Agencia de noticias de la Universidad del Zulia
Correo LUZMapa del sitio
Bookmark and Share
Error médico: ¿Responsabilidad profesional o falla del Estado? PDF Imprimir Correo
23-11-2017 a las 12:59:26

Frente a la ausencia de políticas públicas eficientes por parte del Gobierno Nacional, el gremio de profesionales y empleados del sector salud han emprendido estrategias para reducir la cantidad de efectos adversos en los pacientes


Laura Nieto Carrillo

 

Error médico: ¿Responsabilidad profesional o falla del Estado?

Infografía: Anthony García
 
Nadie está exento de convertirse en víctima de un error médico. Ante la inmediatez que requiere salvar una vida en la sala de emergencias, la presión y los códigos deontológicos ponen a prueba a los profesionales de la salud en todo el mundo. Según un comunicado emitido en el 2004 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año decenas de millones de pacientes son afectados con lesiones discapacitantes o fallecen como consecuencia directa de prácticas médicas peligrosas que pudieron ser evitadas con el seguimiento de un protocolo de atención adecuado.

 

En Venezuela, los lineamientos que rigen la conducta de los profesionales de la salud y las consecuencias de la transgresión de la labor asistencial se encuentran elementalmente establecidas en las normas disciplinarias del Código de Deontología Médica y la Ley del Ejercicio de la Medicina, y en el Código Penal. No obstante, el riesgo de sufrir un nuevo padecimiento —producto de un error médico— aumenta.

 

Pese a que en el pasado estas situaciones se relacionaban principalmente con el ejercicio inadecuado de la profesión en intervenciones estéticas, en febrero de 2017, Marisol Zakaría, fiscal nacional con competencia plena 59º, declaró que, tan solo en el período 2016-2017, el Ministerio Público ha recibido 89 denuncias por fallecimientos y 118 por lesiones por la incorrecta práctica médica en todo el país, destacándose el alarmante incremento de casos de muerte de parturientas y neonatos impulsado por la precariedad del sistema de salud nacional al que deben enfrentarse día a día los profesionales.

 

Sin embargo, según el informe anual Somos Noticia 2016, publicado por la organización no gubernamental Centro Comunitario de Aprendizaje, la incidencia es mayor si se consideran los casos de violencia relacionados a fallas en el sistema de salud nacional social que se cometieron sobre niños, niñas y adolescentes. Dentro de los 4 mil 832 casos registrados durante 2017, 419 se vinculan a la situación hospitalaria; 231, a la insuficiencia de medicinas; 219, al fallecimiento por una infección intrahospitalaria; 80, a muerte por falta de fármacos; y 55, a negligencia médica.

 

Para Dora Colmenares, doctora con especialidad en Cirugía General y docente de la Universidad del Zulia (LUZ), culpabilizar a los profesionales de la salud por la alta tasa de eventos adversos en los pacientes no es adecuado en el contexto venezolano. «En estos momentos no se puede hablar de error médico porque los doctores que se encuentran en los hospitales tipo 4, como el Hospital Universitario, están en proceso de formación. Sin embargo, son héroes. Ellos son los que salvan a los pacientes. Son los que dan la cara para decirles a los familiares ‘No tenemos nada’», explica.

 

Las consideraciones internacionales sobre este tema determinan que la culpa médica encuentra su límite en condiciones insuperables para el médico: cuando los obstáculos institucionales doblegan el compromiso vocacional y deontológico de los profesionales de la salud, la responsabilidad recae directamente sobre la estructura asistencial promovida desde el Estado, que en el caso venezolano es responsable según los artículos 83, 84, 85 y 86 de la Constitución, donde se dispone la obligación de garantizar la salud como parte del derecho a la vida de todos los ciudadanos.

 

«Estamos en un callejón sin salida. Esto se escapa de nuestras manos. Son decisiones políticas. Lo que estamos viviendo es anómalo y se da en el peor momento. Finalmente, los que sufren son los pacientes y los profesionales. Nosotros ya no tenemos palabras que decirles a nuestros enfermos», sentencia Colmenares.

 

¿Negligencia o error médico?

 

El Código Penal venezolano estipula, en sus artículos 409 y 420, las directrices sobre las que debe ser valorada, enjuiciada y sentenciada la responsabilidad penal de los médicos, en sus funciones públicas y privadas, ante situaciones que resulten en afecciones a la salud de los pacientes por imprudencia, negligencia o impericia en el ejercicio de su profesión.

 

Por ello, Colmenares asegura que la culpabilidad sobre un error médico debería depender de la naturaleza del acto; proceso que, en el contexto venezolano, resulta complicado. «Hay que analizar cada caso, pero hay que hacerlo siendo honestos y no penalizando a los que estamos en la parte de salud, porque nosotros estamos desarmados».

 

En las emergencias y pabellones de los centros de salud, son cientos los profesionales y empleados de este sector los que deben enfrentarse al dilema moral y ético de intervenir a un paciente aún exponiéndolo —y exponiéndose— a otros riesgos. Recientemente, la presidenta del Colegio de Profesionales de la Enfermería del Distrito Capital, Ana Rosario Contreras, condenó la carencia de insumos de higiene como cloro, guantes, jabón y soluciones antisépticas; así como la reutilización de jeringas para la administración de dosis a los enfermos, medida que puede ocasionar infecciones asociadas con bacterias para las que actualmente no hay antibióticos.

 

Alfonso Socorro, jefe de Cirugía del Hospital Dr. Manuel Noriega Trigo, en el municipio San Francisco del estado Zulia, sostiene que es insensato acusar a un médico cuando, al llegar a una emergencia, incluso sin los recursos básicos para seguir el protocolo adecuado de atención y prevención de enfermedades, es capaz de poner en riesgo su salud para tratar de preservar una vida. «No se cuida él ni su familia. El médico se encarama para tratar de atender un paciente aun cuando no lo conoce y se sabe de tantas enfermedades como la Hepatitis C o el HIV».

 

En consecuencia, los especialistas afirman que al enjuiciar la responsabilidad de un profesional de la salud no debe inducirse en la mente del público o del legislador sólo las consecuencias de una acción dolosa o culposa y que, por el contrario, es necesario que se considere también el «error honesto», pues no todos tienen la intención de hacer daño y, en ese sentido, no todos los casos deberían terminar desfavorablemente para el acusado.

 

Así lo expone Tulio Chiossone, jurista y penalista venezolano en su obra Temas procesales y penales, publicada en 1977, cuando expone que en «el ejercicio de la medicina se obra dentro de un ámbito permanente de riesgo, del cual no puede ser responsable el médico, porque él no lo crea, sino que se lo crea el deber de asistencia».

 

Tal consideración, que ampara a los profesionales ante las penas establecidas en el instrumento punitivo, se encuentra establecida en el artículo 61 del Código Penal, al especificar que «nadie puede ser castigado como reo de delito si no ha tenido la intención de realizar el hecho que le constituye, excepto cuando la ley se lo atribuya como consecuencia de su acción u omisión».

 

La capacidad de demostrar la ausencia de culpa y la responsabilidad del Estado por la deficiencia en políticas públicas eficientes orientadas a crear las ambientes seguros en clínicas y hospitales venezolanos podrían convertirse entonces en herramientas de defensa para quienes, más allá de las peligrosas implicaciones que conlleva trabajar en desfavorable circunstancias, deciden actuar por vocación y compromiso.

 

«Lo pregunto en muchas oportunidades a los fiscales cuando voy a un juicio por mala praxis: “¿Estás acusando a un médico que cuando llega a una emergencia, con guantes o sin guantes, con bata o sin mascarilla, atiende a pacientes heridos, en las condiciones en las que estén, para tratar de preservar su vida?”», comenta Socorro.


Pacientes en riesgo

 

Se calcula que 30 % de los pacientes que asisten a una institución médica nacional se ven afectados por su precario sistema de salud, según estudios de la Red Defendamos la Epidemiología. En efecto, tras la publicación de Boletín Epidemiológico N.º 52 del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) en 2016, se corroboró el aumento en la incidencia de al menos tres enfermedades infecciosas vinculadas con el estado higiénico de los centros hospitalarios y la falta de insumos que conlleva a la reutilización de, por ejemplo, jeringas y guantes.

 

Durante el 2016, se registraron 240.613 diagnósticos de malaria y 324, de sarampión —lo que representa un aumento de 76.4 % y 9.45 % respectivamente en relación con 2015—. Mientras que diagnósticos de difteria aumentaron de cero casos en el año anterior a 324 en el 2016.

 

«De 10 pacientes que entran en un hospital en estos momentos, 9 salen infectados; si es que salen. Eso en los adultos, porque en el caso de los niños es muchísimo peor», denuncia Dora Colmenares, especialista en Cirugía General y profesora de LUZ.

 

Así mismo, las consecuencias de una inoportuna atención, la demora en la realización de órdenes médicas, el incumplimiento de horarios, falla en la identificación de muestras y pacientes, fallas en la administración de documentos, procedimientos diagnósticos y cirugías canceladas, administración equivocada de hemoderivados y otros deslices en los procesos protocolares de atención por parte del personal médico —establecidos por la Organización Mundial para la Salud con el propósito de garantizar la seguridad del paciente— también pueden ser letales.

 

Alfonso Socorro indica que, aunque las cifras de fallecimientos por aplicación de la anestesia han disminuido, las tasas de mortalidad por complicaciones quirúrgica que se manejan en los centros de asistencia médica —aunque no son registradas por los organismos públicos— son bastante elevadas; además, la mitad de los casos que se denuncian están relacionados con la intervención quirúrgica y pudieron ser evitados. Tan solo en Maracaibo, once muertes fueron registradas en 2015 como consecuencia de complicaciones precoces de los traumatismos y complicaciones de la atención médica y quirúrgica, según el último Anuario de Epidemiología del Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo, publicado en ese año.

 

«La pregunta es qué se está haciendo para disminuir estas cifras», arroja Socorro.

 

En busca de la solución

 

Las recomendaciones para garantizar la seguridad del paciente y evitar errores médicos, realizas por la OMS y otros organismos internacionales, sostienen la importancia de elevar la calidad de los servicios, garantizar la seguridad en las instalaciones y establecimientos hospitalarios y atender a todo paciente en caso de urgencia calificada.

 

No obstante, frente a la ausencia de políticas públicas eficientes por parte del Gobierno Nacional, el gremio de profesionales y empleados del sector salud han emprendido estrategias que permitan elevar el nivel de los servicios. Para ello, explica Alfonso Socorro, es indispensable que desde las jefaturas de las distintas áreas hospitalarias se identifiquen y registren los índices de mortalidad y las complicaciones que se presentan; además deben ser evaluados aspectos como la relación médico-paciente y las capacidades o restricciones del equipo técnico y humano. «Los jefes deben reunirse, hacer equipo y velar por los pacientes», reitera.

 

Freddy Pachano, médico cirujano especialista en Cirugía Pediátrica y profesor de la Universidad del Zulia, expone que la gestión del reporte de eventos de seguridad es esencial cuando se habla de un programa de seguridad del paciente: «Lo más importante es identificar el evento, atenderlo y reportarlo, apoyar al paciente y a los familiares, analizar con detenimiento qué fue lo que sucedió y tomar los correctivos».

 

En ese sentido, el hermetismo con que son procesadas las denuncias manejadas por el Ministerio Público —ente competente para atender e investigar los casos presentados por prácticas médicas incorrectas u otra circunstancia que produzca una lesión, la muerte a un paciente, o el menoscabado sus derechos— dificulta también el éxito de las iniciativas. 

 

Para Alfonso Socorro, el organismo estadal debería suministrar datos que permitan a los especialistas de la salud determinar factores como los lugares y condiciones en los que acontecen mayor cantidad de efectos adversos. Sin embargo, esto no ocurre. «El Ministerio Público es el único que puede ayudarnos a cerrar hospitales, a cerrar quirófanos, a cerrar áreas que no estén aptas; pero no lo hacen por miedo».

 

Por su parte, Dora Colmenares manifiesta la necesidad de exigir la apertura de un canal humanitario. «Estamos en una situación de guerra. En estos momentos, lo importante es abrir el canal humanitario. Hay organizaciones a nivel mundial que ya están listas esperando que se dé la orden», reitera.

 

Del mismo modo, insiste en la necesidad de permanecer en las emergencias y seguir las pautas establecidas por el Colegio de Médico para el ejercicio de la profesión ante la crisis que afecta a todo el país.

 

«No hay que dejar desasistido a los pacientes porque siempre deben tener una respuesta. No hay que desmayar. No están dadas las condiciones, pero tenemos el recurso humano. Hay que recordar que los médicos venezolanos, formados en nuestras facultades de medicina, son codiciados internacionalmente y, además de eso, son héroes nuestros porque viven salvando vidas aun cuando tienen que trabajar con las uñas».

 

 

 





Última actualización ( 24-11-2017 a las 12:58:08 )
Me gusta


Archivo de noticias
Universidad
Academia
Comunidad
Economía
Salud
Ciencia y tecnología
Deporte
Cultura

Otras secciones
Entrevistas
Encuestas
LUZ Periódico
Especiales LUZ AdN
Boletines LUZ AdN
Informes de gestión
LUZ en los medios
Opinión

 

 


 

 

 

 

LUZ en los medios

 

Notas relacionadas
Conozca más de...

 

 

 

Especiales LUZ AdN

 


  Entrevistas en LUZ AdN

 


 

 

 

 LUZ Periódico

 


 

Teveluz

 

LUZ Web

 

LUZ Radio

^ Subir