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Gobierno vulnera la libertad académica de los universitarios PDF Imprimir Correo
24-11-2016 a las 12:02:14

Pese a que el Estado está obligado a garantizar una educación de calidad, el presupuesto deficitario otorgado a las universidades autónomas del país afecta el acceso a la educación superior


Luis Gerardo Petit
 

El deficitario presupuesto aprobado por el Gobierno nacional a las universidades autónomas del país lesiona la libertad académica, la calidad educativa, el acceso a la educación y la autonomía universitaria; así quedó evidenciado en el informe Libertad académica y derechos humanos, elaborado por la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia y Aula Abierta Venezuela, con la finalidad de evidenciar las violaciones a derechos humanos por parte del Estado venezolano vinculados a la actividad universitaria.  
 

Para el año fiscal 2017, el Gobierno —en el caso de la Universidad del Zulia— aprobó solo 25 mil millones de los 62 mil millones de bolívares solicitados por la institución, que serán distribuidos para cubrir 6 meses de gasto de personal, 4 meses para gastos de funcionamiento y 9 meses para servicios y becas estudiantiles. Con respecto al 2016, a LUZ le asignaron poco más de 3 mil millones de bolívares, un 24 % del presupuesto solicitado, mientras que en el 2015,  se le aprobó 2 mil millones de bolívares mediante la Ley de Presupuesto y 8 mil millones de bolívares por crédito adicional, modalidad que dificulta la planificación y programación de las actividades dentro de la institución. 
 

  
  Foto: Archivo
La calidad educativa en las universidades públicas es uno de los derechos más afectados por los recortes presupuestarios, que afectan el desempeño de la academia. «La calidad educativa se mide por el acceso a recursos instruccionales óptimos y las nuevas tecnologías, entonces, con un déficit presupuestario significativo, que solo alcanza para pagar sueldos y salarios, la calidad educativa se menoscaba», expresa Ronald Chacín, investigador y profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas (FCJP-LUZ); además, afirma que, después de la investigación, se llegó a la conclusión que los 4 derechos fundamentales en la actividad universitaria —libertad académica, calidad educativa, acceso a la educación superior y autonomía universitaria— están siendo severamente afectados. «La conclusión es el menoscabo de estos derechos. Quizás los más golpeados y los más lesionados, por los hallazgos encontrados, es la calidad educativa, por la delincuencia dentro del campus universitario y el déficit presupuestario, y el acceso a la educación superior».
 

Por su parte, David Gómez Gamboa, profesor de la  FCPJ-LUZ, manifiesta que las universidades han sido las grandes víctimas de los recortes presupuestarios. «Han sido absolutamente arbitrarios». Enfatiza que la actividad académica ha sido lesionada. «Una universidad que no tiene presupuesto, lamentablemente, es una universidad que no puede cumplir sus funciones, y eso lo vemos en la merma de los productos en materia de investigación, en la docencia y en las actividades de extensión». En ese sentido, el profesor Ronald Chacín afirma que el problema presupuestario perjudica la gratuidad de los servicios estudiantiles, por tanto, lesiona «de una manera brutal» la libertad académica, el acceso a la educación y la calidad educativa. «Los servicios estudiantiles están prácticamente abandonados, cesados, paralizados. De las 40 unidades de transporte estudiantil, solamente 2 están operativas, y esas tienen problemas de cauchos y vidrios delanteros». 
 

Fuga de talento y deserción 
 

Entre los hallazgos de la investigación realizada por Aula Abierta Venezuela y la Comisión de Derechos Humanos de la FCJP-LUZ, también se encuentra la deserción estudiantil y el éxodo de profesores. En el primer caso, el aumento se atribuye a factores internos y externos de las instituciones de educación superior. El déficit presupuestario que ha afectado los servicios estudiantiles (transporte, comedores y becas), la inseguridad dentro de los recintos universitarios y en los centros urbanos del país, y la situación política y económica de la nación. 
 

«Al lesionarse la calidad educativa y el acceso a la educación, porque los servicios ya no son gratuitos, evidentemente, trae un problema de deserción; además, la inseguridad dentro de campus universitario también aumenta este problema», asegura el profesor Ronald Chacín, quien explica que la deserción —según cifras provistas por el Vicerrectorado Académico de LUZ y por la Dirección de Pregrado Central—  comienza en 2012 con un 20 %. En la actualidad, es de 30 % en todas las facultades. «Las causas de deben a que muchos estudiantes, en su mayoría foráneos, tienen que dejar de estudiar para trabajar o porque no tienen los recursos económicos para cursar los estudios». 
 

En cuanto a la fuga de profesores, las causas se originan en la búsqueda de mejores condiciones salariales en el exterior. «Un profesor universitario en Venezuela gana entre unos 20 y 40 dólares al mes al cambio no oficial, mientras que en el exterior, gana entre 2 mil y 5 mil dólares al mes», explica el profesor David Gómez Gamboa, quien asegura: «una universidad sin profesores, que pareciera que ese es el proyecto del Gobierno, es una universidad muerta». 
 

Violación a la autonomía 
 

De acuerdo con la Observación General N° 13 sobre el derecho a la educación de la Organización de las Naciones Unidas, para el disfrute de la libertad académica es imprescindible la autonomía de las instituciones de educación superior. Desde el 24 de noviembre de 2011, el Gobierno nacional, a través de la sentencia 134 de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), mantiene suspendidos los comicios para elegir a la representación del gobierno y cogobierno en las universidades autónomas del país. La medida —extendida por 5 años y que ha mantenido a las actuales autoridades en ejercicio desde el 2008— es considerada por el profesor David Gómez Gamboa como una restricción y violación a la autonomía universitaria. «Desde el punto de vista jurisprudencial, hay unas restricciones y represarías sumamente preocupante contra las universidades». Agrega que las universidades no pueden cumplir con lo establecido en el marco de la autonomía universitaria por la sentencia del TSJ. «Las universidades, a raíz de esa decisión, no pueden darse su propio gobierno. Eso es sumamente preocupante porque, inclusive, la prohibición limita a los estudiantes a elegir a sus autoridades». 
 

El 5 de noviembre de 2016, el ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Jorge Arreaza, manifestó que las instituciones de educación superior deben «priorizar» las carreras que imparten. «Las universidades del país deben comenzar a priorizar las carreras que de verdad necesita Venezuela. No es que todo el mundo va a estar estudiando Derecho, Medicina y Administración, que son la gran demanda […] necesitamos gente que sepa de Agronomía, gente que de verdad pueda colaborar con la activación y expansión de cada uno de los 15 motores de la Agenda Económica Bolivariana». Asimismo, el 27 de septiembre de 2016, el presidente de la República, Nicolás Maduro, declaró: «Vamos a alinear toda la educación universitaria. No puede ser que estemos graduando 100 mil abogados […] en los últimos años, hemos graduado un millón de administradores, ¿qué van a administrar? Necesitamos ingenieros civiles, agrónomos, nucleares». 
 

Represión de estudiantes
Otra de las violaciones a los derechos humanos de los universitarios —según Aula Abierta Venezuela— es la represión de las protestas estudiantiles y las violaciones al campus universitario por parte de los organismos de seguridad del Estado. De acuerdo con el profesor Ronald Chacín, entre los hallazgos de la investigación, se constató que se está «repitiendo el mismo patrón de la represión de las protestas estudiantiles del 2014». Entrecomillados
Tras estas declaraciones, Aula Abierta Venezuela, la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia (LUZ) y el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ULA), mostraron su preocupación a través de una carta pública por considerar que se atenta contra la autonomía universitaria y la libertad de elección de los ciudadanos en el ámbito profesional. «Estas declaraciones atentan contra la autonomía universitaria de la cual gozan las universidades nacionales que imparten las carreras de Derecho y Administración de Empresas; además, contra la libertad de elección de los ciudadanos en el ámbito profesional, así como el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad».
 

Según el profesor David Gómez Gamboa, es una declaración «arbitraria» que viola la autonomía de las universidades. «En todo caso, no se han hecho estudios ni revisiones de las necesidades y en qué áreas específicas se deben formar a los estudiantes del país». En el comunicado —enviado a los Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de LUZ y la ULA—, se señala que la política educativa del sector universitario no puede cambiarse por la percepción del Ejecutivo. «Debe hacerse un estudio detallado sobre la formación de los profesionales en todas las áreas, para diseñar estrategias que orienten a los bachilleres a formarse en las carreras que impulsen el desarrollo económico y social del país; además, el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología tiene la obligación y responsabilidad de reunirse con los rectores de las universidades para diseñar y delinear las estrategias de política pública del sector universitario». 
 

Estas pretensiones del Gobierno no solo vulneran la libertad académica de los universitarios, sino que atenta contra el libre desarrollo científico de los ciudadanos, según el profesor David Gómez Gamboa. «Es un Gobierno que asfixia a las universidades para la construcción de un proyecto hegemónico, donde el Gobierno manda y dice lo que se hace, y nadie pueda pensar ni producir conocimiento, sino cuando se corresponda con sus lineamientos». Enfatiza en que la universidad es contraria a una sola visión ideológica. «Decir que  la universidad debe ir hacia el socialismo desnaturaliza la función natural de las propias universidades, que es abrirse a todas las corrientes del pensamiento. Ese es el concepto de universidad». 
 

Derechos universitarios en el EPU
 

En el segundo ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) de la Organización de las Naciones Unidas, realizado el 1 de noviembre de 2016, el Estado Venezolano recibió más de 10 recomendaciones en materia de libertad académica y acceso a la educación. Eslovenia instó al Gobierno venezolano a reformar la Ley Orgánica de Educación para el cumplimiento de las normas internacionales de protección del derecho a la autonomía y a la libertad académica, mientras que Palestina recomendó adoptar las medidas necesarias para garantizar que la educación promueva el respeto de los derechos humanos y la participación en una sociedad libre. Israel, Guatemala, China, Sudán del Sur y Perú también sugirieron al Estado venezolano mejorar la infraestructura educativa e incrementar la inversión en materia de educación. 
 

Tras estas recomendaciones, que no han sido aceptadas por el Estado venezolano, 15 organizaciones no gubernamentales, entre ellas, Aula Abierta Venezuela, la Comisión para los Derechos Humanos de la Universidad del Zulia y el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes, instaron al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, así como al Ministerio del Poder Popular para la Educación, a aceptar las recomendaciones de los países en materia de educación ofrecidas en el Examen Periódico Universal. 





Última actualización ( 25-11-2016 a las 14:42:47 )
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