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El Arco Minero del Orinoco involucra a la FANB en la explotación económica PDF Imprimir Correo
31-03-2017 a las 09:26:28

En un evento realizado en la Facultad Experimental de Ciencias, Cliver Alcalá, antiguo comandante general de la Redi-Guayana, detalló que solo en 2012 salieron de Venezuela más de 24 toneladas de oro producto de la minería ilegal 

 

Karledys García

 

Arco Minero del Orinoco

Foto: Archivo
La creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco —mediante el decreto N° 2.248 publicado en Gaceta Oficial el 24 de febrero de 2016— en 111.843,70 kilómetros cuadrados de los estados Amazonas y Bolívar ha desatado preocupación en la asociaciones civiles, grupos ambientalistas y pueblos indígenas por las implicaciones de la explotación minera en una de las zonas con mayor diversidad biológica, ecológica y cultural del país.

 

    Cliver Alcalá
  Foto: Eloy Hernández
Desde el Salón Elías Toro de la Facultad Experimental de Ciencias de la Universidad del Zulia, y como parte del conversatorio Arco Minero en Zulia y Guayana: Derechos constitucionales, territorios indígenas y soberanía nacional, Cliver Alcalá, mayor general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y antiguo comandante general de la Región Estratégica de Defensa Integral Guayana (Redi-Guayana), relató su experiencia en torno a la actividad minera en el estado Bolívar y las operaciones militares en esa zona. Al hablar de la minería ilegal, asegura que aunque esta actividad no es nueva, se ha venido acentuando desde el año 2005

 

Garimpeiros en Venezuela

 

La historia de la llegada a Venezuela de los garimpeiros no es reciente. En el libro intitulado Minería en la Amazonía venezolana: Derechos indígenas y ambientales, publicado en 2015 por el Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía - Wataniba y la Red Jurídica para la Defensa de la Amazonía, bajo la autoría de Luis Jesús Bello y Aimé Tillet, se ubica la entrada de los mineros al territorio Yanomami en Venezuela «a fines de los años ochenta, cuando ocurrió la gran invasión minera del territorio Yanomami de Brasil por aproximadamente 40 mil garimpeiros, que se ‘desbordó’ hacia Venezuela». Debido a la amplia línea fronteriza que comparte Venezuela y Brasil a través de Amazonas y Bolívar, así como a las riquezas minerales presentes en ambos países, los autores explican que cuando Brasil realiza algunas operaciones para desalojar a los garimpeiros, éstos se trasladan y concentran mayoritariamente en territorio venezolano.

 

Bello y Tillet aseguran que a pesar de que se han hecho algunos esfuerzos para desalojar a los mineros ilegales de algunas zonas, «el Estado venezolano no ha controlado de forma efectiva la entrada de garimpeiros a su territorio, debido a que los procedimientos utilizados para controlar el problema en la región han sido prácticamente ineficaces y las autoridades responsables no han dispuesto de equipos técnicos especializados, y del apoyo logístico suficiente para evitar la actividad minera ilegal».

 

Según el informe Derechos Humanos en el contexto del proyecto Arco Minero del Orinoco en Venezuela, presentado a finales de 2016 por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, el Laboratorio de Paz y el Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas de la Universidad de Los Andes en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en diciembre de 2012, la Redi-Guayana, en ese entonces a cargo de Alcalá, «reconoció que existían en la zona al menos 80 campamentos ilegales de extracción minera», detectados a partir de la realización de operativos en las cuencas de los ríos Caura y Caroní en el estado Bolívar.

 

Precisamente sobre los planes implantados para erradicar la minería ilegal, Alcalá manifiesta que el Gobierno no dejó de hacer algunas cosas. «Yo creo que el Gobierno en su momento, sobre todo en el primer mandato, hizo algunas acciones contundentes contra la minería ilegal y se fue reduciendo. Para 2012 nosotros logramos reducir la presencia de mineros a 12 mil y hoy hablan de 150 mil personas que están en esa región haciendo minería ilegal». El militar retirado manifiesta que con planes como el Caura «se lograron ciertos avances, pero se generaron muchos vicios de funcionarios públicos que no fueron los idóneos para manejar las actividades ahí».

 

Militares involucrados

 

Bello y Tillet aseguran que en el sector Amanaimü en la zona del Alto Paragua del estado Bolívar «fue desalojada una mina explotada por indígenas Pemón, y en el lugar se instaló un puesto militar cuyos efectivos tomaron el control de la explotación en beneficio propio. Dos meses después, aproximadamente 500 indígenas de 13 comunidades desarmaron y detuvieron por varios días a 19 efectivos militares. Los sucesos causaron conmoción nacional y revelaron la participación directa en actividades mineras de efectivos militares encargados de controlar la minería ilegal».

 

Discusión sobre la minería en el Zulia
El Grupo de Estudios Histórico-Antropológicos y la licenciatura en Antropología de la Facultad Experimental de Ciencias de la Universidad del Zulia organizó el conversatorio Arco Minero en Zulia y Guayana: Derechos Constitucionales, Territorios Indígenas y Soberanía Nacional, realizado el 24 de marzo y que continuará el 7 de abril de 2017 con la participación del profesor Lusbi Portillo para debatir sobre lo que ha denominado el Arco Minero del Zulia.
En el informe presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también se expresa que en el 2013 «la violencia de la llamada Operación Arekuna generó una nueva respuesta indígena de la zona reteniendo a 43 militares en Urimán, en el sureste del estado Bolívar». Estos eventos no son los únicos registrados en las poblaciones de la amazonía venezolana, sino que, por el contrario, se han repetido en diferentes momentos de conflicto entre los pueblos indígenas y los militares, a partir de la implementación de operativos y planes en la zona sin el debido estudio de las dinámicas de las poblaciones que habitan esos espacios, así como de la presunta participación directa de los militares en la minería y en el cobro de vacunas a las comunidades indígenas que practican la minería artesanal como modo de subsistencia.

 

El artículo 13 del decreto de creación del Arco Minero del Orinoco dispone que la Fuerza Armada Nacional «tendrá la responsabilidad de salvaguardar, proteger y mantener la continuidad armoniosa de las operaciones y actividades de las Industrias Estratégicas ubicadas en la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco»; lo que, según el informe Derechos Humanos en el contexto del proyecto Arco Minero del Orinoco en Venezuela, implicaría la militarización de los territorios indígenas y «permitirá la judicialización de las organizaciones sindicales e indígenas que realicen actividades en dichos espacios».

 

En un acto público realizado el 24 de marzo de 2017, Jorge Arreaza, ministro del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico, participó en la graduación de 500 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana que resguardarán las zonas mineras y las empresas que actúen en la poligonal del Arco Minero del Orinoco. Aunque la participación militar en las actividades de explotación minera no es nueva y está formalizada con la creación de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas en el 2016, Cliver Alcalá asegura que el decreto del arco minero «coloca a la Fuerza Armada como el vigilante para proteger a las empresas, para que nadie perturbe el funcionamiento de las empresas en el saqueo». A su juicio, el Arco Minero del Orinoco «involucra, de una vez por todas, a la Fuerza Armada en la minería de gran escala». 

 

Soberanía en riesgo

 

Alcalá asegura que la minería ilegal «se ha incrementado sumamente en los últimos tres o cuatro años para darle al Estado la justificación de que si se está fugando una gran cantidad de oro, diamantes, metales preciosos y minerales del país, ¿por qué no usarlo el Estado?». Desde su punto de vista, recientemente no se han tomado acciones para evitar la minería ilegal y la destrucción del ambiente y las etnias indígenas. «Creemos que no hay voluntad política y hay una justificación de dejar hacer y dejar pasar en el sur del Orinoco, para poder establecer las grandes industrias del mundo y que vengan a depredar 112 mil kilómetros cuadrados».

 

Rememora que solo en 2012 habían salido de Venezuela «más de 24 toneladas de oro, a razón de dos y tres toneladas en vuelos ilegales al Caribe y una suma parecida en dinero de diamantes que se iban a Aruba y Curazao». Es así como el constante tráfico de aeronaves en la amazonía con un escaso control por parte de la FANB también ha permitido la salida de los minerales del país. «El estado Zulia consume menos combustible que la región de Guayana y esa explicación se da para mantener tanta maquinaria en la extracción del oro con permiso, por supuesto, del Estado». 

 

Manifiesta que el crecimiento de la actividad minera en la zona está alejado de la minería artesanal, puesto que en los dos últimos años «ya no existen las bombas, sino las maquinarias de grandes magnitudes haciendo la minería ilegal de forma incontrolada».

 

Al cúmulo de problemas que devienen de la explotación minera ilegal y ahora de la posibilidad de que esto ocurra a gran escala con la ejecución del Arco Minero del Orinoco, se le suma un aspecto que resalta Alcalá: la pérdida de la soberanía. El Arco Minero del Orinoco «incrementa las principales amenazas en el desarrollo nacional al sur del país atentando contra la soberanía plena de la república y creando un Estado paralelo. El estudio de su decreto es la creación de un Estado de 112 mil kilómetros cuadrados, que es más grande que el 52 % de los países del mundo. Venezuela estaría cediendo una parte de su soberanía, una parte de su territorio y de su gente».

 

Explica que la soberanía de las repúblicas nace con las constituciones. «La República nace con tres elementos que son el territorio, la gente y la autoridad. Estos tres deben estar orientados por un pacto social que es la Constitución, pero ese pacto social está siendo liquidado en Venezuela». Asimismo, asevera: «La Fuerza Armada Nacional es, junto al pueblo, la garante de preservar la soberanía ante el enemigo interno y externo, y hoy está asumiendo un rol dentro de la actividad y del negocio minero».

 

Alcalá afirma que el interés del Gobierno en incorporar a los militares en diferentes sectores productivos ocurre «en función de sostenerse, de involucrar a los militares en todos esos negocios perversos que se han generado en el país en los últimos 4 años. Eso los hace cómplices y que dejen la lealtad a la Constitución y a la república a un lado». 

 

Sobre el tema territorial, el excomandante general de la Redi-Guayana detalla, además, que se debe realizar un estudio más profundo de los vértices decretados en la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco y que están en los 483 kilómetros de límites fronterizos con la Zona en Reclamación porque «incluso, podrían haber vértices que comprometen el territorio de la Zona en Reclamación del Esequibo, es decir, que hasta el Esequibo lo entregan sin tenerlo a disposición». 

 

Tanto la minería ilegal como la participación del Estado a través de la Fuerza Armada Nacional, las empresas mixtas y la incursión de grandes transnacionales en la explotación minera representan un panorama complejo para el 12,2 % del territorio inserto en la poligonal del Arco Minero del Orinoco, sobre todo por la destrucción de la biodiversidad y de los pueblos indígenas que habitan la zona. «Tenemos en juego la vida, la salud, la mayor reserva de agua dulce de Venezuela y la que produce electricidad al país, además de la zona con una de las mayores posibilidades de un ecoturismo bien controlado», refiere Alcalá.





Última actualización ( 31-03-2017 a las 14:47:56 )
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