gerardo Petit

Foto: Cortesia Reuters

 

La obstaculización de la ayuda humanitaria trae consigo el sufrimiento prolongado y la muerte de muchas personas. Cuando de manera deliberada, los Estados no realizan todos los esfuerzos necesarios para evitar muertes y daños irreparables a la salud, sus autoridades son directa e individualmente responsable de los daños causados. De acuerdo con el Principio de Cooperación Internacional que ha establecido la Organización de las Naciones Unidas, los Estados —por razones de solidaridad— están obligados a ofrecer y aceptar la ayuda humanitaria para preservar el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades fundamentales del hombre. 

 

Venezuela —hundida en una severa crisis económica, política y social— se encuentra en una emergencia humanitaria compleja, explica Feliciano Reyna, presidente de la organización Acción Solidaria y de Civiles Derechos Humanos. 75% de los hospitales públicos no pueden prestar atención mínima adecuada por falta de medicinas e insumos; más de 4 millones de pacientes con enfermedades crónicas no tienen acceso a medicamentos; 9,6 millones de personas solo comen 2 o menos veces al día, y, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), cada vez más niños sufren desnutrición como consecuencia de la escasez de alimentos. 

 

De acuerdo con el informe Panorama humanitario: un análisis de las crisis en 2018, elaborado por Acaps —un proveedor de información independiente especializado en el análisis humanitario—, Venezuela se ubica entre los 17 países que requieren asistencia de la comunidad internacional para evitar pérdidas humanas en el 2018; sin embargo, recientemente, el presidente Nicolás Maduro desestimó la ayuda prestada por la Cámara de Representantes de Estados Unidos. «Venezuela es un país pujante, trabajador. No es un país de mendigos como han pretendido algunos con aquello de la ayuda humanitaria», aseveró.

 

Petición masiva

 

«Cada día que pasa sin que se implemente una respuesta humanitaria con cooperación internacional de amplio alcance, aumentan los daños irreparables y la pérdida de vidas en el país», así lo denuncia Feliciano Reyna, tras la resistencia del Gobierno de aceptar la ayuda humanitaria. A su juicio, el Estado debe ejecutar la llegada de la ayuda humanitaria con carácter de urgencia. «No hay posibilidad de prevenir muertes y daños irreparables con tan solo los recursos del Estado, por eso es urgente, es necesario e importante que se abra la posibilidad de recibir la cooperación internacional», indica el activista de derechos humanos.

 

Para que la ayuda humanitaria pueda concretarse, se requiere de 2 factores claves: la voluntad de un organismo internacional o Estado de prestar la asistencia, y que el Estado beneficiado tenga la disposición de recibir los donativos. Todos los síntomas de la crisis venezolana han sido reconocidos por los Estados vecinos y organizaciones internacionales; sin embargo, el gobierno insiste en rechazar la cooperación internacional para atender la emergencia de alimentación y salud.

«El Estado venezolano debe aceptar la cooperación internacional humanitaria que le fue ofrecida para evitar más daños irreparables y pérdida de vidas, particularmente en niños y adolescentes, embarazadas, personas mayores y con condiciones de salud crónicas, indígenas y personas privadas de libertad». Esa fue la petición de 170 organizaciones de la sociedad civil ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 16 de marzo de 2017.  

 

Sin trato preferencial

 

Sin capacidad gubernamental
El Estado se ha quedado sin la capacidad para atender las necesidades básicas de la población. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos alertó que, debido a la «grave escasez de alimentos, medicamentos e insumos médicos, millones de venezolanos no pueden alimentar adecuadamente a sus familias ni acceder a la atención médica más básica».
Aunado a la resistencia de aceptar la cooperación humanitaria internacional, el Gobierno se ha convertido en el mayor tropiezo de las organizaciones no gubernamentales al momento de prestar la ayuda humanitaria en las comunidades y centros de salud más desasistidos. Cáritas Venezuela denunció a finales del 2016 que el Servicio Nacional de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) declaró el abandono fiscal de un cargamento de medicinas recolectado en Chile, y que llegó a puertos venezolanos en agosto de 2016. El cargamento no fue entregado a la organización porque, según las autoridades, no cumplía con los requerimientos para acceder al país. Pese a la insistencia, en octubre de ese año, el Gobierno se apoderó de los medicamentos y, posteriormente, fueron entregados al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales

 

Susana Raffalli, nutricionista especializada en gestión alimentaria, en emergencias humanitarias y riesgo de desastres, asegura que las organizaciones humanitarias en Venezuela no tienen un trato preferencial para adquirir insumos o manejar divisas. «Nos estamos quedando sin inventario y sin moneda para continuar». Agrega que es necesario, como una política de Estado, que se flexibilice «un poquito» y que se levante el control cambiario para la adquisición de insumos. «Lo que necesitamos es que nos permitan importar lo que sea necesario, lo que no se tiene disponible en los próximos 3 meses para salvar una vida: medicamentos básicos, suplementos nutricionales y leche terapéutica para los niños desnutridos». 

 

Atención inmediata 

 

Para salvar vidas y atender de manera inmediata las necesidades de salud y nutrición que afectan a los sectores más vulnerables de la población venezolana, la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y a la Vida (Codevida) propone al Estado la utilización de los fondos de emergencia de la Organización Panamericana de la Salud para la adquisición de medicinas, vacunas e insumos para el tratamiento y diagnóstico de un amplio número de enfermedades; así como la adquisición necesaria del Botiquín Médico Interinstitucional de Emergencia que permite atender a 10 mil personas durante 3 meses. 

 

Asimismo, las organizaciones no gubernamentales proponen la intermediación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia como una vía para la recepción y distribución de insumos nutricionales y terapéuticos dirigidos al tratamiento de la desnutrición global aguda, severa o moderada, no contenidos en el Botiquín Médico Interinstitucional de Emergencia.

 

Raffalli recomienda buscar el apoyo en las organizaciones que ya tienen presencia en las zonas afectadas para brindar una plataforma de distribución relevante y pertinente. «Ya esas organizaciones han hecho trabajo asistencial y gozan de la confianza de la población. Ese podría ser un punto de partida en coordinación con los actores del Estado, porque sin el Estado no vamos a poder hacer una acción humanitaria relevante».  

 

La creación de un grupo tripartito es otra de las recomendaciones de la integrante de Cáritas Venezuela. A su juicio, es necesario que el Estado, la sociedad civil y las agencias de las Naciones Unidas unan esfuerzos para enfrentar la emergencia humanitaria. «Somos actores humanitarios todos, y yo sé lo que puede significar eso. Desde Cáritas Venezuela, vemos la acción humanitaria como algo tan integral que debería, a este nivel del daño y de la gravedad de lo que está pasando, involucrar a múltiples actores, incluyendo al Estado», asegura Raffallí.

Los mecanismos de cooperación propuestos por Codevidase enmarcan en la «responsabilidad del Estado venezolano con hacer uso del máximo de los recursos disponibles para cumplir con su obligación de proteger la vida y la salud de toda la población, incluyendo los que ofrece la cooperación internacional, conforme al derecho internacional de los derechos humanos y tratados suscritos», expone la coalición en un comunicado publicado el 5 de diciembre de 2017.





Última actualización ( 02-02-2018 a las 13:59:09 )
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