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Destitución constitucional de los magistrados se imposibilita por parcialidad del Poder Ciudadano PDF Imprimir Correo
07-04-2017 a las 09:34:30

A pesar de que las decisiones de la Sala Constitucional rompieron el orden democrático en el país —denunciado por la Fiscal de la República—, el Consejo Moral Republicano no ha calificado como falta grave la actuación de los magistrados 

 

Luis Gerardo Petit 

 

Tribunal Supremo de Justicia

Foto: Archivo 
«Hablar de que habrá una remoción de los magistrados por el mecanismo que establece la Constitución, en este momento, es crear una falsa expectativa porque materialmente no se puede concretar», así lo asegura el especialista en derecho constitucional y profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, Humberto Ortiz, quien considera que con las declaraciones de la Fiscal de la República, Luisa Ortega Díaz, se podría dar el primer paso para iniciar el proceso de destitución de los magistrados, pero para eso es necesario que estén de acuerdo los miembros del Consejo Moral Republicano, integrado por el defensor del pueblo —quien manifestó que no había ruptura del orden constitucional—, el contralor de la República y la titular de la Fiscalía General de la República.

 

Las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que despojan a la Asamblea Nacional de sus facultades legislativas y parlamentarias al dictaminar que el presidente de la República tiene las competencias legislativas para «revisar excepcionalmente» la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la Ley Contra la Corrupción, el Código Orgánico Procesal Penal y el Código de Justicia Militar con la finalidad de «salvaguardar el orden constitucional y para garantizar la gobernabilidad del país», dieron origen a que voces disidentes y oficiales denunciaran la ruptura del orden constitucional en el país. 

 

El 31 de marzo de 2017, la Fiscal de la República denunció que en las sentencias 155 y 156 «se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución, lo que constituye una ruptura del orden constitucional». A partir de esa denuncia, organismos internacionales, institucionales nacionales y organizaciones de la sociedad civil han solicitado la remoción de los magistrados de la Sala Constitucional. 

 

Ahora bien, la Constitución de la República establece en su artículo 265 que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia podrán ser removidos por la Asamblea Nacional mediante una mayoría calificada de las dos terceras partes de sus integrantes, luego de que el Poder Ciudadano haya calificado la actuación del magistrado como una falta grave. 

 

La mayoría opositora de la Asamblea Nacional acordó, en la sesión del pasado miércoles 5 de abril de 2017, iniciar el proceso de remoción de los magistrados; sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia, a través de un comunicado, declaró que la Asamblea Nacional no tiene las facultades para destituir a los integrantes de la Sala Constitución por su condición de desacato. 

 

El profesor Humberto Ortiz explica que el proceso —apegado a la Constitución— lo inicia el Consejo Moral Republicano, no la Asamblea Nacional. «Primero tiene que ir al Consejo Moral Republicano y luego que se determine que hay razones suficientes, pasa a la Asamblea Nacional para que se pronuncie y allí, si se obtienen los votos requeridos por la ley, se procede a la destitución, pero, hasta ahora, el Consejo Moral no se ha pronunciado»; sin embargo, el especialista manifiesta que si los diputados del parlamento nacional deciden destituir a los magistrados sin la consideración del Poder Ciudadano, se afectaría más la crisis, pero obligaría a que todos los actores tomen decisiones.

 

Asimismo, Juan Berríos Ortigoza, abogado constitucionalista y también profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, explica que para la destitución de los magistrados se necesitan dos de los tres votos del Consejo Moral Republicano y que la Asamblea Nacional cuente con 112 votos a favor. «Como está el panorama evidentemente eso no va a ocurrir aunque los magistrados hayan incurrido en falta grave porque, además, para calificar la falta grave se necesita que el Consejo Moral Republicano se pronuncie y que luego la Asamblea Nacional, con las dos terceras partes de sus integrantes, es decir 108 diputados, diga que efectivamente están removidos». 

 

Asimismo, el profesor Juan Berríos explica que la máxima sala del Tribunal Supremo de Justicia es quien controla la destitución de los magistrados. «Por supuesto que la Sala Constitucional no va a permitir esa remoción desde el punto de vista político». Agrega que las universidades no pueden invalidar los títulos profesionales de los magistrados, «a menos que hayan obtenido su título de manera fraudulenta, pero no por su actuación posterior», asegura. 

 

Las sentencias, según los especialistas, se apartan del orden público constitucional, que es el respeto a la Constitución. «La sentencia 155 establece desde todo punto de vista violaciones flagrantes por parte de la Sala Constitucional, quien dice en una sus sentencias que la Asamblea Nacional tiene que responder por la responsabilidad constitucional derivadas de su desacato y del no cumplimiento de la Constitución. Ahora, en este caso, la que tuvo en desacato de lo que establece la Constitución e incurrió en responsabilidad constitucional son los magistrados de la sala constitucional», enfatiza el profesor Humberto Ortiz. 

 





Última actualización ( 07-04-2017 a las 14:20:32 )
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