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Escasez del 95 % de los medicamentos impide el disfrute del derecho a la salud PDF Imprimir Correo
26-05-2017 a las 10:58:31

Para Natasha Saturno, abogado y miembro de Acción Solidaria, en Venezuela se observan situaciones de violación masiva de los derechos humanos, lo que permite afirmar que estamos en medio de una emergencia política compleja


Karledys García

Foto: Eloy Hernández

 

«Si no trae la sutura que le pedí, no puedo atender a la paciente», escucha con angustia Carla Valbuena, mientras su hija espera ser operada quirúrgicamente. El viacrucis para conseguir los insumos médicos básicos ya la había hecho recorrer más de 20 comercios en diferentes lugares de la ciudad, pero la compra de «lo que hay» a veces no es suficiente para las labores de los médicos. Al igual que Valbuena muchos venezolanos viven este drama. El tiempo corre y el cuerpo no sabe de escasez, tampoco la enfermedad. 

 

En el artículo intitulado Situación de la salud pública en Venezuela, publicado por el Centro Gumilla en 2014, Jo D’Elia, director de la asociación Civilis Derechos Humanos, plantea: «Día tras día se violenta el derecho a la vida de miles de venezolanos, quienes no solamente deben llevar su enfermedad a cuestas dentro de un sistema de salud más que precario, sino que tampoco encuentran las medicinas para aliviar sus males». En ese momento, alertaba sobre los reportes de fallas de entre 37 y 50 % y la escasez de 1.200 medicamentos con precios regulados, así como de los tratamientos de alto costo que suministra el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

 

Derechos violados

 

El artículo 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que la salud «es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios». La misma Constitución reconoce la interdependencia de los derechos a la salud y a la vida, consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y la responsabilidad del Estado en la garantía de estos derechos.

 

Según el Informe anual 2015 del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), en ese año el Ejecutivo nacional «tomó medidas que provocaron una escalada en la escasez de todo tipo de dotación y equipamiento en los centros de salud, incapacitándolos para continuar prestando servicios a la población, en un entorno de aumento de la pobreza, alta inflación, escasez de alimentos y altos índices de violencia». Todos esos elementos del entorno que intervienen en el cumplimiento del derecho a la salud también evidencian la imbricación con otros derechos humanos como a la alimentación, a la vivienda, a un ambiente sano, a la seguridad social y a la dignidad. 

 

  
  Edwin Gil, asesor jurídico de la asociación civil Acción Solidaria
Foto: Eloy Hernández
Para Edwin Gil, asesor jurídico de la asociación civil Acción Solidaria, desde hace 3 años ha ocurrido una violación sistemática al derecho a la salud y a la vida de los venezolanos. Asegura que uno de los motivos de la violación sistemática del derecho a la salud reside en «políticas públicas instauradas por el Estado, al no brindarle las divisas correspondientes a los empresarios para que adquieran la materia prima para producir medicamentos en el país. Con eso está contribuyendo a que esta situación no mejore».

 

En el Informe anual 2016 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se hace especial referencia a la salud como parte de los derechos económicos, sociales y culturales, y establece que en el caso venezolano «la situación de desabastecimiento y escasez de alimentos, medicamentos, agua y energía, ha generado una grave crisis, que ha propiciado los brotes de enfermedades y otras afectaciones a la salud». Asimismo, menciona que la respuesta por parte del Gobierno nacional sobre este tema «ha sido deficiente y, en situaciones, con una falta de acceso a la atención médica necesaria, lo cual ha afectado severamente a los niños y niñas, las personas enfermas, las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad y los adultos mayores, entre otros grupos».

 

Sistema de salud precario

 

Pese a que  el artículo 84 la Constitución establece que el sistema público nacional de salud «dará prioridad a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades, garantizando tratamiento oportuno y rehabilitación de calidad», su estatus real golpea a los venezolanos, tanto en materia de atención como de prevención.

 

A principios de 2016, la Sociedad Venezolana de Medicina Interna emitió un comunicado donde expresa: «Las precarias condiciones de la infraestructura pública de salud, así como la falta de mantenimiento preventivo y la insuficiencia de personal de salud calificado se suman al desabastecimiento cada vez más crítico de medicinas e insumos, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento de padecimientos agudos y crónicos, todo lo cual ha devenido en una grave situación de atención médica que impide que la población adulta venezolana tenga acceso a la curación de sus enfermedades y a la restitución de la salud de manera eficiente y oportuna». Asimismo, en el comunicado se destacan los esfuerzos de estos especialistas en el desarrollo de programas de prevención y de diagnóstico oportuno, también importantes en la manutención de la salud.

 

Los resultados de la Encuesta Nacional de Hospitales 2016, realizada por la asociación civil Médicos por la vida y el Observatorio Venezolano de la Salud en 23 estados del país, reflejan que la falla de medicamentos en los hospitales públicos del país es del 76 %, mientras que de material médico quirúrgico asciende a  81 % y de catéteres y sondas es del 87 %. El aumento comparativo entre 2015 y 2016 es de 10, 20 y 22 % respectivamente.

 

Natasha Saturno, abogado y miembro de Acción Solidaria, explica que en enero de 2017 «el desabastecimiento de medicamentos era de 85 % según estimaciones de la Federación Farmacéutica Venezolana, pero ya este porcentaje se ubica en el 95 %». Asimismo, destaca con preocupación que el «44 % de los quirófanos de los hospitales públicos no funcionan y eso pasa porque se dañaron, no se consiguen los repuestos, no hay presupuesto para arreglarlos y están los salones vacíos mientras los equipos están perdiendo sus calidad cada día».

 

También el Informe sobre el derecho a medicamentos esenciales para proteger la salud y la vida de las personas en Venezuela, elaborado por nueve asociaciones civiles para su posterior presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hace referencia al retroceso en el disfrute del derecho a la salud, que tiene como expresión visible «las múltiples carencias acumuladas por el sistema sanitario, en ausencia de políticas y normas dirigidas a corregir los problemas estructurales y como producto de la desinversión y de medidas erradas que han precarizado y destruido sistemáticamente las capacidades de la salud pública, persistieron y empeoraron en el año 2015 a niveles extremos».

 

Edwin Gil asegura que la situación de los centros de salud del sector público es delicada: «En las instituciones de salud no se consiguen cosas tan básicas como inyectadoras y tapabocas. Tampoco se consiguen las vacunas. La infraestructura es prácticamente la misma de los años 90, no se les ha realizado ninguna mejora. De hecho, hemos tenido datos de primera mano de que han muerto personas no solo por no acceder a medicamentos o al tratamiento correcto sino que la infraestructura ha generado enfermedades o infecciones contraídas dentro de los recintos de salud».

 

¿Crisis humanitaria?

 

A principios de 2016, la Asamblea Nacional declaró una crisis humanitaria en Venezuela «en vista de la grave escasez de medicamentos, insumos médicos y deterioro de la infraestructura sanitaria» y exigió al Gobierno nacional «garantizar de manera inmediata el acceso a la lista de medicamentos esenciales que son básicos, indispensables e imprescindibles y deben ser asequibles en todo momento», así como la autorización para «el envío de medicamentos entre particulares de otras naciones hacia Venezuela, y dentro del territorio nacional, sin fines comerciales y como medida humanitaria ante la crisis de salud que vive el país». 

 

La Asamblea Nacional también aprobó en segunda discusión el proyecto de Ley Especial para Atender la Crisis Humanitaria en Venezuela, que tiene como objeto «establecer los mecanismos para que el Ejecutivo nacional, en coordinación de los demás poderes públicos, solucione la crisis nacional de salud, cumpliendo su función de garante del derecho a la vida, el derecho a la salud, y al acceso oportuno a medicamentos eficaces, seguros y de calidad, así como al tratamiento apropiado»; sin embargo, fue declarada como inconstitucional por parte del Tribunal Supremo de Justicia en junio de 2016.

 

¿Por qué se dice que en Venezuela vivimos una crisis humanitaria? Saturno asegura que el término correcto es emergencia política compleja, que es una especie de clasificación de la crisis humanitaria «para referirse a situaciones masivas de violaciones de derechos humanos y crisis generalizada que afecta más de un sector». En el caso venezolano es causada por múltiples factores, afecta a todos los órdenes de la vida y hay una necesidad acuciante de ayuda internacional para ser resuelta.

 

Saturno manifiesta que las situaciones observadas en Venezuela en materia de pobreza, desnutrición, éxodo de venezolanos en busca de mejores condiciones de vida, las protestas de la sociedad civil y el dramático panorama del sector salud, son factores suficientes para justificar que el país se encuentra en una emergencia política compleja.

 

El Zulia en crisis

 

Según el informe anual 2016 sobre la Situación general de los Derechos Humanos en el estado Zulia, redactado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado Zulia, la crisis alimentaria y de salud «se ha agudizado este año en la región zuliana, reportándose diversos casos que demuestran que el Estado venezolano no tiene control sobre el desabastecimiento de alimentos, medicinas e insumos para los servicios de salud. La crisis no es coyuntural, sino estructural». Este mismo informe expresa que la ineficacia del Estado en la garantía de estos derechos «afecta a  toda la población, y más aún, a quienes no cuentan con suficientes recursos económicos –habitantes de las zonas rurales y la periferia urbana–, agravada por la inflación más alta de la historia del país».

 

Luego de una reunión realizada con un grupo de médicos del estado Zulia, Edwin Gil asegura que sus principales preocupaciones recaen sobre la reaparición de enfermedades vectoriales, la ausencia de equipos de bioseguridad para las intervenciones quirúrgicas, la escasez se insumos medico quirúrgicos, la inoperatividad de los aparatos tecnológicos y servicios de imágenes, así como las fallas en la infraestructura de los centros de salud. 

 

También como resultado de esa reunión, destaca que hay una preocupación generalizada entre los médicos en formación porque «están estudiando una especialización y los casos que deberían atender e ir viendo en el transcurso de sus estudios no lo están haciendo porque, prácticamente, la gente no está asistiendo a los hospitales». Explica que esta situación no es exclusiva del estado Zulia sino que es recurrente en otros estados del país, incluso en el Distrito Capital.

 

«Muchas de las personas han optado por realizar sus propios tratamientos en casa porque sienten que la atención que van a recibir de un familiar es la misma que van a tener en un hospital y se encuentran en un estado de indefensión, de decepción hacia las instituciones de salud públicas porque, además, ir a una institución pública significa que el médico te va a dar una lista con todo lo que tienes que comprar y muchas de esas cosas no las vas a conseguir», explica.

 

Para el defensor de Derechos Humanos, a raíz de la crisis del sector salud «las personas han tenido que volver al siglo XX, prácticamente, y tomar medicamentos secundarios a base de hierbas y frutas, porque creen que eso puede ayudar en su salud. En algunos casos es así, en otros no; sin embargo, esa es una forma de acceder a un tratamiento o controlar una patología. Estamos hablando de todo un proceso que ha disminuido la calidad de vida del venezolano y su dignidad humana».

 

El difícil acceso a los alimentos, la escasez de medicamentos, insumos médico quirúrgicos y reactivos; la inoperatividad de algunos servicios básicos en los hospitales y ambulatorios, las deficiencias en la infraestructura, la migración de médicos y especialistas, sumados a las deficiencias en la asignación de presupuesto a las instituciones del sector salud han agudizado la crisis que amenaza los derechos humanos de los venezolanos, en especial el derecho a la vida, sin que pueda perfilarse una pronta solución de parte del Gobierno nacional que permita recuperar la calidad de vida y que garantice, tal como lo establece la Constitución, el derecho a la salud.





Última actualización ( 29-05-2017 a las 08:52:10 )
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