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Afirman que la Lopre desvirtuó el sistema electoral venezolano PDF Imprimir Correo
17-02-2017 a las 09:11:54

Modificar la Ley Orgánica de Procesos Electorales evitaría la discrecionalidad del CNE en la convocatoria de elecciones. Especialistas recomiendan incluir en la ley las condiciones para impedir que se prorroguen o adelanten los comicios por parte del ente electoral


Luis Gerardo Petit


Desde la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) —aprobada en 2009 por la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional—, en Venezuela se legalizó un sistema electoral mayoritario para elegir a los representantes de los cuerpos colegiados, contrario a la personalización del sufragio y a la representación proporcional que establece la Constitución en su artículo 63.  
 

Foto: Archivo
Según los investigadores del programa Integridad Electoral Venezuela de la Universidad Católica Andrés Bello —quienes se basan en los resultados de los 2 últimos comicios parlamentarios para determinar que el actual sistema no se corresponde con los principios de proporcionalidad y personalización del voto—, la Lopre desvirtuó el sistema electoral venezolano transformándolo en un sistema mayoritario. 
 

De acuerdo con el profesor Henry Vaivads, investigador del Instituto de Estudios Políticos y Derecho Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, el sistema electoral venezolano se comporta como un sistema mayoritario, que afecta la representación proporcional. «Nosotros tenemos evidencia de que el sistema se comporta como un sistema mayoritario; que aun cuando se diga que incluye dentro de la norma un sistema de carácter proporcional y otro nominal, sin embargo, en la práctica se comporta como un sistema mayoritario que no cumple con lo establecido en la Constitución y, por lo tanto, es inconstitucional». 
 

A su juicio, establecer los principios de proporcionalidad y representación personalizada en la Constitución fue un error del constituyente porque ha sometido a una «rigidez enorme» al sistema electoral venezolano. «Se colocaron esos 2 principios en la Constitución y eso es inmodificable; es decir, que si la realidad política en estos momentos dictara que lo ideal fuese un sistema absolutamente proporcional o un sistema absolutamente mayoritario, no se puede hacer porque la Constitución lo prohíbe». Agrega que si el sistema electoral es la expresión de una realidad política —como lo establece la carta magna—, debe ser lo suficientemente manejable
 

Henry Vaivads    
«El constituyente cometió un error al incluir el tipo de sistema electoral dentro de la Constitución», Henry Vaivads.
Foto: Eloy Hernández 
 

Como una corrección al sistema actual, Vaivads considera que se debe modificar la carta magna. «Debemos sacar de la Constitución esos 2 principios y trasladarlos a la ley. Creo que no deben estar allí; eso debe estar en la Ley Orgánica de Procesos Electorales porque cambiar una ley orgánica es mucho más fácil que cambiar un artículo de la Constitución, por lo tanto, desde el punto de vista política, es mucho más práctico». Asimismo, expresa que el principio de proporcionalidad y representación personalizada aparecen en el texto constitucional con el mismo peso. «Si hay que hacer una reforma a la Lopre, esa pasa necesariamente por reformar la fórmula electoral; es decir, para tratar de que la ley exprese efectivamente lo que está en la Constitución, que es un equilibrio entre la representación proporcional y la representación personalizada».
 

Sistema sobrerrepresentado 
En las elecciones parlamentarias del 2010, el Partido Socialista Unido de Venezuela obtuvo el 67 % de las curules con el 48 % de los votos, mientras que la Mesa de la Unidad Democrática, en las elecciones de 2015, logró el 67 % de los escaños con el 55 % de los votos. En ambos casos —según los especialistas del programa Integridad Electoral Venezuela de la Universidad Católica Andrés Bello— la distorsión de los resultados es consecuencia de un sistema electoral que no atiende a los principios de proporcionalidad y personalización del voto que establece la Constitución.
Por su parte, el profesor Juan Berríos Ortigoza, investigador de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, asevera que el sistema actual no respeta la proporcionalidad, pero enfatiza que no es un error de la Constitución. «Lo que debe hacer el legislador y el Consejo Nacional Electoral es garantizar que esos principios se cumplan». A su juicio, «lo que existe es un sistema electoral paralelo que está establecido en la Ley Orgánica de Procesos Electorales». Explica que en la Lopre se legitimó la práctica electoral conocida como «las morochas», que en el pasado perjudicó a las medianas y pequeñas organizaciones políticas, que quedaban sin ninguna representación en la Asamblea Nacional a pesar de haber obtenido entre el 10 y 15 % de los votos.
 

Actualmente, el sistema electoral para elegir o designar a los cuerpos colegiados —explica el profesor Juan Berríos— está orientado hacia un sistema mayoritario, pero tampoco cumple todas las características porque es inestable. «Esa propuesta que está allí, en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, puede que beneficie a la mayoría, pero puede que no porque es una fórmula que no tiene mayor lógica matemática o de representación de la gente». Advierte que la representación del voto tampoco está asegurada por la manera en que se vota una parte de los diputados de la Asamblea Nacional, que es el voto lista que no permite ver los nombres de los candidatos
 

Convocatoria a elecciones 
 

El retardo en la convocatoria de elecciones, así como la falta de imparcialidad en la aplicación de las normas y las regulaciones establecidas en los instructivos para cada contienda por parte del Consejo Nacional Electoral atentan contra los principios de igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia que deben regir —según la Constitución de la República— el sistema electoral venezolano.
 

En la actualidad, la Ley Orgánica de Procesos Electorales prescribe que la convocatoria de elecciones «es el acto público mediante el cual el Consejo Nacional Electoral fija la fecha de la elección para los cargos de elección popular en concordancia con los periodos constitucionales legalmente establecidos». Ahora bien, según un grupo de investigadores del Proyecto Integridad Electoral Venezuela —quienes elaboraron el informe Propuestas para una reforma electoral. Buscando la integridad electoral en Venezuela—, el ejercicio de esta potestad se ha traducido en la discrecionalidad del CNE para decidir el momento y cuándo se convocará a una elección. 
 

Juan Berríos Ortigoza    
«Lo que existe es un sistema electoral paralelo que está establecido en la Ley Orgánica de Procesos Electorales», Juan Berríos Ortigoza.
Foto: Eloy Hernández
 
El profesor Juan Berríos Ortigoza —quien participó en el informe sobre las propuestas de reforma electoral realizadas por los investigadores de la Universidad Católica Andrés Bello y otras organizaciones civiles— considera que la ley le da «demasiada discrecionalidad» al CNE para convocar un proceso electoral, a pesar de que la Constitución establece de manera explícita los periodos constitucionales de los gobernantes. En el caso de los gobernadores y legisladores —que en actualidad continúan en funciones porque no se han convocado nuevas elecciones—, la carta magna establece 4 años. «Eso es un límite constitucional que debe verse como una obligación, pero lo cierto es que, en la ley, los plazos para la convocatoria son bastante flexibles con respecto a la discrecionalidad del CNE para fijar la fecha de la elección». 
 

Para evitar que el Consejo Nacional Electoral retrase o adelante la convocatoria y realización de una contienda electoral, el grupo de investigadores del Proyecto Integridad Electoral Venezuela plantea como una solución que el órgano electoral fije y haga público, tanto en la Gaceta Electoral como en la Gaceta Oficial de la República, la convocatoria con al menos 6 meses de anticipación a la fecha de las elecciones. «Es un tema bastante preocupante porque deja a la voluntad del Consejo Nacional Electoral, que es un mero gestor de la elección, ser un órgano que decide sobre esa elección, y quien decide la elección es la Constitución y la voluntad de las personas», advierte el profesor Juan Berríos.  
 

Desde 1958, la tradición electoral en el país ha sido realizar las elecciones (nacionales, regionales y municipales) el domingo de la primera quincena de diciembre del año anterior a la finalización del periodo constitucional, salvo en los casos donde ha ocurrido una terminación anticipada del mandato. Modificar la Lopre para incluir estos argumentos evitaría —según las propuestas de los investigadores— la demora por parte del ente electoral para oficializar nuevos comicios en el país, debido a que si se establecen las condiciones de la convocatoria en la ley, no podrán ser modificadas por el CNE.  
 

Configuración de circuitos 
 

Cuando el Consejo Nacional Electoral convoque finalmente las elecciones regionales, los venezolanos elegirán a los gobernadores y legisladores estatales a través de circunscripciones electorales creadas por el ente comicial. Según el grupo de investigadores del proyecto Integridad Electoral Venezuela, la configuración de  los circuitos electorales ha sido uno de los temas más polémicos en los últimos procesos debido a la «amplísima discrecionalidad» del árbitro electoral. 
 

En 2015, para las elecciones parlamentarias, el CNE no modificó las circunscripciones de votación con respecto a los comicios del 2010, pero sí la cantidad de diputados a elegir en algunos circuitos con base a criterios poblacionales cuestionados por diversas organizaciones civiles. De acuerdo con la Lopre, para la elección de cargos nacionales y estatales, «la circunscripción electoral podrá estar conformada por un municipio o agrupación de municipios, una parroquia o agrupación de parroquias, o combinación de municipio con parroquias contiguas y continuas de un mismo estado, a excepción de las circunscripciones indígenas las cuales no tendrán limitación de continuidad geográfica». 
 

Asimismo, la ley establece que en los municipios o parroquias de alta densidad poblacional, las circunscripciones podrán conformarse en comunidades o comunas, considerando la dinámica política, económica, social y cultural de esos espacios. Ante ese aspecto, los investigadores proponen que sea suprimido de la ley, debido a que en el país no existe una delimitación geográfica de las comunidades ni de las comunas.  
 

Otro aspecto que debe ser reforzado en la Lopre —según los especialistas del programa Integridad Electoral Venezuela— es el artículo 19 al plantear que el diseño de las circunscripciones electorales debe ser el resultado de un concurso público. «De esta forma, se reduciría la discrecionalidad del CNE para conformarlas. Una propuesta es que se elija la fórmula que aplique con mayor precisión posible los índices poblacionales para cada estado o municipio. Además, se debe considerar que en una misma entidad, las circunscripciones no tengan una diferencia de electores mayor o menor del 5 % con respecto al promedio de habitantes por circunscripción en la entidad federal respectiva, es decir, que exista balance poblacional entre las diversas circunscripciones». 





Última actualización ( 20-02-2017 a las 08:58:19 )
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