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Se agravan las violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones PDF Imprimir Correo
21-04-2017 a las 15:37:51

Las detenciones arbitrarias, acompañadas de tratos crueles e inhumanos, son algunas de las violaciones que los organismos de seguridad han cometido durante las manifestaciones. Desde el 4 hasta el 20 de abril de 2017, se han arrestado a más de mil personas


Luis Gerardo Petit
 

El uso excesivo de la fuerza para prohibir el libre derecho a la protesta pacífica por parte de los organismos de seguridad del Estado venezolano —nuevamente— se suma a las múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos en el país. El uso de gas lacrimógeno vencido y los disparos a quemarropa de perdigones a los manifestantes, así como las detenciones, los tratos crueles e inhumanos y el sometimiento de civiles ante tribunales militares son algunas de las acciones arbitrarias e inconstitucionales que se han registrado en las recientes manifestaciones de la sociedad civil.   
 

De acuerdo con el registro del Foro Penal Venezolano, se han detenido a más de mil personas en todo el país durante las manifestaciones. Tan solo desde el 19 hasta el 20 de abril de 2017, se registraron 751 arrestos. Al cierre de esta edición, 458 personas permanecían detenidas en el país.  
 

  
Foto: Luis Gerardo Petit  
A través de un comunicado, Aula Abierta Venezuela y la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia expresaron su preocupación por la represión desmedida y la criminalización de las protestas en el país. «Además de ser detenidos, también son golpeados. La pesadilla no termina con su liberación, sino que también son sometidos al escarnio público al tratar de satanizar y criminalizar una protesta legítima realizada en favor de sus derechos», denuncia el profesor David Gómez Gamboa, director de la  organización civil, quien afirma que, actualmente, la represión y la violación de los derechos humanos es una política de Estado.
 

Ante el impedimento del derecho a la libre manifestación —producto de una sistemática represión por parte de los efectivos militares y policiales— la Organización de las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos instan al Estado venezolano a respetar y garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos políticos, la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica de quienes protestan en el país. 
 

Pruebas violatorias de DD.HH
 

El domingo 16 de abril de 2017, el presidente de la República hizo público un material audiovisual a través de los medios del Estado, en el que, supuestamente, 2 dirigentes detenidos del partido Primero Justicia confiesan la participación de diputados de la Asamblea Nacional en actos vandálicos. De acuerdo con los voceros del partido político, los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional obtuvieron las declaraciones bajo torturas, además, la detención de los dirigentes ya había sido señalada como arbitraria, debido a que no hubo una orden judicial ni fueron detenidos en flagrancia. 
 

La Constitución de la República prescribe que ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o tratos crueles inhumanos o degradantes, sin embargo, el Gobierno vulnera las garantías judiciales del debido proceso de los detenidos. Para el abogado constitucionalista y profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, José Ignacio Hernández, «si la detención es arbitraria, todo el proceso que se siga a continuación será igualmente arbitrario, y cualquier prueba que se obtenga será nula».
 

Sobre la licitud de pruebas, el Código Orgánico Procesal Penal —en su artículo 181— indica que los elementos de convicción solo tendrán valor si han sido obtenidos por un medio lícito e incorporados al proceso conforme a las disposiciones de la ley. «No podrá utilizarse información obtenida mediante tortura, maltrato, coacción, amenaza, engaño, indebida intromisión en la intimidad del domicilio, en la correspondencia, las comunicaciones, los papeles y los archivos privados, ni la obtenida por otro medio que menoscabe la voluntad o viole los derechos fundamentales de las personas. Asimismo, tampoco podrá apreciarse la información que provenga directa o indirectamente de un medio o procedimiento ilícitos». 
 

De acuerdo con el profesor José Ignacio Hernández, la ausencia de garantías procesales mínimas determina la ilicitud de los videos presentados por el presidente a través de los medios del Estado, por tanto, no pueden ser empleados como prueba en investigaciones y procesos seguidos en contra de quienes dieron tales declaraciones, ni en contra de las personas señaladas en esas declaraciones. «Dejando a salvo las denuncias de detención arbitraria, lo único que puede apreciarse en los videos son ciertas declaraciones de personas que están detenidas, al margen de garantías esenciales, como la presencia de fiscales del Ministerio Público, órgano que, además de tener el monopolio de la acción penal, debe velar por los derechos humanos de todo investigado, o de los abogados de quienes están detenidos». 
 

Estudiantes LUZ detenidos
Al cierre de esta edición, los estudiantes Andrés Eloy Bermúdez, Enmanuel Parra, Rafael Chourio, Wilson Sánchez, Héctor Martínez y Jhoset Sánchez permanecían detenidos en el Comando de la Policía Bolivariana del estado Zulia. Desde el arresto, el 20 de abril en horas de la tarde, el equipo legal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado Zulia y los abogados del Foro Penal Venezolano prestaban la asistencia legal para su liberación.
Partiendo de la Constitución, únicamente las pruebas relacionadas con investigaciones y procesos penales serán válidas sí son producto del debido proceso. Además, la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes establece que ninguna «confesión o información que haya sido obtenida mediante tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, podrá promoverse como prueba, y el documento que la contenga es nulo de nulidad absoluta. La promoción de esta prueba será considerada fraude a la ley, y en consecuencia, acarreará responsabilidad administrativa», se señala en el artículo 26. 
 

Cualquier funcionario que lesione la integridad física, psíquica o moral de un ciudadano bajo su custodia, con la intención de intimidar, castigar, obtener información o una confesión, será sancionado con una pena de 13 a 23 años de presidio e inhabilitación por 23 años para ejercer un cargo dentro de la función pública. 
 

Asimismo —en su artículo 14—, la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes señala: «El que actuando en complicidad, anuencia, corresponsabilidad o aquiescencia con un funcionario público o funcionaria pública, y haciendo uso decredenciales verdaderas o falsas, de armamentos, instrumentos o de cualquier tipo debienes muebles o inmuebles registrados como bienes nacionales, lesione a un ciudadanoo a una ciudadana con el fin de intimidar, castigar, obtener información o una confesión,u obtener provecho personal, será sancionado con la pena de 15 a 25 años de presidio». 
 

Mientras que la pena para los funcionarios que incurran en delitos de trato cruel —agresión o maltrato intencionalmente a una persona sometida o no a privación de libertad con la finalidad de castigar o quebrantar la resistencia física o moral— será de 13 a 23 años de presidio e inhabilitación para el ejercicio de la función pública por un periodo de 23 años.
 

Presidente acusador
 

Recientemente, el presidente Nicolás Maduro declaró que tiene las «facultades constitucionales para investigar y llevar a la cárcel a quien sea»; sin embargo, la Constitución solo le otorga esas competencias al Ministerio Público, mientras que únicamente es el Poder Judicial quien tiene la facultad para dictar medidas privativas de libertad. 
 

De acuerdo con el profesor de la Universidad Central de Venezuela, el Ejecutivo usurpó las funciones del Ministerio Público y del Poder Judicial al presentar los videos y al acusar públicamente a los dirigentes del partido opositor. «El Gobierno fue quien presentó pruebas, presentó acusaciones, calificó delitos y anunció procesos judiciales. Todas estas garantías constitucionales básicas fueron desconocidas, pues el ede «llevar a la cárcel a quien sea», y muy especialmente, del Ministerio Público, pues el Gobierno se presentó como el responsable de la investigación y de las supuestas pruebas recabadas», expresa José Ignacio Hernández. 
 

Al violar derechos humanos, explica Hernández, el material mostrado por el presidente de la República es nulo. «El Gobierno también violó garantías procesales básicas el usar supuestos elementos recabados en supuestas investigaciones, incluso, si los videos hubiesen sido producidos bajo los estándares de derechos humanos aplicables, el Gobierno no podía disponer de ellos y mucho menos para difundirlos públicamente».
 

El Código Orgánico Procesal penal dispone en su artículo 268 que todos los actos de la investigación serán reservados para los terceros. A juicio del profesor de la Universidad Central de Venezuela, esa norma fue violada por el Gobierno al tener acceso a un supuesto elemento de la investigación «que ha debido conducir el Ministerio Público».





Última actualización ( 25-04-2017 a las 09:31:41 )
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