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Morosidad en elecciones mantiene a los sindicatos al margen de discusiones contractuales PDF Imprimir Correo
24-03-2017 a las 10:37:44

Al menos un 80 % de los sindicatos no han podido legitimar su junta directiva. Expertos consideran que el CNE retarda las elecciones en los gremios donde las organizaciones creadas por el Gobierno no tienen condiciones para ganar


Luis Gerardo Petit
 

Elecciones sindicales

Foto: Archivo

Desde 1999, cuando se aprobó la actual Constitución, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) advirtió que el libre ejercicio de la libertad sindical estaba en riesgo en el país, tras considerar que la estatización de las elecciones sindicales —atribución que el constituyente le otorgó al Consejo Nacional Electoral (CNE) para organizar y regular estos comicios—violaba el Convenio 87 sobre la protección del derecho a la sindicación, suscrito y ratificado por el Estado venezolano. 
 

  
  Foto: Archivo
En la actualidad, las decisiones del organismo electoral han afectado gravemente el funcionamiento de las organizaciones sindicales del país, debido a que las normas implantadas por la junta directiva del CNE para regular las elecciones sindicales no son uniformes ni tienen rango legal, así lo afirma Nancy Perelló, especialista en derecho laboral y profesora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia. 
 

A través del libro La estatización de las elecciones sindicales, Enrique Marín Quijada, profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), señala que el control estatal de las elecciones sindicales fue una «maniobra» para afectar el movimiento sindical venezolano. «Se encargó al Poder Electoral el control de las elecciones sindicales en reacción a la práctica muy compartida de no hacer elecciones». A su juicio, la injerencia del CNE en la vida sindical se inició con el referéndum realizado el 3 de diciembre del 2000, decidido por la Asamblea Nacional Constituyente para la renovación de toda la dirigencia sindical mediante elecciones generales y la suspensión de la que existía. 
 

Retardo en elecciones
 

La Constitución de la República, en su artículo 293, establece que el Poder Electoral está facultado para organizar las elecciones, no solo de partidos políticos, sino de sindicatos y gremios profesionales. También el numeral 2 del artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Electoral (Lope) —vigente desde el 2002— le atribuye al CNE la competencia para «organizar las elecciones de los sindicatos, respetando su autonomía e independencia, con observancia de los tratados internacionales suscritos por Venezuela sobre la materia, suministrándole el apoyo técnico y logístico correspondiente».
 

Basándose en el texto constitucional y en el artículo de la Lope, el Consejo Nacional Electoral creó las normas que regulan los procesos comiciales de los sindicatos, vigentes desde el 1 de agosto de 2009. Según las Normas para Garantizar los Derechos Humanos de los Trabajadores y Trabajadoras en las Elecciones Sindicales, entre las atribuciones del CNE está —además de recibir la notificación de una convocatoria, prestar asesoría técnica y publicar los resultados— decidir sobre los recursos interpuestos contra el proceso electoral. 
 

Según la profesora Nancy Perelló, al menos un 80 % de los sindicatos en el país no han podido legitimar su junta directiva, a pesar de que el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, en su artículo 401, prescribe que la junta directiva de un sindicato ejercerá sus funciones durante el tiempo que se establezca en los estatutos de la organización, pero no podrá excederse a un periodo mayor a 3 años. 
 

En el caso de las federaciones y confederaciones, el lapso será no mayor a 5 años. Asimismo, la ley señala que una vez sea notificada la convocatoria de elecciones, el Poder Electoral oficializará —dentro de los 8 días siguientes a la notificación— el proceso presentado por la organización sindical en la Gaceta Electoral; sin embargo, la realidad es otra. «Está comprobado que en aquellos gremios u organizaciones en las que no hay posibilidades de que las asociaciones sindicales paralelas creadas por el Gobierno puedan tener una participación mayoritaria, los procesos de las organizaciones que sí tienen esa participación son dilatados sistemáticamente por infinidad de excusas que, a veces, son hasta contradictorias por parte del Consejo Nacional Electoral», indica la especialista en derecho laboral. 
 

De la misma manera, Luis Eduardo Díaz, quien también es experto en derecho laboral y profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, considera que el Consejo Nacional Electoral no convoca las elecciones de los sindicatos por una única razón: «Si el Ejecutivo no tiene las condiciones, no tiene la mayoría, en consecuencia, no convocarán, salvo que las condiciones cambien y se pueda, con una elección, llegar a una victoria conducente al proyecto político actual, pero, en términos de un sindicato, de un gremio o del país, no convocarán si no tienen las condiciones para ganar».
 

Sin derecho a negociar
 

Claramente, el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras indica que, mientras los integrantes de la junta directiva de los sindicatos mantengan sus periodos vencidos, «no podrán representar a la organización sindical en actos jurídicos que excedan la simple administración, por tal razón, no podrán presentar, tramitar, ni acordar convenciones colectivas de trabajo, pliegos de peticiones con carácter conciliatorio o conflictivo ni actas convenio». Asimismo establece que los sindicatos no podrán sustituir a sus integrantes de junta directiva por mecanismos distintos al proceso de elecciones, ni modificar sus estatutos para extender el periodo de sus representantes. 
 

Para la profesora Nancy Perelló, la última reforma de la Ley del Trabajo afectó la organización de los sindicatos y gremios profesionales, debido a que se les comenzó a mermar sus atribuciones. «Se incorpora que los sindicatos que no tengan al día sus procesos de elecciones, que no tengan al día el ejercicio de su junta directiva, no podrán ejercer, sino solo labores administrativas; es decir, de mantener la organización del sindicato, pero las atribuciones contempladas por ley para negociar contrataciones colectivas y ejercer el derecho del conflicto colectivo no quedan permitidas». 
 

Recientemente, para la discusión de la contratación colectiva del sector universitario, el Gobierno solo convocó a una federación afecta a su proyecto político, al mismo tiempo que excluyó de la convocatoria a la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela y a 4 federaciones más por considerar que su junta directiva no estaba legitimada. De acuerdo con el profesor Luis Eduardo Díaz, el Ejecutivo utiliza el brazo del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia para que, a través de sus decisiones, mantengan ilegitimadas a las federaciones críticas con el fin legal de excluirlas de las discusiones de los beneficios de los trabajadores. 
 

  
Foto: Archivo  
«El Ejecutivo nacional ha fomentado la constitución de un organismo igualmente paralelo, completamente dominados por él para discutir la convención colectiva con la intención de acordar, evidentemente, de una forma mucho más fácil cualquier convenio colectivo», manifiesta el profesor Luis Eduardo Díaz, tras considerar este acto como una violación al Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva. 
 

Ahora bien, el Convenio 98 —ratificado parcialmente por Venezuela— considera como un acto de injerencia las medidas que fomenten la constitución de organizacionesde trabajadores dominadas por el empleador. «El Gobierno está fomentando una organización paralela con el propósito de favorecer el interés exclusivo del empleador, entiéndase del Ejecutivo nacional», asegura el especialista.  
 

Injerencia del TSJ 
 

Al permitirse que el CNE regule las elecciones sindicales, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia también tiene la competencia para conocer y decidir sobre las demandas que se interpongan contra los actos electorales de sindicatos, organizaciones gremiales y colegios profesionales, así quedó prescrito en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. 
 

Por mencionar algunos casos, la Sala Electoral del TSJ —a través de sus decisiones— ha ordenado suspender las elecciones de la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela (FUTPV), de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), del Sindicato Integral de Trabajadores de Ferrominera del Orinoco (Sintraferrominera), del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y sus Similares (Sutiss) y del Sindicato Bolivariano de Trabajadores del Sector Agrícola, Similares, Afines y Conexos del estado Zulia.  
 

Las decisiones de la Sala Electoral son consideradas como una violación al Convenio 87 de la OIT. El profesor Luis Eduardo Díaz explica que el tratado internacional establece que los sindicatos pueden funcionar sin autorización previa para su constitución. «Es decir, los sindicatos no están condicionados a ninguna autoridad, entiéndase Ejecutivo nacional o el propio Tribunal Supremo de Justicia», expresa. 
 

En segundo lugar, el experto en derecho laboral señala que, de acuerdo al convenio, «los sindicatos tienen la potestad de elegir abiertamente a sus representantes acorde a sus estatutos, no conforme a lo que la Sala Electoral del TSJ disponga o a lo que la directiva del Consejo Nacional Electoral establezca». Agrega que el documento atiene a cualquier autoridad a intervenir en la vida de los sindicatos. «Ninguna organización sindical puede suspenderse por vía administrativa. Eso es lo que establece el convenio, abiertamente violado no solamente por el Tribunal Supremo de Justicia, sino por el Consejo Nacional Electoral y, adicionalmente, por el Poder Ejecutivo».  
 

Choque constitucional 
 

Para el profesor Luis Eduardo Díaz, hay una colisión normativa dentro de la Constitución entre los artículos 293 y 23. El último indica que los tratados, pactos y convenciones relativas a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno. «Ciertamente la Constitución le da la facultad al Consejo Nacional Electoral para organizar las elecciones de los sindicatos y de los gremios, pero ese artículo colide con el 23 de la misma carta magna. Hay una colisión normativa en nuestra propia Constitución».
 

El profesor de LUZ resalta que lo suscrito en el convenio está por encima de la Constitución. «El artículo 23 establece que todos los convenios internaciones relativos a los derechos humanos, entiéndase el Convenio 87, tienen jerarquía constitucional; así que el convenio vale tanto como la Constitución, pero dice algo más: «prevalecen en el orden interno», por lo tanto, el convenio de la Organización Internacional del Trabajo está por encima del artículo 293 de conformidad con lo establecido en el 23 de la Constitución». 
 

La carta magna señala que los tratados internacionales —siempre y cuando contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en la legislación venezolana— son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público. En cuando al Convenio 87, el profesor afirma que es de aplicación inmediata porque su finalidad es preservar la libertad sindical y de asociación, considerados como dos derechos humanos. 
 

«Es de aplicación inmediata porque se trata de un derecho humano, y directamente tiene que ser aplicado por los tribunales, entiéndase también por el Tribunal Supremo de Justicia, que no puede estar más allá de la Constitución», manifiesta Luis Eduardo Díaz, quien agrega que el Convenio 87 debe ser ejecutado por todos los órganos del poder público, inclusive por el Ejecutivo nacional.





Última actualización ( 24-03-2017 a las 14:21:15 )
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