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Gobierno desconoce la Ley de Universidades al centralizar el Sistema Integral de Salud PDF Imprimir Correo
13-01-2017 a las 09:55:19

La Opsu administrará directamente las partidas correspondientes al HCM básico de 21 instituciones de educación universitaria. En el caso de LUZ, UNEG y la UNELLEZ se mantendrán los fondos autoadministrados 


Luis Gerardo Petit 


HCM

Foto: Archivo
Pese a que la Ley de Universidades señala en su artículo 114 que las universidades establecerán sus sistemas de protección para cubrir los riesgos de enfermedad, muerte o despido del personal docente y de investigación, y que las universidades deben abogar para que los familiares también se beneficien en «todos aquellos servicios médicos o sociales que se presten a través de sus institutos o dependencias», el Gobierno desconoció lo señalado en el documento legal al conformar un «sistema de salud integral» sin consultar a las autoridades y gremios universitarios para administrar la cobertura básica de salud del sector universitario.  
 

El 28 de diciembre de 2016, el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (MPPEUCT), a través del Viceministerio para el Vivir Bien Estudiantil y la Comunidad del Conocimiento —presidido por Eulalia Tabares Roldán—, emitió una circular a las autoridades de las distintas instituciones de educación universitaria para informar sobre la implementación de 2 modalidades para la atención médica de los profesores, empleados y obreros, a partir del 1 de enero de 2017: un sistema autoadministrativo y otro administrado por terceros
 

De acuerdo con la circular, todos los trabajadores de las instituciones de educación universitaria serán atendidos mediante el denominado sistema autoadministrado, a través de la plataforma y enlace del Sistema Integral de Salud del Ministerio del Poder Popular para la Educación (SISME); sin embargo, se desconoce —porque no se detalla en el documento— el alcance de este servicio. Los Colegios Universitarios, los Institutos Universitarios de Tecnología y las Universidades Politécnicas Territoriales serán atendidas por la aseguradora Bolivariana de Seguros, mientras que un grupo mayor de universidades, entre las que destacan la Universidad de Carabobo (UC), la Universidad Central de Venezuela (UCV), la Universidad de Oriente (UDO), la Universidad de Los Andes (ULA), la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt (UNERMB), la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET) y la Universidad Simón Bolívar (USB) serán atendidas por la empresa Seguros Horizonte.
 

En el caso de la Universidad del Zulia (LUZ), la Universidad Experimental de Guayana (UNEG) y la Universidad Nacional Experimental de Los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora (Unellez) se mantendrá el sistema autoadministrado de cada universidad para la atención de los distintos requerimientos de salud. 
 

De acuerdo con Edwin Pérez, director del Servicios Médico-Odontológicos (SMO) de la Universidad del Zulia, la razón por las que el Gobierno excluyó a la universidad del sistema centralizado de salud se debe a que las coberturas del SMO —en el caso del personal administrativo— y del IPPLUZ —en el caso del personal docente y de investigación— son ilimitadas. «La Universidad del Zulia es la única universidad que goza en su convenio colectivo interno, desde antes que surgieran las convenciones colectivas, un monto ilimitado de cobertura para la salud, por tal motivo, el Gobierno vio en la obligación de respetar los servicios de salud autoadministrados por el IPPLUZ y por el SMO porque evidentemente son beneficios que superan cualquier otro seguro». 
 

Además, para Edwin Pérez, las razones llevaron al Gobierno a unificar el sistema de salud en algunas empresas de seguros se debe a la idea de monopolizar toda la atención de salud en las diferentes universidades e institutos de educación universitaria. «El Gobierno ya venía anunciando desde hace dos años que eso se iba a implementar; sin embargo, las veces que el Gobierno asomó esa posibilidad, los gremios y las autoridades de la universidad hicieron la salvedad de que nuestros sistemas de salud son de más amplia cobertura, por eso el Gobierno se vio en la obligatoriedad de excluirnos de esa centralización y dejarnos autoadministrados», indica Pérez.   
 

Violación a la autonomía 
 

Servicios de salud universitarios    
Foto: Archivo  
A raíz de esta medida, las partidas destinadas para los requerimientos de salud de las universidades bajo el sistema autoadministrado y el fondo administrado por terceros serán ejecutadas directamente por la Oficina de Planificación de Sector Universitario (Opsu), por tanto, las universidades no podrán contratar ningún otro servicio de salud, a pesar de que el artículo 9 de la Ley Orgánica de Universidades le otorga a las universidades autonomía organizativa, económica y financiera para administrar su patrimonio. 
 

Para la organización civil Aula Abierta Venezuela, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes y la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, la medida del MPPEUCT representa «una expresa flagrante y manifiesta violación a la norma constitucional». Destacan que mal pudiera una circular de carácter administrativo modificar una disposición normativa con rango constitucional, «pues lo contrario representaría una nueva violación del ordenamiento jurídico y una trasgresión del principio de la supremacía constitucional». 
 

En este sentido, Aula Abierta Venezuela, el Observatorio de Derechos Humanos de la ULA y la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de LUZ alertaron a los trabajadores de las universidades a rechazar la medida. «Resulta imperativo activar mecanismos para evitar que medidas como estas atenten contra los derechos humanos, como el de la salud y potencialmente el derecho a la vida. Igualmente, es necesario revisar la decisión que resulta arbitraria y excluyente, al entregar a terceros ligados al Gobierno nacional competencias que ya eran administradas por los propios universitarios». 
 

Artículo 144 de la Ley de Universidades
«Las Universidades deben protección a los miembros de su personal docente y de investigación y procurarán, por todos los medios, su bienestar y mejoramiento. A este fin, la Universidad establecerá los sistemas que permitan cubrir los riesgos de enfermedad, muerte o despido; creará centros sociales, vacacionales y recreativos; fundará una caja de previsión social, y abogará porque los miembros del personal docente y de investigación, así como sus familiares, se beneficien en todos aquellos servicios médicos o sociales que se presten a través de sus institutos o dependencias»
Aunque en el documento firmado por la viceministra Eulalia Tabares se resalta que la medida se tomó para dar cumplimiento a las cláusulas 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 y 60 de la Segunda Convención Colectiva Única (IICCU), la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV) considera que el MPPEUCT viola «una vez más» las Actas Convenio y la contratación colectiva en materia de previsión social. «En la Universidad Central de Venezuela, la administración de la cobertura de salud previsional de los profesores forma parte de un Sistema de Atención Médico Hospitalaria Integral (SAMHOI), que ha obtenido resultados altamente eficientes, diseñado y gerenciado bajo el amparo de la autonomía que le otorga la Constitución de la República de Venezuela a las Universidades», manifesta Víctor Márquez, presidente de la APUCV, quien rechaza la «pretensión del ministerio de intentar violar la autonomía y de afectar nuestro actual sistema previsional e imponernos otros mecanismos pocos confiables». 
 

De acuerdo con la APUCV, la medida solo se refiere al HCM básico establecido en la IICCU: 200 mil bolívares para hospitalización y cirugía, y 150 mil bolívares por el concepto de maternidad. «Dicho monto era enviado a las universidades vía presupuesto ordinario. En el caso de la UCV, el Vicerrectorado Administrativo lo transfiere al Instituto de Previsión de los Profesores (IPP). De ejecutarse esa medida, la Opsu dejaría de transferir esa partida a las universidades, debido a que el HCM básico será gestionado por Seguros Horizontes», advierte la asociación a través de un comunicado. 
 

Por su parte, la junta directiva de la Asociación de Profesores de la Universidad de Los Andes (APULA) considera que las condiciones de la medida son totalmente desconocidas; además aseguran que la empresa Seguros Horizontes «no posee convenio con la mayoría de las clínicas privadas en el país, ni es aceptada en las principales instituciones prestadoras de servicios de salud. Consideramos que esta medida, tomada en periodo vacacional, representa una acción improvisada y constituye una violación de nuestras condiciones laborales perjudicando severamente al personal docente y de investigación de la ULA», aseveró la asociación a través de un comunicado. 
 

Calificaron la medida como inconsulta y unilateral, además de inconstitucional. «Representa un acto ilegal, que confisca el presupuesto de la universidad, siendo esto una violación de la autonomía universitaria. Rechazamos categóricamente esta decisión por ser inconstitucional, ilegal y violatoria de la autonomía universitaria, debido a que desmejora de forma notoria los servicios de HCM que disfrutamos los profesores universitarios y nuestros familiares».
 

Asimismo, Keta Stephany, secretaria de actas e información de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv), considera que la circular del MPPEUCT establece directrices que violan la Constitución y la IICCU. A su juicio, la medida «es un mecanismo de apropiación indebida» por parte del ministerio de las partidas destinadas a la salud de los universitarios. Asegura que los institutos de previsión de las universidades han demostrado más eficiencia y efectividad que las aseguradoras y el ministerio. «La solución a la grave crisis actual de los servicios de salud de las universidades venezolanas no es violar la autonomía universitaria ni crear parapetos ministeriales», asegura. 





Última actualización ( 13-01-2017 a las 14:51:56 )
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