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Ejercicio de la soberanía legitima la consulta popular PDF Imprimir Correo
13-07-2017 a las 11:39:09

Especialistas afirman que la consulta popular es un mecanismo para restablecer el orden constitucional y ejercer el derecho a la desobediencia consagrado en el artículo 350 de la Carta Magna 

 

Luis Gerardo Petit

 

Consulta popular

Foto: Archivo
 
La práctica del derecho a la desobediencia y de la resistencia contra la opresión, en los actuales momentos, tiene una justificación por el desconocimiento a la soberanía popular, el irrespeto absoluto al orden constitucional, la pérdida de los valores democráticos, la restricción a las libertades y las sistemáticas violaciones a los derechos humanos, cometidas por un gobierno que, a juicio del abogado Humberto Ortíz, profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, ha actuado en contra de la Constitución y de la ley.

 

La Declaración de Santiago sobre el Derecho Humano a la Paz, aprobada el 10 de diciembre de 2010, establece en el segundo numeral del artículo 5 que toda persona, «individualmente o en grupo, tiene el derecho a la desobediencia civil y a la objeción de conciencia frente a actividades que supongan amenazas contra la paz». Asimismo, sobre el derecho a la resistencia contra la opresión, en el numeral 1 del artículo 6 prescribe que todas las personas y pueblos «tienen derecho a resistir y oponerse a todos los regímenes que cometan crímenes internacionales u otras violaciones graves, masivas o sistemáticas de los derechos humanos, incluido el derecho a la libre determinación de los pueblos, de acuerdo con el derecho internacional».

 

Humberto Ortiz    
Humberto Ortiz, profesor de la FCJP de LUZ
Foto: Eloy Hernández
 
Conforme al texto de la Declaración de Santiago Sobre el Derecho Humano a la Paz, Humberto Ortíz asegura que el ejercicio del derecho a la resistencia contra la opresión «es una acción legítima para preservar y restablecer la paz, cuando ésta se vea compelida por la acción arbitraria y opresora de quien detenta el poder». Considera que está planamente justificado su ejercicio «siempre y cuando se haga conforme a la Constitución, entendiendo que no se puede exigir un derecho sobre la base de la violación de otro derecho». 

 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), en su artículo 350, establece que el pueblo de Venezuela «desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos». De la misma manera, el artículo 333, ubicado en el capítulo sobre la protección y garantía de la Constitución, señala que «todo ciudadano investido o no de autoridad tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia». 

 

Para el experto en derecho constitucional, la actuación de la sociedad civil en contra del Gobierno nacional se fundamenta en el derecho a la desobediencia y en el derecho a la resistencia, consagrados la Constitución. Señala que los venezolanos —según el planteamiento del artículo 333— tienen un deber. «Encontramos acá que tenemos el derecho a desobedecer, el derecho a desconocer, pero también encontramos un deber que nos establece la propia Constitución. El derecho a la resistencia viene acompañado del derecho-deber del restablecimiento de la democracia». 

 

En el pasado, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a través de la sentencia N° 24 de fecha 22 de enero de 2003, estableció —al interpretar el artículo 350— que la expresión «pueblo», para los efectos de ver quiénes eran los legitimados para poder llevar a cabo el derecho a la desobediencia civil, debía vincularse al principio de la soberanía popular consagrado en el artículo 5 de la Constitución. 

 

La Sala Constitucional concluyó que los venezolanos, justificándose en que la soberanía reside fraccionada en todos los individuos, «tienen el derecho y el deber de oponerse al régimen, legislación o autoridad que resulte del ejercicio del poder constituyente originario que contraríe los principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos», se señala en la sentencia. 

 

El profesor Humberto Ortíz explica que, en la misma sentencia, la Sala Constitucional estableció que el desconocimiento solo «puede manifestarse constitucionalmente mediante los mecanismos para la participación ciudadana contenidos en la carta fundamental, en particular los de naturaleza política como la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, el revocatorio del mandato y las  iniciativas legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas».

 

Los magistrados de la Sala Constitucional expusieron que la posibilidad de desconocimiento o desobediencia «debe admitirse en el contexto de una interpretación constitucionalizada cuando agotados todos los recursos y medios judiciales, previstos en el ordenamiento jurídico para justiciar un agravio  determinado, producido por cualquier régimen, legislación o autoridad, no sea materialmente posible ejecutar el contenido de una decisión favorable», y que la interpretación del artículo 350 no debe conducir a «conclusiones peligrosas» para justificar el «desconocimiento a los órganos del poder público democráticamente electos».

 

A juicio de Ortíz, en esa decisión de la Sala Constitucional está «el punto clave del asunto porque ya se agotaron todos los mecanismos. Una cosa es un gobierno que llegue por la vía legal, y otra es que, en el ejercicio del poder, se salga del cauce democrático», indica. 

 

Sobre la legitimidad de origen y de ejercicio de la sentencia, la Sala Constitucional expuso que quienes se opongan e impidan la materialización de la decisión «se arriesga a que, en su contra, se activen los mecanismos de desobediencia, la cual deberá ser tenida como legítima sí y solo sí se han agotado previamente los  mecanismos e instancias que la propia Constitución contiene como garantes del estado de derecho en el orden interno, y a pesar de la declaración de inconstitucionalidad el agravio se mantiene».

 

    Juan Berríos
  Juan Berríos, profesor de la FCJP de LUZ
Foto: Eloy Hernández
Juan Berríos, abogado constitucionalista y profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, considera que la interpretación de la Sala Constitucional sobre los artículos 333 y 350 fue «bastante conservadora». Agrega que el artículo 350 es una derivación del 333. «Uno deriva del otro. El artículo 350 hace referencia específica a los límites de la Asamblea Nacional Constituyente y que, efectivamente, en ese contexto puede invocarse el derecho a la rebelión frente a esa Constituyente que pretende cambiar el orden constitucional sin atender los límites que aparecen allí; es decir, que debe ser una constitución democrática, con protección de los derechos constitucionales y atendiendo la tradición republicana».  

 

El derecho a la resistencia contra la tiranía ha estado presente en la vida republicana de Venezuela desde la Constitución de 1811 como el derecho de resistirse a la autoridad que vulnere los principios democráticos. Juan Berríos explica que el artículo 333 justifica el derecho a la rebelión en cualquier contexto político. «Hace referencia a escenarios de normalidad institucional; es decir, cuando se dictan actos inconstitucionales. El artículo 333 da la legitimidad para impugnar o, en líneas generales, para justificar el derecho a rebelión en cualquier contexto político, no el de una Asamblea Nacional Constituyente». 

 

Consulta legítima 

 

Para Humberto Ortíz, esperar hasta que haya una nueva elección no es la única salida constitucional. «Cuando se hace la pregunta cuáles son las salidas constitucionales al problema que tiene Venezuela, muchos señalan que ya están agotadas, que tenemos que esperar hasta el año 2018 para que se lleve a cabo una elección presidencial. Esas no son las únicas salidas. La Constitución también prevé que el pueblo, en el ejercicio de esa democracia participativa, protagónica y directa, puede expresarse bien sea a través de los referendos que están previstos en la Constitución o cualquiera de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el artículo 70». 

 

De acuerdo con ese artículo de la CRBV, son medios de participación política la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la renovación del mandato, las iniciativas legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos cuyas decisiones serán de carácter vinculante.  

 

Participar en la consulta popular del domingo 16 de julio, convocada por la Asamblea Nacional para desconocer al gobierno y en rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente, es uno de los mecanismos para ejercer el derecho de desobediencia y de resistencia a la opresión. «Mucho se ha dicho sobre si el pueblo puede o no participar en una consulta popular. Claro que lo puede hacer. Eso está establecido en el artículo 70 de la Constitución, pero no solamente que lo puede hacer, es que tiene el deber de hacerlo y por eso debe participar masivamente», asegura Humberto Ortíz. 

 

Román Duque    
Román Duque, profesor de la UCAB
Foto: Eloy Hernández
 
La legitimidad de la consulta popular, a juicio de Román Duque Corredor, exmagistrado de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, radica en que el pueblo es un intérprete y ejecutor de la Constitución. «El pueblo ejerce el derecho de interpretar y de ejecutar la Constitución en razón del derecho que todos tenemos de participar libremente en los asuntos públicos y de controlarlos y vigilarlos, y de desconocer los poderes que violen los límites de la legitimidad democrática que están en el artículo 350». 

 

De acuerdo al artículo 5, la soberanía reside «intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público». Además, señala que los «órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos».

 

De acuerdo a la Constitución, «todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas». Asimismo, el artículo 172 prescribe que toda persona «tiene el deber de cumplir sus responsabilidades sociales y participar solidariamente en la vida política, civil y comunitaria del país, promoviendo y defendiendo los derechos humanos como fundamento de la convivencia democrática y de la paz social».

 

A juicio del también profesor de la cátedra Derecho Constitucional, el artículo 350 recoge la jurisprudencia de la antigua Sala Político Administrativa sobre la naturaleza y funciones de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999. «No hay una Asamblea Nacional Constituyente legítima si no es convocada por el pueblo. La Constituyente prevista en el artículo 347 y 348 de la Constitución es derivada de la originaria». Explica que la Constituyente de 1999, siendo originaria, «le dijo a las futuras constituyentes ‘ustedes tienen poder, pero sometido a los límites del artículo 350’. De manera que el pueblo, que es el titular del derecho a la legitimidad democrática, si una constituyente o cualquier poder no respeta esos principios, puede desconocerlo, pero también debe restablecer la vigencia de la constitución derogada por actos no previstos». 

 

Un mecanismo para restablecer el orden constitucional, de acuerdo con el profesor Román Duque Corredor, es la consulta popular. Afirma que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no tiene las competencias para organizar consultas populares. «El órgano competente para regular la consulta popular es el órgano verdaderamente representativo de la soberanía popular, que fue elegida por voto directo y universal de todos. Es por eso que la Constitución dice que los medios de participación ciudadana los promueve y organiza la Asamblea Nacional, y los procesos electorales para elegir organismos y referéndum el CNE». 

 

El derecho a participar en asuntos públicos, consagrado en el artículo 62 de la CRBV, es la fuente que le da al pueblo el carácter de intérprete y ejecutor del texto constitucional, explica el profesor Román Duque Corredor, quien afirma que, dentro de esos medios de participación, está la consulta popular. 





Última actualización ( 13-07-2017 a las 12:14:30 )
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