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Tribunales militares: el brazo judicial del Estado para perseguir a la disidencia PDF Imprimir Correo
10-03-2017 a las 12:55:44

A pesar de que la CIDH y otras instancias internacionales han insistido en que los tribunales castrenses trasgreden el debido proceso. Desde el 2005, por decisión de la Sala Penal del TSJ, los civiles que incurran en delitos militares serán imputados bajo la jurisdicción penal militar


Luis Gerardo Petit
 

Como una señal de un claro retroceso en materia de derechos humanos, desde el 2005, y en desconocimiento de la jurisprudencia y criterios que se habían establecidos en el pasado, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió que los civiles, cuando hayan incurrido en los delitos tipificados en el Código Orgánico de Justicia Militar, deben ser juzgados por los tribunales castrenses, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha reafirmado —desde mucho antes de la sentencia— que la jurisdicción penal militar no puede aplicarse a civiles porque sus tribunales no gozan de autonomía, independencia e imparcialidad. 
 

  
Foto: Archivo  
La sentencia ha sido considerada como una involución de la legislación venezolana en esta materia. De acuerdo con el coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia y director de la organización Aula Abierta Venezuela, David Gómez Gamboa, las decisiones del TSJ obedecen a una estrategia del Estado para callar las críticas al Estado desde sus tribunales. «Las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia han legitimado la posibilidad de que civiles sean perseguidos judicialmente desde la jurisdicción penal. Esto obedece a un patrón típico de las dictaduras donde los poderes judiciales, en franca violación no solo de la Constitución, sino de los estándares internacionales de derechos humanos, se convierten en el brazo sancionador y represor de una política dirigida a discriminar, a sancionar a la disidencia y a violar las libertades».
 

Hace un par de meses, otro nombre se sumó a la lista de civiles acusados por la jurisdicción penal militar. El 23 de febrero de 2017, el profesor jubilado de la Universidad de Carabobo, Santiago Guevara, fue acusado de traidor a la patria e instigación a la rebelión, luego de cuestionar el modelo económico y las medidas adoptadas por el Gobierno, y presentar futuros escenarios políticos para el país en varios artículos de opinión.
 

  
  David Gómez Gamboa, profesor de la FCJP
Foto: Archivo

La detención del académico no solo representa una violación a las garantías judiciales del debido proceso, sino que coarta la libertad académica de los universitarios. «Santiago Guevara no solo está siendo víctima de la violación a ser juzgado por un tribunal competente, sino del ejercicio de la libertad académica y de la libertad de expresión, porque un profesor universitario tiene justamente la libertad de indagar, de descubrir conocimientos científicos y de producir opinión para que circule en una sociedad académica y, fundamentalmente, en una sociedad política, porque esa información se necesita para que haya democracia», expresa el profesor David Gómez Gamboa, quien enfatiza que coartar la libertad académica es violar la democracia.
 

Legislación en atraso 
 

La Constitución de la República, en su artículo 261, prescribe que la jurisdicción penal militar es parte integrante del Poder Judicial y que su ámbito de competencia, organización y modalidades de funcionamiento se regirán por el sistema acusatorio y de acuerdo con lo previsto en el Código Orgánico de Justicia Militar, vigente desde el 1 de julio de 1999. Según el sistema acusatorio que establece la ley, la traición a la patria, el espionaje, la rebelión, la sublevación, la insubordinación armada, la deserción en campaña y el abandono del puesto de centinela frente al enemigo son considerados delitos militares. 
 

En 1999, el constituyente delimitó el funcionamiento de la jurisdicción penal militar: «la competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar»; sin embargo, el código al que hace referencia la Constitución en su artículo 261 establece que la jurisdicción penal militar comprende las infracciones militares cometidas tanto por efectivos castrenses como por civiles, mientras que en el artículo 128 señala que si el delito común ha sido cometido por militares y por civiles, como autores principales o cómplices, todos los complicados serán sometidos a la jurisdicción militar.
 

  
Juan Berríos Ortigoza, profesor de la FCJP
Foto: Archivo
 
De acuerdo con el abogado y profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, Juan Berríos Ortigoza, una interpretación adecuada de la mención del artículo 261 de la carta magna significa que esos delitos solo pueden ser cometidos por funcionarios militares. «Aquellos que no sean funcionarios militares deberían ser juzgados por tribunales penales ordinarios, que no tienen esa regulación especial de la que trata la Constitución». Agrega que los tribunales militares tienen una finalidad muy específica: garantizar que los militares se comporten apegados a la misión de preservar la integridad, la independencia y la seguridad de la nación.  
 

Ahora bien, desde antes de que en la actual Constitución se limitara la competencia de estos tribunales, ya la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia había sentado precedente en reiteradas oportunidades al determinar como delitos militares aquellos que atentarán contra los principios de obediencia, subordinación y disciplina de los cuerpos castrenses. 
 

Las decisiones de la Sala Penal, hasta el 2005, mantuvieron al margen a los civiles de la jurisdicción penal militar. En 1981, ante el caso de la periodista María Eugenia Silva —a quien se le pretendió someter ante un tribunal militar por presuntamente haber revelado secretos militares—, la Sala Penal decidió que debía ser juzgada por un tribunal penal ordinario por su condición civil, pero, además, aclaró que la jurisdicción penal ordinaria mantenía su primacía por encima de la militar cuando civiles debían ser investigados por cometer delitos tipificados en el Código Orgánico de Justicia Militar. 
 

Otra sentencia de la Sala Penal —publicada el 13 de julio de 1998— también sentó precedente al dictaminar que la disposición contenida en el Código Orgánico de Justicia Militar no impedía la aplicación del Código Procesal Penal.«[…] la primera es derivada de la segunda. De allí que en presencia de 2 disposiciones semejantes, y ante la condición civil de la persona procesada, debe concluirse que la jurisdicción penal ordinaria recobra su supremacía», así quedó sentado. 
 

Asimismo, en el 2001, ante el caso del ciudadano Pablo Aure Sánchez —quien fue privado preventivamente de su libertad por orden de un fiscal militar del Consejo de Guerra de Caracas por la presunta comisión de ultraje al centinela, a la bandera y a la Fuerza Armada, luego de haber publicado un artículo de opinión en un diario de circulación nacional—, el máximo tribunal, basándose en el artículo 7 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece que toda persona debe ser juzgada por sus jueces naturales, y en la condición civil del acusado, dictaminó que la jurisdicción penal ordinaria recobraba su primacía y que ésta debía juzgarlo. «El tribunal de control competente para seguir la averiguación contra el ciudadano Pablo Parquet Aure Sánchez es el juzgado cuarto del circuito judicial penal del área metropolitana Caracas», así lo declaró la sala. 
 

Jueces designados
De acuerdo con el artículo 24 del Código Orgánico de Justicia Militar, los cargos de la jurisdicción militar son obligatorios para los militares, por tanto, quienes presidan la Corte Suprema de Justicia, la Corte Marcial, los Consejos de Guerra Permanentes y Accidentales, así como los jueces militares de primera instancia permanente y los jueces accidentales de instrucción serán efectivos castrenses elegidos por el presidente de la República y por el ministro de la defensa, quienes —junto a los comandantes de las jurisdicciones militares y navales— son los funcionarios de la justicia militar.
En la misma sentencia, también se aclaró que la justicia militar es de naturaleza especial, por lo tanto, solo es aplicable a militares que hayan cometido infracciones militares. «Los tribunales militares son especiales o especializados, y no tribunales de excepción o ad hoc, ya que los mismos forman parte integrante del Poder Judicial». 
 

Las justificaciones posteriores a las decisiones de la Sala de Casación Penal, desde el punto de vista del abogado Juan Berríos, solo han servido para justificar y legitimar que un tribunal militar condene a un civil. «Hay una serie de irregularidades que se han venido normalizando y luego intensificándose por una política de persecución que ha venido realizando el Gobierno. Es tan irregular que un tribunal militar resuelva asuntos de delitos cometidos por civiles, como el hecho de que un civil esté en una cárcel militar».
 

Agrega que los cambios obedecen a una estrategia para llevar ciertos delitos a tribunales militares, debido a que su funcionamiento es distinto al de un tribunal ordinario. «Sus jueces y fiscales son nombrados de una manera diversa, y eso puede afectar la independencia de esos funcionarios. Entonces, al afectar la independencia y la imparcialidad de la justicia militar, no podemos esperar que haya efectivamente un trato justo y equilibrado con las personas que están siendo acusadas». 
 

Violación al debido proceso 
 

La Constitución de la República señala que el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas, por tanto, «toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley». En el mismo artículo —el 49—, el constituyente estableció que ninguna persona podrá ser procesada por tribunales de excepción. 
 

A través de su jurisprudencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha insistido en que los tribunales militares no satisfacen los principios de independencia para aplicar procesos judiciales a civiles, debido a que su finalidad es sancionar los delitos militares cometidos únicamente por integrantes de la comunidad militar. «En la jurisprudencia interamericana se ha dicho con bastante insistencia que un tribunal militar no es un tribunal lo suficientemente independiente e imparcial. Ya eso es un indicador para determinar si una persona es responsable penalmente de haber cometido un delito porque, además, no es un juez natural, que es una garantía que está establecida no solamente en la Constitución, sino también en la Convención Americana de los Derechos Humanos», expresa el profesor Juan Berríos. 
 

En ese sentido, el profesor David Gómez Gamboa afirma que someter a un civil a la justicia penal militar significa una violación al debido proceso que establece la carta magna y los tratados internacionales. «La garantía judicial del debido proceso y de ser juzgado por un juez natural está siendo violada porque ningún civil, bajo ninguna circunstancia, ni siquiera por la imputación de delitos de orden militar, puede ser sometido al conocimiento de procedimientos judiciales por parte de fiscalías y jueces militares». 
 

Aún más grave, el profesor Juan Berríos Ortigoza manifiesta que presentar a civiles ante la justicia militar se ha convertido en una práctica que limita las posibilidades de la defensa, debido a que el tribunal no es el competente. «Es un tribunal que no corresponde por la materia o por el tipo de persona a quien se le ha imputado o se le acusa de determinado tipo de delito». 
 

Ambos profesores coinciden en que el derecho que tiene toda persona a ser procesada judicialmente a través de tribunales naturales está siendo vulnerado. «Utilizar tribunales militares para juzgar a civiles, sin duda alguna, nos pone como un Estado forajido ante la comunidad internacional», así lo asegura el profesor David Gómez Gamboa, debido que esta práctica ha sido denunciada y advertida por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el grupo de trabajo de las Naciones Unidas contra las Detenciones Arbitrarias y el Comité contra la Tortura, Tratos Crueles y Degradantes. 





Última actualización ( 09-05-2017 a las 11:50:10 )
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