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¿Ejecuciones extrajudiciales autorizadas? PDF Imprimir Correo
25-01-2018 a las 13:01:40

Entre enero de 2015 y julio de 2017, 8.291 personas fueron asesinadas por agentes militares y policiales en todo el territorio nacional 

 

 Luis Gerardo Petit 

 

¿Ejecuciones extrajudiciales autorizadas?

Foto: Archivo
 
«El Gobierno ha abandonado todo vestigio de pudor y, ante la mirada nacional e internacional, asesina y viola derechos humanos de sus opositores políticos y de la población en general». De esa manera, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) ha denunciado que, desde el 2003, agentes policiales y militares del Estado han ejecutado 10 masacres en labores de seguridad ciudadana.

 

El derecho a no ser arbitrariamente privado de la vida es fundacional y universalmente reconocido. Es calificado como el derecho supremo. La Constitución de la República vigente prescribe que es inviolable, y que ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla.

 

El operativo ejecutado el pasado 15 de enero de 2018 en el sector El Junquito, ubicado en el oeste de Caracas, es la «consecuencia directa de la institucionalización del uso excesivo de la fuerza y de las ejecuciones extrajudiciales en el marco de la actuación policial y militar en labores de seguridad ciudadana», denuncia la organización no gubernamental. La fuerza empleada dejó como resultado —según el balance ofrecido por Néstor Reverol, ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz— 9 personas fallecidas, entre ellas, 2 agentes policiales, un miembro de un colectivo progobierno, y 6 integrantes del grupo armado

 

Provea advierte que las masacres ejecutadas en el país desde el 2003 tenían una característica común: habían sido realizadas en el contexto de operativos de seguridad ciudadana de combate al delito. Ninguna, hasta la fecha, estaba relacionada con procedimientos de enfrentamiento a la difidencia política o control de manifestaciones públicas. «La Masacre de El Junquito inaugura al proyecto bolivariano y a la dictadura de Nicolás Maduro en este campo, y lo pone a la par de los represores del pasado venezolano y latinoamericano», denuncia Provea en el informe Venezuela: 15 años, 10 masacres, 177 asesinados. 

 

¿Institucionalización de las ejecuciones? 

 

Las limitaciones al derecho a la vida, de acuerdo con el derecho internacional, no pueden justificarse en que son necesarias para tratar de afirmar la autoridad del Estado, proteger la propiedad o imponer valores morales o religiosos. Los Estados están llamados a prevenir acciones que produzcan violaciones al derecho a la vida.

 

El Relator Especial de Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias —en su informe A/71/372 de fecha 2 de septiembre de 2016— expuso que los Estados deben respetar el derecho a la vida, al asegurar que sus órganos y agentes no priven a ninguna persona de la vida arbitrariamente. «Como regla general, la privación de la vida no puede justificarse más que sobre la base de que sea necesaria para salvar vidas. Este es un requisito mínimo y se aplica en particular a la privación intencional de la vida», se señala en el documento. 

 

Se entiende como ejecución extrajudicial aquellas que son llevadas a cabo fuera del sistema legal de un Estado. Al respecto, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, en su informe A/66/330 de fecha 30 de agosto de 2011, sostiene que puede determinarse la ilegalidad de dichas operaciones si se descarta la posibilidad de ofrecer o aceptar la oportunidad de rendirse. Asimismo, establece que deben investigarse «todos los casos en que se haya utilizado la fuerza letal mediante un proceso eficaz y, cuando proceda, aquellos que han violado el derecho a la vida deberían rendir cuentas».

 

Entre enero de 2015 y julio de 2017, 8 mil 291 personas fueron asesinadas por agentes de la fuerza pública en Venezuela, según la data presentada por Luisa Ortega Díaz, fiscal destituida por la Asamblea Nacional Constituyente, ante la Corte Penal Internacional (CPI) en noviembre del año pasado, cuando asistió para interponer una denuncia contra el presidente de la República y altos funcionarios de la Fuerza Armada Nacional por su presunta comisión de delitos de lesa humanidad. 

 

La cifra de personas asesinadas por funcionarios militares y policiales en el 2016 ascendió a 4 mil 667 con respecto al 2015, año en el que el Ministerio Público registró 1.777 muertes. De acuerdo con Ortega Díaz, hasta junio de 2017, agentes de seguridad del Estado le quitaron la vida a unas 1.847 personas en el marco de «un plan que persigue el gobierno de limpieza social», aseveró ante la CPI.


 

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Infografía: Anthony García
 

Militarización de la seguridad ciudadana 

 

Desde julio de 2015 hasta abril de 2016, las fuerzas de seguridad del Estado —en el marco de la denomina Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP)— realizaron 135 operativos en todo el territorio nacional. La OLP fue el plan de seguridad número 25 implementado por el Gobierno venezolano con la intención de bajar los índices de delincuencia en el país. 

 

La decisión de militarizar la seguridad ciudadana es contraria a lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los estándares internacionales sobre uso progresivo y diferenciado de la fuerza y a la legislación nacional: Constitución de la República y a las regulaciones nacionales en materia de actuación policial.

 

Organizaciones civiles e inclusive la Corte Interamericana de Derechos Humanos han rechazado la participación de funcionarios militares en operativos de seguridad ciudadana y de control del orden público. «Los miembros de las Fuerzas Armadas no han sido capacitados para realizar labores de seguridad ciudadana. Al contrario, están entrenados físicamente y psicológicamente para la guerra y para el exterminio del otro al que perciben como “enemigo”», cuestiona Provea. 

 

La efectividad de la Operación de Liberación y Protección del Pueblo ha sido muy cuestionada. Organizaciones de derechos humanos han registrado casos significativos que ponen en evidencia violaciones graves a los derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias. 

 

De acuerdo con el informe Poder sin Límites, elaborado por Human Rights Watch y Provea, los cuerpos de seguridad del Estado perpetraron 20 ejecuciones extrajudiciales durante las redadas de la OLP en el 2015. En total, 245 personas murieron en los operativos realizados en las barriadas populares del país durante ese año. «El elevado número de personas que murieron a manos de las fuerzas de seguridad, por sí solo, genera dudas sobre si el uso de la fuerza letal por las fuerzas de seguridad estaba justificado, y en qué medida lo estaba», se reseña en el informe. 

 

Uso desproporcionado de la fuerza    
Para la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez) existen evidencias que apuntan al uso desproporcionado de la fuerza, y que se hayan cometido ejecuciones extrajudiciales durante la «Operación Gadeón», por tal motivo, considera que se debe seguir el Protocolo de Minnesota, modelo para la investigación legal de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias  
   
«La militarización de la seguridad ciudadana, amparada en la doctrina de seguridad nacional, conlleva graves riesgos para las garantías personales debido a que implica la ocupación militar del territorio nacional para la “defensa” contra un “enemigo interno” que resulta ser el propio ciudadano, indistintamente si se trata de campesinos, presuntos delincuentes, obreros, dirigentes políticos, activistas de derechos humanos o cualquier otro».

 

Según el Informe Anual del Ministerio Público de 2016, desde que se inició la OLP en julio de 2015 hasta diciembre de 2016, 512 personas fueron asesinadas por funcionarios policiales y militares. La mayoría de dichas muertes, según Luisa Ortega Díaz, se habrían producido bajo la figura de ejecuciones extrajudiciales que, posteriormente, fueron presentadas ante la opinión pública como muertes por enfrentamientos. 

 

En el Zulia, durante el 2015, la Operación para la Liberación y Protección del Pueblo fue ejecutada en cuatro oportunidades. Según el informe Situación general de los derechos humanos en el Zulia, elaborado por la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia en el 2016, 5 personas perdieron la vida en el operativo que se realizó en el sector Santa Rosa de Agua, ubicado en el noroeste de Maracaibo. 

 

También, desde la creación del Distrito Militar N° 1 en el 2010 hasta el 7 de julio de 2016, en los municipios Guajira, Mara y Almirante Padilla, el Comité de Derechos Humanos de La Guajira registró 22 muertes a manos de efectivos militares, 45 heridos, 19 víctimas de tortura, 1 desaparecido y cientos de casos de detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales. 

 

Terrorismo de Estado

 

Lo acontecido en el sector El Junquito de Caracas, según el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, «es un claro mensaje, en medio de la asunción del terrorismo de estado para aplacar el descontento social», a quienes expresen su rechazo al gobierno. 

 

En el informe Venezuela: 15 años, 10 masacres, 177 asesinados, Provea manifiesta que el gobierno venezolano ha asumido «abiertamente prácticas de terrorismo de Estado para infundir temor en la población e inhibirla de expresar su malestar ante la grave situación que vive el país». La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que el concepto de seguridad ciudadana, desde una visión democrática y respetuosa de los derechos humanos, «es la superación de la visión autoritaria y militarista que marcó la actuación de buena parte de los Estados latinoamericanos durante el siglo pasado, y cuya actuación —durante mucho tiempo— estuvo amparada por la doctrina de seguridad nacional». 

 

La falta de un Estado de Derecho, según la organización no gubernamental, ha allanado el camino para que el gobierno la aplique más fuerza para someter al pueblo a condiciones dramáticas de subsistencia. «Allanamientos ilegales, detenciones masivas y arbitrarias, desapariciones forzadas temporales de detenidos, aplicación de justicia militar, uso excesivo de la fuerza en la gestión de manifestaciones, entre otras prácticas, forman parte del repertorio represivo de la dictadura en materia de seguridad ciudadana y control del orden público».

 





Última actualización ( 26-01-2018 a las 07:46:58 )
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