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Creciente ola de detenciones agudiza violaciones a derechos civiles PDF Imprimir Correo
21-07-2017 a las 15:30:47

En el marco del paro cívico convocado por la oposición venezolana en rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente, el jueves 20 de julio de 2017, el Foro Penal Venezolano confirmó más de 360 detenciones en todo el país, siendo el estado Zulia la región con más casos: 140 en total

 

Luis Gerardo Petit

 

Creciente ola de detenciones agudiza violaciones a derechos civiles

Foto: Carlos García-Rawlins
 
Además del uso excesivo de la fuerza para prohibir el libre derecho a la protesta pacífica, los tratos crueles e inhumanos en contra de los detenidos por los funcionarios de los organismos de seguridad del Estado se suman a una larga lista de violaciones a los derechos humanos en el país. 

 

Desde el momento de la detención, los organismos policiales y  judiciales deben ser vigilantes del cumplimiento del debido proceso. Organizaciones de derechos humanos han denunciado que, en muchos de los casos de arrestos durante las manifestaciones, ni siquiera han tenido acceso al acta policial. Los casos de violaciones a los derechos humanos durante las detenciones, que se han caracterizado por desconocer el debido proceso y aplicar torturas físicas y psicológicas, han sido documentados por las organizaciones no gubernamentales y sociedad civil organizada. 

 

La Constitución de la República establece que ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o tratos crueles inhumanos o degradantes, sin embargo, los efectivos castrenses, policiales y judiciales vulneran, no solo los derechos fundamentales como la atención médica, alimentación y comunicación con familiares y abogados, sino las garantías del debido proceso de los detenidos.

 

«Hay chicos que han sido aprehendidos, incluso plantándoles evidencias falsas e imputaciones de delitos que no corresponden con la realidad», comenta Gazelle Fuenmayor, abogada de la Comisión Defensora de la Universidad del Zulia, integrada por profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, quien denuncia que, debido a las violaciones y tratos crueles durante la detención, hay personas que, a pesar de tener libertad plena o condicional, están inmersos en una crisis postraumática. 

 

La libertad personal es «inviolable», de acuerdo con la Constitución de la República, por tanto, «ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti». Además, señala que la persona detenida «será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor 48 horas a partir del momento de la detención y será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso», sin embargo, defensores de derechos humanos han denunciado que la primera audiencia de presentación ante los tribunales se realiza después del tiempo reglamentado. En el caso de tribunales militares, la presentación se hace 72 horas después de la aprehensión.  

 

Civiles en tribunales militares
Hasta junio de 2017, 415 ciudadanos civiles habían sido presentados ante la justicia militar. 245 fueron privados de su libertad por decisiones emitidas a través de tribunales castrenses, según el Foro Penal Venezolano. «Es alarmante observar que el 59 % de estos civiles procesados arbitrariamente por fiscales y jueces militares quedaron tras las rejas». Los delitos imputados a los civiles detenidos en contextos de protestas son rebelión militar, traición a la patria, ultraje al centinela y espionaje, todos tipificados en el Código Orgánico de Justicia Militar.
Asimismo, el texto constitucional señala que toda persona detenida «tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares y abogados», además, los abogados «tienen el derecho a ser informados sobre el lugar donde se encuentra la persona detenida; a ser notificados inmediatamente de los motivos de la detención y a que dejen constancia escrita en el expediente sobre el estado físico y psíquico de la persona detenida. La autoridad competente llevará un registro público de toda detención realizada, que comprenda la identidad de la persona detenida, lugar, hora, condiciones y funcionarios o funcionarias que la practicaron», indica la Constitución de la República.

 

«Tenemos conocimiento de un caso que está privado de libertad. Lo han golpeado tanto que tiene hematomas en la cabeza, y está sufriendo de lagunas mentales, pierde la noción; además, puede perder un riñón, producto de los golpes que ha recibido», denuncia Gazelle Fuenmayor.

 

En el informe Reporte sobre la represión en Venezuela durante manifestaciones, correspondiente al mes de junio, el Foro Penal Venezolano denunció que sigue siendo una práctica recurrente mantener incomunicados a los detenidos hasta el momento de su presentación ante los tribunales. «En algunos casos de detenciones arbitrarias, se observó que las personas fueron sacadas por la fuerza de sus trabajos o de sus viviendas, sin estar cometiendo delito alguno, y que son desaparecidas durante días, sin que sus familiares o sus abogados tuvieran acceso a la información de su paradero. Eventualmente, esta práctica podría dar lugar a desapariciones forzadas de personas». 

 

Aunado a todo el cúmulo de violaciones de los derechos fundamentales, los civiles detenidos en contextos de protestas han sido sometidos ante la jurisdicción penal militar, en clara violación al derecho al juez natural y, además, al debido proceso consagrado el numeral cuarto del artículo 49 de la Constitución. Esta práctica, según activistas de las organizaciones defensoras, ha imposibilitado el trabajo legal. 

 

A propósito de esa «creciente ola de detenciones» y abusos en contra de los manifestantes, la profesora Gazelle Fuenmayor, informó que, al cierre de esta edición, aún no se había confirmado el centro de reclusión de un número significativo de detenidos que, para el momento, permanecían desaparecidos luego de ser aprehendidos el jueves 20 de julio de 2017. «Todos los abogados de la coalición estamos desplegados en los centros de reclusión para confirmar el paradero de todos los detenidos. La cifra puede aumentar».

 

De acuerdo con el registro del Foro Penal Venezolano, se habían detenido a más de 3.500 personas desde el 1 de abril hasta el 29 de junio en todo el país. Tan solo el pasado 20 de julio de 2017, en el marco del paro cívico convocado por la oposición venezolana en rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente, hubo 367 detenciones, de las cuales 140 ocurrieron en el estado Zulia. Según las cifras de la organización no gubernamental, es el segundo día —después del 19 de abril de 2017— con más detenciones desde que se iniciaron las protestas en rechazo a la ruptura del orden constitucional.  

 

Los abogados de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, el Foro Penal Venezolano, Aula Abierta Venezuela y de la Comisión Defensora de la Universidad del Zulia, en vista del aumento de detenciones en contextos de protestas, han creado una coalición que les permita atender legalmente a los detenidos. «La acordamos en virtud de que cada día se recrudece más la represión en nuestro estado. El grupo de profesores de la Universidad del Zulia no da abasto, por eso nos vimos en la necesidad de crear un grupo de choque con varios comisiones que se encargan de la documentación de todas las violaciones a los derechos humanos, de la asistencia legal a los detenidos y del apoyo a los familiares». 





Última actualización ( 25-07-2017 a las 08:15:15 )
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