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Sectorialidad del sufragio representa un retroceso político en materia de Derechos Humanos PDF Imprimir Correo
26-05-2017 a las 11:23:08

Con la sectorialización del voto, el Gobierno escogerá a sus electores. Especialistas afirman que, con la sentencia 355 de la Sala Constitucional, se busca legalizar la elección de segundo y de tercer grado para la Asamblea Nacional Constituyente

 

Luis Gerardo Petit 

 

Derecho al sufragio

Foto: Archivo
«Es un retroceso enorme». Así, el político Jorge Govea Cabrera se refiere a sectorialización del sufragio en Venezuela. «Eso se hizo en las mal llamadas democracias populares de la Europa del Este, en la Unión Soviética y lo que todavía se hace en Cuba para, justamente, controlar la votación. Es decir, quien está en el ejercicio del poder escoge a sus electores», asegura el profesor de la Escuela de la Ciencias Políticas de la Facultad De Ciencias Jurídicas de la Universidad del Zulia. 

 

Advierte que el Gobierno pretende manipular las elecciones con la sectorialidad del voto. «El Gobierno, sabiendo que no tiene el favor popular, lo que busca con esa sectorialización del voto es manipular el cuerpo electoral para poder controlar la elección, decir quiénes son electores y manejar una cosa tan sensible como la data electoral». 

 

De acuerdo con las bases comiciales presentadas por el presidente de la República ante el Consejo Nacional Electoral para elegir a los constituyentistas que integrarán la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), de los 540 constituyentes, 168 serán escogidos de manera sectorial por cada 83 mil miembros del Registro Electoral del sector correspondiente. Las bases comiciales indican que serán ocho sectores: trabajadores, campesinos y pescadores, estudiantes, personas con discapacidad, pueblos indígenas, pensionados, empresarios, comunas y consejos comunales. 

 

«Es una gran conspiración para desconocer principios, valores y derechos políticos que están en la Constitución», asegura el profesor Jorge Govea, quien rememora la experiencia política cubana de Fidel Castro para decir que se «trata de lo mismo». 

 

Tras hacerse públicas las bases comiciales para elegir a los integrantes de la ANC, se preguntó: «¿Quién va a decir quién es campesino? El Gobierno. Entonces ya eso le quita toda posibilidad de que realmente sea la expresión de la soberanía popular. Lo que se está haciendo con todas esas bases comiciales es una burla tremenda, una burla inaceptable», enfatiza. 

 

Piso de «legalidad»

 

Después de siete años, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) resolvió cinco recursos de nulidad contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal de 2010, que eliminó a las juntas parroquiales e introdujo las juntas parroquiales comunales. 

 

A través de la sentencia 355, publicada el martes 16 de mayo de 2017, la Sala Constitucional ratificó la escogencia de las juntas parroquiales —que antes de la reforma se elegían a través del sufragio universal, directo y secreto como lo establece la Constitución de la República en su artículo 63— mediante asambleas de ciudadanos. 

 

De acuerdo con el politólogo Jorge Govea, la sentencia —además de extemporánea— es «tremendamente regresiva» en materia del derecho al sufragio. «Es una de las tantísimas sentencias que ha dictaminado la Sala Constitucional para darle un piso de legalidad entre comillas a lo que no lo tiene, a lo que desde un principio está negado a favor de las iniciativas políticas que emprende el Gobierno». 

 

En su artículo intitulado La Sala Constitucional justifica la eliminación del derecho al voto, José Ignacio Hernández, profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, hay una manipulación por parte de la Sala Constitucional al sostener que el derecho al sufragio es distinto al derecho de participación. «Según el artículo 62 de la Constitución, todos los ciudadanos pueden participar libremente, lo que abarca el derecho al voto, de acuerdo con los artículos 5 y 63. Por ello, eliminar el derecho al voto no favorece el derecho de participación, en realidad viola tal derecho», explica el especialista. 

 

La decisión de la Sala Constitucional se produce luego de que el presidente Nicolás Maduro anunciará la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente, que será elegida —según a las bases comiciales presentadas ante el Consejo Nacional Electoral— de manera territorial y sectorial. 

 

En ese sentido, el profesor Jorge Govea asevera que, con la sentencia 355, se busca legalizar la elección de segundo y de hasta tercer grado de cara a la propuesta presidencial de la ANC. «Se trata de operaciones y maniobras concadenadas para llevar a los ciudadanos, al cuerpo electoral, a creer que las cosas son de ese modo. Es la misma operación, lamentablemente, para que se le allane el camino al tipo de elección que se está planteando para la Asamblea Nacional Constituyente que promueve el Gobierno». 

 

A juicio del profesor Hernández, la sentencia 355 de la Sala Constitucional «justificaría la eliminación del derecho al voto para la designación sectorial de los constituyentes, bajo el falso argumento según el cual debe prevalecer el derecho a la participación ciudadana». Agrega que la propuesta de la ANC y la sentencia de la Sala Constitucional buscan mantener la negación del derecho a la libre participación ciudadana y el derecho al voto. 

 

«Con su nueva sentencia, la Sala Constitucional abre las puertas para desconocer ese derecho, ahora, con ocasión a la propuesta de la constituyente comunal. Una constituyente que, de prosperar, eliminará con toda seguridad el derecho al voto para imponer sistemas comunales de designación de cargos públicos», asegura. 

 

Por su parte, el profesor Jorge Govea explica que, desde la Constitución de 1961 —vigente por más de 40 años hasta la Constitución de 1999—, el voto en Venezuela se ha establecido de manera directa, no indirecta. «Con esta sentencia se busca llevar bastante agua al molino del Gobierno para hacer creer que una forma constitucional de ejercer el derecho al sufragio, pero, realmente, lo que dice la actual Constitución, en su artículo 63, es que el voto es directo. No se vota en un determinado cuerpo electoral para elegir a unos representes para que ellos vote en nombre de esa representación. Eso es de segundo grado», afirma. 





Última actualización ( 26-05-2017 a las 16:00:03 )
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