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Universitarios denunciaron deterioro de la libertad académica y la autonomía universitaria PDF Imprimir Correo
20-10-2017 a las 11:31:43

En el informe «El pensamiento bajo amenaza: situación de la libertad académica y la autonomía universitaria» se analizan los ataques del Gobierno a las universidades desde el año 2000

 

Yémily Berrueta

 

Universitarios denunciaron deterioro de la libertad académica y la autonomía universitaria

Foto: Eloy Hernández
La Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas (FCJP) de la Universidad del Zulia, junto a otras organizaciones defensoras de los derechos humanos y la libertad académica; presentó el informe El pensamiento bajo amenaza: situación de la libertad académica y la autonomía universitaria, el miércoles 18 de octubre de 2017 en el Salón Académico Leonardo Atencio Finol de la Sede Rectoral. 

 

El profesor David Gómez Gamboa, coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de la FCJP, fue el encargado de ofrecer los detalles sobre el informe elaborado en base a datos recopilados desde el año 2000. «Cuando hablamos de relación entre libertad académica y democracia, podemos decir que hay un patrón en las dictaduras que consiste en arremeter contra el pensamiento en dos sentidos: la libertad de prensa y la libertad académica».

 

Más de una década de agravios 

David Gómez Gamboa    
David Gómez Gamboa, coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de la FCJP.
Foto: Eloy Hernández
Cronológicamente, destacó diversas acciones gubernamentales que han contribuido en el deterioro de la libertad y calidad académica. Entre ellos, la creación de los Programas Nacionales de Formación (PNF) en educación superior para «cumplir con los objetivos del I Plan Socialista 2007-2013)», la aprobación de la Ley Orgánica de Educación en 2009, «en la que se reconoce la autonomía, pero se condiciona al concebir el estado docente “en función del fortalecimiento del poder popular y la construcción de una sociedad socialista”».

 

En 2013, el Gobierno nacional impuso la Convención Colectiva Única para el sector universitario sin la participación de los representantes legítimos. En 2014, se determinó que solo la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) sería la encargada de la asignación de cupos en instituciones públicas de educación superior, «y fue una acción tan errada que casi el 50 % de los asignados ni siquiera acude a inscribirse». La centralización en los trámites se intensificó en 2016, cuando se decretó el Sistema Centralizado y Estandarizado de Compras Públicas, y se asumió el control de los comedores universitarios.

 

En 2017, el CNU «pretende sustituir autoridades universitarias autónomas sin la participación de las respectivas comunidades universitarias y anuncia su subordinación ante la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente». Este último anuncio fue sostenido por el ministro Hugbel Roa el 26 de septiembre de 2017.

 

Represión a la orden del día

 

Gómez Gamboa detalló que existe un uso excesivo de la fuerza pública y criminalización de la protesta. Reiteró que se suman casi 20 profesores universitarios que en los últimos meses han sido objeto de procedimiento de detención, muchos de ellos bajo jurisdicción militar controlada por el Gobierno.  Añadió que, mediáticamente, se ha catalogado a los manifestantes u otro tipo de disidencia de «golpistas, terroristas y conspiradores» al momento de reclamar sus derechos constitucionales o al expresar opiniones profesionales. 

 

Calidad académica y autonomía en juego

 

    Coalición en defensa de la libertad académica
El informe estuvo elaborado por la Comisión de Derechos Humanos de la FCJP de LUZ, la cátedra de Periodismo y Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, seccional Guayana, el Centro de Derechos Humanos de la UCAB, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes y el Proyecto de Extensión sobre Visibilización y Educación en Derechos Humanos de la Facultad de Educación de la Universidad de Carabobo.
El profesor de la FCJP advirtió que son varios los factores que indicen en el deterioro de la calidad de la educación superior, como la inseguridad en los recintos universitarios, que obligó a limitar los horarios de permanencia; el sistema impuesto de asignación de cupos, que amplió la brecha de deserción; la negativa del CNU de autorizar nuevas ofertas académicas; el éxodo de docentes e investigadores; el control de divisas, que afecta las labores investigativas y la adquisición de nuevos equipos; y la reducción considerable del presupuesto universitario que se solicita.

 

En cuanto a la autonomía universitaria, el TSJ dictó, entre 2012 y 2015, 43 sentencias que afectan los procesos electorales de autoridades y representantes estudiantiles. Se desconocen las estructuras asociativas tradicionales y se impusieron estructuras paralelas, por ejemplo, la Asociación de Rectoras y Rectores Bolivarianos (Arbol) en contraste con la Asociación Venezolanas de Rectores Universitarios (Averu).

 

Para concluir, los redactores del informe proponen el cese de las prácticas y políticas que amenacen o violen la autonomía universitaria; la detención de políticas para socavar la estructura y organización interna de las universidades; y la revocación de medidas que interfieran con decisiones universitarias referentes a los procedimientos de ingreso de nuevos estudiantes.





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