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Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica «legaliza» violaciones a los DD. HH. PDF Imprimir Correo
19-05-2017 a las 16:26:27

Los elementos políticos que están presentes en el decreto buscan legitimar la actuación desmedida de los organismos de seguridad del Estado en una posible conmoción social 

 

Luis Gerardo Petit

 

Decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica

Foto: Archivo
A través del decreto N° 2.849, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.298 Extraordinario de fecha 13 de mayo de 2017, pero difundida el lunes 15 de mayo, el presidente Nicolás Maduro declaró —nuevamente— el estado de excepción y de emergencia económica en todo el territorio nacional para adoptar «las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias con el fin de preservar el orden interno y asegurar a la población el disfrute de sus derechos», se indica en el documento. 

 

El Decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica —prorrogado por séptima vez— tiene un enfoque político para habilitar a los organismos de seguridad del Estado en un contexto de conmoción social, así lo afirma el politólogo y director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Rafael Urdaneta, Humberto Amado Cupello, al explicar que las justificaciones para adoptar la medida no son económica, sino de control político, debido a que el decreto se basa, fundamentalmente, en la seguridad de la nación para habilitar, a través de la suspensión de las garantías constitucionales, la actuación desmedida de los funcionarios del Estado.  

 

Asimismo, el abogado constitucionalista y profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, Humberto Ortíz, considera que el decreto tiene elementos políticos que se utilizan con un único propósito: «Darle más poder a quien ya tiene el poder y a quien parece no estar interesado, bajo ningún concepto, en respetar la Constitución y los compromisos internacionales suscritos por la República en materia de derechos humanos». Añade que no se contemplan las medidas para restablecer el manejo de la economía nacional. «Vemos que se utiliza como barrera de humo con el propósito de poder tomar medidas en el marco de lo político, y que esas medidas estén amparadas en ese decreto de estado de excepción». 

 

Explica que en el decreto se establece de forma abierta la posibilidad de que el presidente pueda restringir las garantías. «Si bien es cierto que dentro de un estado de excepción se pueden restringir garantías, no es menos cierto que las garantías que se restringen deben aparecer específicas, el decreto debe establecer de manera específica que garantías están restringidas. Es algo que, efectivamente, llama la atención porque abre la puerta a que puedan haber más medidas desproporcionadas por parte del Ejecutivo nacional», advierte. 

 

De acuerdo con lo señalado en el artículo 3 del decreto, el presidente podrá dictar «otras medidas de orden social, económico, político y jurídico que estime convenientes a las circunstancias, de conformidad con los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela», mientras que en el artículo 5 se indica que las autoridades competentes del mantenimiento y preservación del orden público, «deben coordinar y ejecutar las medidas que se adopten para garantizar la soberanía y defensa nacional, con estricta sujeción a la garantía de los derechos humanos».

 

Sin embargo, el profesor Humberto Amado Cupello insiste en la inconstitucionalidad del decreto, debido a que, de acuerdo con la Constitución, no es la Sala Constitucional quien tiene las competencias para hacer el control político, por lo tanto, afirma que, los funcionarios del Estado, quienes pudieran sentirse protegidos bajo el decreto, igualmente serían presentados ante tribunales nacionales e internacionales si vulneran los derechos humanos.

 

«Cada vez se intensifica más la violación a los principios de legalidad, principios de separación de poderes y el resto de los derechos humanos, con lo que queda claro que no tenemos un Estado de derecho y no existe ningún tipo de intención de garantizar el orden democrático y las libertades fundamentales en Venezuela», advierte el profesor Humberto Ortíz, quien agrega que es una situación sin precedente en la historia venezolana. 

 

En el marco de esta séptima prorroga del Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica, el presidente de la República también puede eliminar, en un momento determinado, las limitacionesque existan para el ejercicio de la política. «Eso nos pone en evidencia que no tenemos un Estado de derecho, que tenemos un Gobierno que con siete prorrogas no logra mediar la situación, sino que sigue extendiendo un decreto de estado de excepción y cada vez se otorga más poderes para poder seguir irrespetando todo el ordenamiento jurídico». 

 





Última actualización ( 19-05-2017 a las 18:01:20 )
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