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Explotación de carbón dejaría sin agua a Maracaibo PDF Imprimir Correo
07-04-2017 a las 10:03:03

Lusbi Portillo, antropólogo y profesor jubilado de la FEC, explica que desde el río Guasare «hasta el río de Oro hay un manto de carbón que llega hasta Lobatera, en el estado Táchira» y que despierta el interés de las empresas mineras

 

Karledys García

 

Foto: Eloy Hernández
El verdor de la cuenca del río Socuy, ubicado en el municipio Mara y al norte de la sierra de Perijá, es interrumpido por las formaciones rocosas que deja ver su caudal y que parece fundirse con el negro intenso de grandes vetas de carbón. Son precisamente esas reservas minerales que se observan a flor de piel las que han desbordado el interés de empresas públicas y privadas de explotar la zona mediante la creación de minas subterráneas y a cielo abierto. 

 

Según el Plan Estratégico Corporativo 2000-2006 de Carbones del Zulia (Carbozulia) —empresa filial de Corpozulia— el 79 % de los recursos carboníferos del país están en el estado Zulia con un aproximado de 7.316 millones de toneladas métricas. Las concesiones otorgadas por Carbozulia desde 1987 en las minas Paso Diablo, Mina Norte, Cachirí, Socuy, Casigua y Las Carmelitas significan la extracción de 3.326 millones de toneladas métricas de carbón.

 

  
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Infografia: Anthony García
En un informe elaborado en 2014 por la Comisión para el estudio y análisis de la situación energética y ambiental en el estado Zulia —integrada por trabajadores del gobierno regional y del antiguo Ministerio del Poder Popular para el Ambiente en conjunto con integrantes del movimiento social y ecologista del estado Zulia— se detalla que desde 1987 hasta 2004 habían 1.763 hectáreas con actividad minera en Paso Diablo y Mina Norte, en la cuenca del río Guasare. Aunque estas son las únicas minas que están activas en el Zulia, no han sido revocadas las concesiones para la explotación de carbón en las cuencas de los ríos Socuy, Cachirí y Catatumbo.

 

Biodiversidad en riesgo

 

En el 2005, las empresas carboníferas que tienen las concesiones para la explotación minera realizaron exploraciones en la cuenca baja del Socuy para el establecimiento de las minas, pero debido a la lucha emprendida por las asociaciones civiles y las comunidades indígenas, el entonces presidente Hugo Chávez ordenó la paralización de las actividades con la recordada frase: «si no hay un método y que me demuestren de verdad que no vamos a destruir la selva ni a contaminar el ambiente en esos pueblos, ese carbón se queda bajo la tierra».

 

A mediados de ese mismo año, el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales presentó el Informe Ejecutivo Situación Actual de la Explotación de Carbón en el Estado Zulia en el que se plantea que por cada tonelada de carbón se requiere extraer cinco toneladas de suelo, además de las consecuencias en el aire, el agua y la biodiversidad de la zona. Se detalla que en caso de mantener la explotación de carbón en las minas actuales hay «riesgo latente de contaminación de las fuentes de agua con altas concentraciones de sulfato, no resuelto en 17 años de actividad» y que, además, se produce la descarga de esas aguas contaminadas en el río Guasare, que surte de agua potable a los municipios Mara y Guajira.

 

En el documento se explica que la ampliación de la zona para la actividad minera produciría el «incremento del riesgo de contaminación de los embalses Tulé y Manuelote y una mayor cantidad de ríos por la generación de altos volúmenes de agua con altas concentraciones de sulfato y metales pesados». Además, se expresa que el abandono de la actividad minera en la zona permitiría la «paralización del avance de la afectación ambiental de las áreas en concesión, la disminución de las aguas sulfatadas y la activación de planes para la recuperación total de las zonas intervenidas».

 

Bajo el decreto 1.606, publicado en Gaceta Oficial el 15 de febrero de 2015, se le otorgaba al Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería las competencias para la «exploración y explotación de carbón y demás minerales asociados a éste, que se encuentren en el área que comprende las extintas concesiones denominadas: Corpozulia 7, Corpozulia 8, Corpozulia 11, Corpozulia 12 y Lote I, ubicadas en los municipios Mara y Guajira del estado Zulia, conformadas por una superficie total de 24.192 hectáreas», lo que implicaba la ampliación de la superficie para la explotación de carbón en el Zulia y la apertura de nuevas minas. En agosto de 2015 fue publicada en Gaceta Oficial la corrección al decreto 1.606 de la superficie a explotar en el Zulia, que pasó de 24.192 a 7.249 hectáreas en las minas Paso Diablo y Mina Norte.

 

Minería destructiva

 

Luisbi Portillo    
Foto: Eloy Hernández  
Lusbi Portillo, antropólogo y profesor jubilado de la Facultad Experimental de Ciencias, asegura que el expresidente Chávez se pronunció en siete oportunidades en contra de la legalización de nuevas minas de carbón en Zulia, pero con la creación del Arco Minero del Orinoco y las intenciones del Gobierno nacional de retomar la minería: «Nosotros decimos que en el Zulia hay un arco minero así como el que hay en el Orinoco. Este arco tiene 240 mil hectáreas para explotar carbón, fosfato, granito, bentonita, manganeso, wolframio, circonio, caliza; una serie de minerales que están allí ya estudiados y determinados por Corpozulia». 

 

A finales de marzo de 2017 y durante una asamblea realizada en la sede de Carbozulia, Jorge Arreaza, ministro del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico, anunció que el presidente Nicolás Maduro aprobó 11 millones de dólares y 2 mil millones de bolívares para la reactivación de las minas Paso Diablo y Mina Norte, así como de Carbozulia. Días antes, en la Expo Venezuela Productiva 2017 manifestó que será «en esas minas que ya están siendo intervenidas desde hace muchos años y donde el presidente Chávez autorizó que se siguiera interviniendo, donde vamos a seguir interviniendo. No está planteado ir más allá, ni ampliar poligonales o afectar otras cuencas». 

 

Pese a las declaraciones de Arreaza, Portillo afirma que a lo interno de Corpozulia se está planteando la entrega de la mina Las Carmelitas a la empresa rusa VostokCoal y «también se está moviendo y ya en la zona lo dicen, que la empresa carbonífera Caño Seco va a abrir la mina Casablanca allá en el Socuy. Esas dos concesiones mineras que se están dando en este momento están cerca de los embalses Los Tres Ríos y Manuelote; entonces quedaríamos nosotros sin agua para siempre. Eso es bastante preocupante y pasa también por el desalojo de las comunidades indígenas, por parar todos sus proyectos. Eso significa toda la intervención de esa zona».

 

Precisa que desde el río Guasare «hasta el río de Oro hay un manto de carbón que llega hasta Lobatera, en el estado Táchira», lo que ha despertado el interés de empresas estatales, privadas y mixtas, y se ha acentuado en los últimos meses con las iniciativas del Gobierno. «Como hay una crisis petrolera y nosotros vivimos solo del petróleo, entonces ahora en lugar de desarrollar el turismo y la agricultura con fuerza, ahora se coloca como comodín a la minería. Ahora vamos a la gran minería y hay toda una plataforma minera para el país».

 

Organización contra el carbón

 

A finales de los años 70 se conformaron las comunidades Wayuuma’ana y Kasuusain en la cuenca baja del río Socuy, específicamente en la parroquia Marcos Sergio Godoy del municipio Mara. En 2005 y ante la presencia de las compañías carboníferas para comenzar a hacer las exploraciones que darían lugar a la apertura de minas de carbón, los pobladores de estas comunidades conformaron la organización indígena Maikiraalasalii —que en castellano significa «los que no se venden»— y la Asociación Cultural Indígena Wayuu Yalayalama’ana para ejercer acciones contra la minería y en favor de la continuidad sociocultural de su pueblo en esos espacios.

 

    José Diego Fuenmayor
  Foto: Eloy Hernández
José Diego Fuenmayor, wayúu y vocero principal de Maikiraalasalii, explica: «La lucha que tenemos en la orilla del río Socuy no ha sido fácil. Tenemos alrededor de 40 años habitando la comunidad y desde el 2000 para acá la lucha ha sido fuerte. Nosotros nos sentimos preocupados porque esa lucha no es solo por los pueblos indígenas, esa lucha es por el pueblo de acá de Maracaibo también porque los ríos Socuy, Maché y Cachirí tienen las vetas de carbón en todo el medio». 

 

Algunos de los que hoy habitan las comunidades Wayuuma’ana y Kasuusain son desplazados de las minas de carbón en el Guasare, por lo que conocen de cerca las consecuencias de la explotación minera: «En los años 80 abrieron las minas en el Guasare y esa es una universidad para nosotros porque ahí no hay fuentes de trabajo, no hay desarrollo. En verdad lo que hay es una destrucción porque para sacar una tonelada de carbón hay que tumbar cinco hectáreas de bosque. Eso acaba con todo, con toda la biodiversidad y nuestro oxigeno».

 

La voz de más de un millar de personas que viven en la cuenca baja del Socuy coincide en la lucha contra la explotación de carbón: «El agua del río Socuy no solo la tomamos nosotros los wayúu, sino que es un agua que llega a Maracaibo y que toman en Maracaibo. Nosotros decimos que no a la explotación del carbón y no a la carboeléctrica». Además de las riquezas acuíferas y la biodiversidad que sería perjudicada por la explotación minera en la cuenca del río Socuy, resalta también la pérdida de yacimientos arqueológicos y estaciones de arte rupestre que han sido estudiados en la zona y que han dado lugar a la creación del Ecomuseo Comunitario Yalayalama’ana.

 

El vocero indígena manifiesta que la lucha emprendida en alianza con organizaciones ambientales y sociales del país no tiene fines políticos o partidistas. «Nosotros tenemos que organizarnos cada día más y le exigimos al gobierno que vea a la gente, que no dé los permisos para la explotación de carbón porque Venezuela tiene otras riquezas. Nosotros no vamos a cambiar el agua por dólares. Un vaso de agua vale más que un kilo de oro».

 





Última actualización ( 09-04-2017 a las 20:58:14 )
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