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¿Omisión legislativa o judicial? PDF Imprimir Correo
21-10-2016 a las 10:44:43

Afirman que la omisión de pronunciamiento por parte de la Sala Electoral ante la impugnación de los diputados del estado Amazonas es un castigo contra la Asamblea Nacional


Luis Gerardo Petit 

 

A través de la sentencia N.° 814, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) reiteró que los actos de la Asamblea Nacional, incluyendo las leyes que sean sancionadas, son «absolutamente nulas y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica», mientras el Parlamento mantenga el desacato a la sentencia 260 de la Sala Electoral, que suspendió la incorporación de los 3 diputados del estado Amazonas y del representante indígena de la región sur.

 

  
  Foto: Archivo
Basándose en esta ratificación —publicada el 11 de octubre de 2016—, la máxima instancia decidió que el presidente de la República, facultado por la Ley de Estado de Excepción y Emergencia Económica, presente el presupuesto para el año fiscal 2017 ante el TSJ para su aprobación, bajo la forma de un decreto ley. 

 

De acuerdo con Juan Berríos, abogado constitucionalista y profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, el problema de fondo radica en que la Sala Electoral del TSJ no ha resuelto la impugnación de los 3 diputados del Amazonas y del representante indígena región sur. «La Asamblea Nacional no puede actuar porque el TSJ se ha tardado más de lo previsto en las leyes que establecen los procedimientos judiciales para resolver esa situación». Agrega que si la Sala Electoral —de acuerdo a la Ley Orgánica de Estatutos Electorales y de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia— hubiese resuelto las impugnaciones, la Asamblea Nacional ya estaría en funciones. «Esa omisión de pronunciamiento del TSJ se está convirtiendo en un castigo contra la Asamblea Nacional», aseguró.
 

Sin embargo, para Jesús Silva, quien también es abogado constitucionalista, el TSJ intervino para resolver la situación del presupuesto nacional, debido a que el Parlamento desacató la sentencia 260 de la Sala Electoral, y como resultado de ello, se generó la nulidad de todos sus actos legislativos. «El artículo 336 numeral 7 de la Constitución contempla la omisión legislativa dictada por el Tribunal Supremo de Justicia a través de su Sala Constitucional. Esta es la herramienta principal para resolver la actual situación del presupuesto nacional». Agrega que la Asamblea Nacional incurrió en omisión legislativa por no cumplir con sus obligaciones. «Afortunadamente, la Constitución contiene mecanismos para impedir el golpe parlamentario contra el presupuesto intentado por la mayoría opositora que manipula temerariamente la Asamblea Nacional, de modo que Venezuela tendrá un presupuesto anual aprobado, que garantice la buena marcha de la nación». 
 

¿Apegada a la Constitución?
 

El profesor Juan Berríos considera que la decisión de la Sala Constitucional está al margen de la carta magna porque es «absolutamente falso» que el presidente de la República tenga una habilitación legislativa durante la vigencia del estado de excepción. «No es cierto lo que dice la Sala Constitucional. El presidente solo puede dictar leyes previa habilitación de la Asamblea Nacional mediante una Ley Habilitante. Es el único órgano que le puede otorgar esa potestad extraordinaria al presidente de la República para dictar decretos leyes». Sin embargo, para Jesús Silva, el estado de excepción y emergencia económica sí confiere poderes extraordinarios al presidente «para salvar al país frente a la crisis económica». 
 

De acuerdo con la Constitución de la República, entre las funciones de la Asamblea Nacional están: «discutir y aprobar el presupuesto nacional y todo proyecto de ley concerniente al régimen tributario y al crédito público». Asimismo, en el artículo 313 constitucional, se establece que el Ejecutivo nacional presentará ante el Parlamento el proyecto de Ley de Presupuesto. «Si el Poder Ejecutivo, por cualquier causa, no hubiese presentado a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de Presupuesto dentro del plazo establecido legalmente, o el mismo fuere rechazado por esta, seguirá vigente el presupuesto del ejercicio fiscal en curso». 
 

Control del presupuesto 
 

La Sala Constitucional también estableció que la Asamblea Nacional «no podrá alterar en ningún momento las partidas presupuestarias ni pretender obstruir ni incidir en la integridad de las disposiciones establecidas en el presupuesto nacional», pese a que el artículo 313 de la Constitución señala que el Parlamento podrá alterar las partidas presupuestarias, «pero no autorizará medidas que conduzcan a la disminución de los ingresos públicos ni gasto que excedan el monto de las estimaciones de ingresos del proyecto de Ley de Presupuesto», que será presentado ante la Asamblea Nacional junto a la Ley Especial de Endeudamiento. 
 

Según el abogado constitucionalista, Hermánn Escarrá, la Asamblea Nacional «está en una situación de omisión que ella misma se ha creado». Afirma que existe una Contraloría de la República, un Poder Ciudadano y mecanismos de participación popular como las asambleas populares y las comunas, para garantizar la correcta utilización de los recursos aprobados. «Nunca va a ocurrir un presupuesto sin supervisión, sin control, sin planificación, eso sería violentar la propia estructura del Estado». 
 

Por su parte, el profesor Juan Berríos, considera que la Sala Constitucional no tiene las facultades para realizar un control político sobre la Ley de Presupuesto. «No es un órgano que existe para controlar políticamente la idoneidad y la conveniencia de la Ley de Presupuesto que presentó el Ejecutivo nacional». A su juicio, la Sala Constitucional —ante la imposibilidad jurídica de la Asamblea Nacional— puede sustituir al Parlamento para hacer un control de orden jurídico, pero no para un control de orden político. Agrega que la instancia judicial no puede deliberar en el mismo sentido que lo hace el Parlamento. «No tiene ese carácter deliberativo para controlar políticamente si la distribución del presupuesto es adecuada. No lo puede hacer, y no lo puede hacer porque es un órgano distinto, es un órgano jurisdiccional». 





Última actualización ( 21-10-2016 a las 12:17:31 )
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