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Locti: una ley necesaria pero opaca PDF Imprimir Correo
07-10-2016 a las 15:01:27

La última reforma a la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, ocurrida en 2014, condenó a desaparecer la investigación en las universidades 

 

Karledys García

 

   
  Foto: Archivo
Rectores, profesores e investigadores universitarios del país han solicitado ante la Asamblea Nacional (AN), en múltiples oportunidades, la reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (Locti) decretada por primera vez en 2001 y reformada en tres oportunidades: 2005, 2010 y 2014. El informe de la Comisión Especial para el Sector Universitario de la Asamblea Nacional detalla que entre sus actividades desarrollaron 2 reuniones con científicos y especialistas en la Locti y en la última de ellas —realizada el 4 de marzo de 2016— recibieron una propuesta de reforma de esta ley
 

Para la Comisión Especial para el Sector Universitario resulta cada vez más apremiante diversificar las fuentes de financiamiento de las universidades nacionales a partir de «alianzas entre los sectores productivos públicos y privados con las universidades para desarrollar la investigación a través de la reforma de la Ley Orgánica de la Ciencia, Tecnología e Innovación».
 

En la propuesta de reforma presentada ante la comisión de la AN, los especialistas exponen que los cambios realizados a la Locti en el 2005 constituyeron «un avance en la intención de relacionar directamente al sector productivo con las universidades e institutos de investigación del país»; pero las siguientes reformas estuvieron orientadas a romper este vínculo directo entre ambos sectores y especialmente la del 2014 «agravó la situación de la ciencia, la tecnología y la innovación hasta hacerla prácticamente inviable para Venezuela».

 

Dificultades de la Locti
 

Bajo el decreto 1.411, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.151 del 18 de noviembre de 2014, se promulgó la última reforma a la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación que incluía la modificación de 8 artículos, la eliminación del 29 y el 30, y la incorporación de 5 artículos y una disposición transitoria. Entre los aspectos que se reformaron en el 2014 está el otorgamiento de la facultad del Fondo Nacional de Tecnología e Innovación de fiscalizar «los aportes para ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones», a partir de la modificación del artículo 24. Antes de la reforma, este mismo artículo planteaba que la fiscalización «le compete a la autoridad nacional en forma directa», en este caso al ministro encargado de las actividades de ciencia y tecnología.
 

En el artículo 42 dedicado al patrimonio del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación se añadió el numeral 6 para que este fondo cuente con el 5 % «de los ingresos provenientes de la recaudación anual». Ninguna de las reformas anteriores contempló la destinación de recursos provenientes del sector privado a través de la Locti para formar parte del patrimonio del Fonacit, además de que en el articulado siguiente no se aclara cuáles serán los fines de estos recursos. 
 

En la propuesta de reforma de la Locti presentada a la Comisión Especial para el Sector Universitario de la Asamblea Nacional, los especialistas aseguran que la ley actual condiciona las actividades de ciencia, tecnología e innovación al Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de la Nación y esto implica que estén «enmarcadas en áreas prioritarias no siempre cónsonas con el desarrollo del país y relacionadas más bien con objetivos políticos ajenos a la Constitución nacional, además de excluir el apoyo a la realización de ciencia básica y fundamental».
 

El documento expresa que en los artículos 14 y 20 de la reforma de 2014 se «cercena el derecho a la propiedad intelectual de las innovaciones e invenciones conseguidas por las actividades realizadas en el país». Además, explica que a través de la Locti vigente «el Gobierno podrá apropiarse indebidamente de información estratégica aun cuando esta tenga carácter confidencial por su valor competitivo. Todo ello en detrimento del desarrollo industrial y tecnológico de Venezuela».
 

Finalmente, los especialistas hacen alusión a lo que denominan la «opacidad administrativa» presente en el articulado de la Locti —específicamente en los artículos 10, 11, 12, 13, 15, 23, 24 y 27— y que a su juicio sujeta la ley a los principios rectores del Gobierno Nacional al estar «facultado de manera poco transparente para coordinar, diseñar, controlar, orientar, administrar, evaluar y decidir sobre cualquier actividad de carácter científico y tecnológico que se realice en el país».
 

Por su parte, la Comisión Especial para el Sector Universitario detalla en su informe que las preocupaciones centrales de las universidades radican en las implicaciones de la Locti en el quehacer científico y tecnológico del país, por lo que las exigencias de la reforma por parte de los universitarios obedece a «razones de la propia crisis que ha generado la absoluta centralización de recursos en un organismo burocrático como el Fonacit en la producción científica de Venezuela. Este ente sin ningún control estadal o profesionalizado dictamina qué y cuánto se asigna a la producción de conocimientos y tecnologías, limitando seriamente el desarrollo de la ciencia en unas universidades desprovistas de recursos regulares del presupuesto para esta actividad fundamental y estratégica para el país».





Última actualización ( 07-10-2016 a las 15:36:18 )
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