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Por primera vez se denuncia la crisis universitaria en Venezuela ante la CIDH PDF Imprimir Correo
10-11-2017 a las 09:38:26

Los profesores David Gómez Gamboa de LUZ y Mayda Hocevar de ULA relataron casos de violación a la autonomía universitaria, discriminación política, criminalización de la protesta y sometimiento de universitarios a tribunales militares   


Nayarith Gutiérrez 

 

Por primera vez se denuncia la crisis universitaria en Venezuela ante la CIDH

Foto: Eloy Hernández
 
Como hecho inédito y trascendental, por primera vez se presentaron en una audiencia de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) los detalles y denuncias que sustentan la crisis universitaria y amenazan la libertad académica en Venezuela.

 

La oportunidad fue a propósito de una audiencia en el marco del 165.° período de sesiones de la CIDH, celebrada el 24 de octubre de 2017 en la ciudad de Montevideo, Uruguay, donde participaron, en representación de la sociedad civil venezolana, los profesores David Gómez Gamboa, director de la Comisión de Derechos Humanos de la Universidad del Zulia (LUZ) y de la organización no gubernamental Aula Abierta, y Mayda Hocevar, directora del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA).

 

La intervención se enfocó en 4 puntos importantes relacionados a la libertad académica: violación de la autonomía  universitaria,  criminalización de la protesta contra universitarios, sometimiento de universitarios a tribunales militares y discriminación política contra universitarios.

 

Según el profesor David Gómez Gamboa los temas que llamaron más la atención a los relatores de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos fueron el sometimiento de profesores y estudiantes a la justicia militar, en contravención de los estándares internacionales y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; las violaciones a la Autonomía Universitaria y el referido a la Discriminación por Motivos Políticos contra Universitarios en instituciones con corte ideológico muy vinculado al Gobierno nacional, como la Universidad Bolivariana (UBV) y la Universidad Nacional de la Fuerza Armada (Unefa).

 

«Amenazar la libertad académica es matar la democracia. Las dictaduras normalmente atacan la libertad de prensa y las universidades, porque no le gustan que los académicos difundan el pensamiento crítico, científico, porque su consigna es el pensamiento bajo amenaza», aseveró Gómez Gamboa.

 

David Gómez Gamboa    
David Gómez Gamboa, director de la Comisión de Derechos Humanos de la Universidad del Zulia.
Foto: Eloy Hernández
 
En ese sentido, el profesor David Gómez Gamboa reiteró que los miembros de la CIDH se mostraron sumamente preocupados por todo lo relatado en sesión sobre los derechos vinculados a la educación superior. 

 

Además, al día siguiente los profesores Mayda Hocevar y David Gómez Gamboa tuvieron la oportunidad de conversar con Zeid Ra'ad Al Hussein, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para plantearle algunos inquietudes sobre lo que viven las universidades venezolanas. 

 

El Estado venezolano tuvo su participación en la audiencia a cargo de Larry Devoe, su representante ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien basó su alocución sobre el derecho a la educación en Venezuela. El profesor David Gómez comentó que en plena audiencia los relatores de la CIDH les preguntaron al representante del Estado, de qué manera concebía la autonomía universitaria el Gobierno venezolano, en vista de los datos que ofreció la sociedad civil sobre casos de irrupciones a las universidades. También se le pidió al Estado venezolano permitir una visita al país de funcionarios de la CIDH para constatar la situación de las universidades.

 

Conquista de los Derechos Universitarios

 

Desde hace 2 años la Comisión de Derechos Humanos de la Universidad del Zulia, el Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ULA) vienen trabajando para conquistar los derechos a la libertad académica, a la educación superior y otros derechos vinculados a la actividad universitaria.

 

Los esfuerzos e investigaciones de estas organizaciones permitieron la elaboración del informe El pensamiento bajo amenaza: situación de la libertad académica y la autonomía universitaria, en el cual se analizan los ataques del Gobierno a las universidades con datos recopilados desde el año 2000.

 

El documento es el primer informe que recibe el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre libertad académica. Ese avance ocurrió en noviembre de 2016 para visibilizar el tema en la comunidad internacional.

 

El profesor David Gómez Gamboa dijo que a partir de enero 2017 se enfocaron en hacer visible el tema en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. En vista de la elaboración del informe, se solicitó audiencias a la Comisión Interamericana —en 3 ocasiones— para discutir la situación de la educación superior en Venezuela, los desafíos a la autonomía universitaria y las restricciones. Sin embargo, como la Comisión tenía mucho trabajo respondía negativamente.

 

«Curiosamente nos enteramos que para el periodo 165.° de audiencias que se realizarían en octubre, el Estado venezolano había solicitado una audiencia para hablar sobre el derecho a la educación. Por lo tanto, reiteramos e insistimos en nuestra solicitud ante la CIDH y nos permitieron participar en representación de la sociedad civil, de esa forma logramos que por primera vez se hablara de derechos humanos universitarios en una instancia tan importante», destacó el profesor Gómez Gamboa.

 

Amenaza a la libertad académica

 

En los últimos 17 años diversas acciones gubernamentales han contribuido en el deterioro de la libertad y la calidad académica. Algunas de ellas se centran en la creación de los Programas Nacionales de Formación (PNF) en educación superior para «cumplir con los objetivos del Plan Socialista (2007-2013)», la aprobación de la Ley Orgánica de Educación en 2009, «en la que se reconoce la autonomía, pero se condiciona al concebir el Estado docente en función del fortalecimiento del poder popular y la construcción de una sociedad socialista».

 

Por otra parte, se cuenta la suspensión reiterada de elecciones en las universidades públicas nacionales, con más de 40 sentencias intervencionistas en contra de competencias naturales que las universidades autónomas deben tener. Desde 2010 la reducción presupuestaria deja a las instituciones en situación de desequilibrio, con limitaciones muy graves para ejercer programas de investigación y generar los elementos básicos de la calidad educativa.

 

En 2013, el Gobierno nacional impuso la Convención Colectiva Única para el sector universitario sin la participación de los representantes legítimos. En 2014, se determinó que solo la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) sería la encargada de la asignación de cupos en instituciones públicas de educación superior, «y fue una acción tan errada que casi el 50 % de los asignados ni siquiera acude a inscribirse». La centralización de los trámites se intensificó en 2016, cuando se decretó el Sistema Centralizado y Estandarizado de Compras Públicas, y se asumió el control de los comedores universitarios.

 

En 2017, el CNU «pretende sustituir autoridades universitarias autónomas sin la participación de las respectivas comunidades universitarias y anuncia su subordinación ante la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente». Este último anuncio fue sostenido por el ministro Hugbel Roa el 26 de septiembre de 2017.

 

«Todas esas medidas reducen la majestad del concepto de educación superior en Venezuela, con un sesgo ideológico que propende a la construcción del socialismo, una educación sesgada es antidemocrática, porque no responde a un libre pensamiento sino a una ideología», explicó el profesor David Gómez Gamboa.

 

Criminalización de la protesta

 

Afirmó que entre las acciones denunciadas ante la CIDH destacan que entre abril y julio de 2017, 92 manifestaciones convocadas por la comunidad académica o que tuvieron su participación fueron reprimidas, principalmente por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en un 82%.

 

Se contabilizaron por lo menos 339 estudiantes detenidos arbitrariamente en el mismo período, siendo muchos de ellos presentados ante la justicia militar y privados de libertad. «Hemos recibido denuncias muy graves de universitarios detenidos (profesores y estudiantes) víctimas de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Ha sido frecuente la estigmatización como ‘golpistas’, ‘terroristas’ o ‘conspiradores”. Se denunció, además, el patrón de disparar a los ojos de jóvenes manifestantes en Mérida», informó el profesor.

 

David Gómez Gamboa y Mayda Hocevar, profesores de LUZ y ULA, respectivamente, en representación de la sociedad civil ante la CIDH, manifestaron que al menos 17 profesores han sido detenidos arbitrariamente en 2017 por diversos motivos: desde la publicación de ideas críticas en contra de las políticas del gobierno hasta la participación en protestas. De estos, 8 fueron presentados ante la justicia militar en contravención de la propia legislación venezolana y los estándares internacionales. 

 

Hicieron mención especial del caso del profesor Santiago Guevara, de la Universidad de Carabobo (UC), de avanzada edad, detenido por expresar opiniones críticas al gobierno nacional. Tiene más de 8 meses recluido en Dirección de Contra Inteligencia Militar, ha perdido casi 30 kilos de peso corporal y no ha recibido tratamiento médico adecuado ante su delicado estado de salud.

 

Discriminación por motivos políticos

 

Según el profesor y defensor de los Derechos Humanos, David Gómez Gamboa, otro de los temas que llamó fuertemente la atención de los relatores de la CIDH, fue el de la discriminación por motivos políticos contra universitarios, registrados incluso en universidades con ideología vinculada al Gobierno nacional.

 

Citó el caso de un estudiante en Mérida que por cambiar la transmisión de Venezolana de Televisión a otro canal, en un televisor situado en un espacio común, fue objeto de un procedimiento administrativo que lo llevó a la desincorporación de la Universidad. Otro estudiante en la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada, en su núcleo de Falcón, por hacer una crítica al funcionamiento del comedor de la institución y por pertenecer a un grupo político de la oposición fue sometido a un procedimiento arbitrario que lo llevó a salirse de la universidad.

 

La situación se ha incrementado en los últimos años. Entre junio y julio de 2016, 896 estudiantes fueron desincorporados temporalmente del programa de becas Jesús Enrique Lossada en el Zulia, en el marco del proceso de recolección de firmas para la activación del referéndum revocatorio contra el presidente Maduro en acciones de represalias ejercidas desde la Gobernación del Zulia, cuyo gobernador era aliado político del Gobierno nacional. En septiembre de 2017, se recibieron denuncias que desde esa Gobernación se coaccionaba a los estudiantes becados a suscribir planillas con el llamado 1x10 a favor de la candidatura de Francisco Arias Cárdenas, en el marco de las elecciones regionales de octubre 2017. Prácticas similares se repitieron en otros estados.





Última actualización ( 10-11-2017 a las 10:20:48 )
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