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Desconocimiento de la Asamblea Nacional mantiene el quebrantamiento del orden constitucional PDF Imprimir Correo
07-04-2017 a las 09:25:48

Especialistas afirman que las sentencias 155 y 156 representan otra manifestación de cómo el Ejecutivo utiliza a la Sala Constitucional como un instrumento político para anular la actuación del Parlamento

 

Luis Gerardo Petit

 

Asamblea Nacional

Foto: Archivo
A pesar de que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aclaró de oficio las sentencias 155 y 156 luego del exhorto del Consejo de Defensa de la Nación, la ruptura del orden constitucional continúa en el país, así lo afirman especialistas en derecho constitucional y profesores universitarios, quienes se reunieron el miércoles 5 de abril de 2017, en el Paraninfo del Aula Magna de la Universidad Rafael Urdaneta, y el jueves 6 de abril, en la Escuela de Derecho de la Universidad del Zulia, para debatir las implicaciones jurídicas y políticas de las mencionadas sentencias. 

 

El martes 4 de abril, la Sala Constitucional publicó la aclaratoria de las sentencias del 28 y 29 de marzo de 2017, a través de las cuales ratificó que es «un hecho público, notorio y comunicacional la situación de desacato y de omisión inconstitucional en la que se encuentra la Asamblea Nacional» y declaró —nuevamente— la nulidad por inconstitucionalidad del acto parlamentario del pasado 21 de marzo, donde los diputados de la oposición aprobaron el Acuerdo sobre la reactivación del proceso de aplicación de la Carta Interamericana de la Organización de Estados Americanos

 

Asimismo —a través de la aclaratoria de la sentencia 155— la máxima sala de interpretación constitucional ordena al presidente evaluar «el comportamiento de las organizaciones internacionales a las cuales pertenece la República», mientras que, en la aclaratoria de la sentencia 156, ratificó que no existe impedimento alguno para que el presidente de la República constituya empresas mixtas. «El Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de Energía y Petróleo, deberá informar a esta Sala de todas las circunstancias pertinentes a dicha constitución y condiciones, incluidas las ventajas especiales previstas a favor de la República. Cualquier modificación posterior de las condiciones deberá ser informada a esta Sala, previo informe favorable del Ministerio de Energía y Petróleo», señala la aclaratoria. 

 

    Juan Berríos Ortigoza
  «Ni la Constitución ni las leyes son el parámetro de actuación del Estado», Juan Berríos Ortigoza, profesor de la FCJP.
Foto: Gusmán Daboín 
Las sentencias 155 y 156 representan otra manifestación de cómo el Ejecutivo utiliza a la Sala Constitucional como un instrumento político para anular la actuación del parlamento, así lo asegura el abogado constitucionalista y profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, Juan Berríos Ortigoza, al afirmar que las aclaratorias no restituyen el orden constitucional. «Esas aclaratorias no cambiaron para nada el panorama porque insisten en los temas fundamentales. Es decir, si bien en la primera sentencia se elimina que el presidente pueda legislar en materia penal y procesal, en la otra —en la aclaratoria de la sentencia 156— se insiste que sí puede legislar en materia económica, al menos en la creación de empresas mixtas». 

 

El profesor Juan Berríos Ortigoza enfatiza en que no hay un restablecimiento del orden constitucional porque, desde que se eligió la actual Asamblea Nacional, hay un historial de sentencias emitidas por la Sala Constitucional que han despojado al Poder Legislativo de sus funciones parlamentarias, legislativas y de contraloría. «El orden constitucional sigue estando quebrantado porque el desconocimiento de la Asamblea Nacional persiste, la persecución política a los disidentes persiste, en fin toda la situación que implica que en Venezuela realmente no exista realmente un Estado de derecho», asevera.

 

En junio de 2016, el Tribunal Supremo de Justicia declaró la inconstitucionalidad del acuerdo que declaraba la emergencia de salud y que solicitaba apoyo humanitario internacional. En esa sentencia, la Sala Constitucional estableció que el presidente —dentro del marco del Estado de Excepción— está facultado para legislar. Asimismo, ya con anterioridad, para debatir la ley de presupuesto 2017, la sala manifestó que la Asamblea Nacional se encontraba en desacato. Desde allí, se dictaminó que el presupuesto nacional lo aprobaría —como en efecto ocurrió— la Sala Constitucional y, en el caso de la rendición de cuenta del presidente de la República, el vicepresidente y los ministros se haría ante el TSJ. 

 

Sin Estado de Derecho

 

Humberto Ortiz    
«No tenemos un Estado constitucional porque el propio tribunal se ha encargado de destruirlo», Humberto Ortiz, profesor de la FCJP.
Foto: Eloy Hernández 
 
De acuerdo con Humberto Ortiz, especialista en derecho constitucional e internacional y profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, la Sala Constitucional emitió dos nuevas sentencias a partir de las aclaratorias. «Un tribunal no puede aclarar su propia sentencia en materia de fondo, lo que puede hacer es conocer sobre aspectos de forma y aclarar cualquier cálculo que se haya hecho, pero, en este caso, la Sala Constitucional dictó dos nuevas sentencias, donde lo que hace es decidir nuevamente un tema que ya estaba decidido. Eso, en un Estado de Derecho que funcione, donde se respete toda la cadena judicial, no debería ocurrir». 

 

Por su parte, el profesor Juan Berríos insiste en que el parámetro de actuación del Estado no es la Constitución ni las leyes. «El Estado está actuando fuera de la Constitución, y eso lo puede ver cualquier persona que hace algún tipo de solicitud ante los órganos del poder público; es decir, no es un asunto relativo a la lucha por el poder político en el alto nivel, sino que, esta situación de quebrantamiento del Estado de derecho constitucional, en Venezuela, es un asunto realmente de la cotidianidad».  

 

Las aclaratorias por parte de la Sala Constitucional se producen luego que el presidente de la República, a través del Consejo de Seguridad de la Nación, insta al Tribunal Supremo de Justicia a revisar las sentencias. Este hecho es considerado por el profesor Humberto Ortíz como otra evidencia de que en el país no hay Estado de derecho. «Hay una ruptura flagrante del orden constitucional que lo quieren acomodar, pero que ya no pueden porque esas sentencias existen; además vemos que con estas nuevas sentencias —las aclaratorias—, el tribunal vuelve a asumir una postura para tratar de apaciguar lo que había hecho, pero el orden constitucional ya estaba roto». 

 

Para el profesor Humberto Ortiz, la Sala Constitucional ha emitido más de 40 sentencias al margen de la carta magna. A su juicio, la máxima sala ha actuado como un legislador negativo que ha violentado aún más el Estado de derecho. «Tenemos años con sentencias de la Sala Constitucional que destruyen el concepto de constitución y el concepto de justicia constitucional que está reflejado en nuestra carta magna. Vemos sentencias donde la Sala Constitucional se pronuncia sobre el desacato de una Asamblea Nacional, pero no se pronuncia sobre un estado que se ha quedado sin sus representantes dentro del parlamento, una omisión que atenta contra la figura del Estado».  

 

La omisión judicial por parte del Tribunal Supremo de Justicia sobre la decisión que mantiene desincorporados a los diputados del estado Amazonas y al representante indígena de la región sur de la Asamblea Nacional es vista por Humberto Ortiz como una intención manifiesta para que la ruptura del orden constitucional se mantenga. «Hay una intención permanente de desconocer lo que establece la Constitución. Hace rato que en Venezuela se perdió el Estado de derecho, debido a que no tenemos un Estado constitucional porque el propio tribunal se ha encargo de destruir», enfatiza.  

 

Entrecomillados 

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Última actualización ( 07-04-2017 a las 09:26:43 )
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