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Retardo procesal incrementa el hacinamiento en las cárceles venezolanas PDF Imprimir Correo
23-09-2016 a las 14:18:23

Corrupción denunciada y violaciones a la Constitución y a los Derechos Humanos mantienen en crisis el sistema penitenciario venezolano. El Observatorio Venezolano de Prisiones recomienda al Estado descentralizar las cárceles


Luis Gerardo Petit


Hacinamiento penitenciario    
Foto: Archivo  
La situación penitenciaria de Venezuela está caracterizada por un alto porcentaje de corrupción, hacinamiento, retardo procesal, violencia carcelaria y condiciones inhumanas de reclusión. Según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), de las 46.691 personas que se encontraban privadas de libertad hasta el 2015, 26.477 eran procesadas, 19.475 condenadas, 273 bajo destacamento de trabajo y 466 en depósitos policiales y régimen de confianza. 
 

El criterio de medición de la densidad de población adoptado por el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente reveló que las cárceles venezolanas están hacinadas porque su densidad de población supera la cota máxima de 120 %. De acuerdo con el OVP, la densidad penitenciaria en Venezuela supera el 180 % debido al retardo procesal y a la gestión deficiente de la administración penitenciaria, que se concreta en la implementación de políticas de desalojo, clausura de prisiones y obras inconclusas.
 

Opacidad penitenciaria 
 

En 2012, la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, anunció la construcción de 24 establecimientos penitenciarios en todo el país, en el marco de la emergencia carcelaria decretada por el expresidente Hugo Chávez Frías y que fue extendida por el presidente Nicolás Maduro en 2013. Entre las obras, se prometió la construcción de una nueva cárcel para la región zuliana y el Centro de Reclusión de Procesados y Procesadas Judiciales del estado Zulia (CRPPJEZ) que, según declaraciones de la ministra, se culminaría en 2013. 
 

Después de 3 años y de una multimillonaria inversión, la construcción del CRPPJEZ está paralizada y en ruinas. De acuerdo con la investigación Los papeles de la prisión, realizada por Transparencia Venezuela, el OVP y la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez), el Fondo Nacional de Edificaciones Penitenciarias firmó un contrato con la empresa Cresmo, C.A. por la cantidad de 130.660.866,54 bolívares para la construcción del centro penitenciario. Además, el 4 de diciembre del 2013 sellaron un nuevo contrato por 78.443.568,10 bolívares, sumando entre ambos un desembolso por el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (MPPSP) de 209.104.434, 64 bolívares. 
 

    Centro de Reclusión de Procesados y Procesadas Judiciales del estado Zulia
  Foto: Investigación Los Papeles de la Prisión
«Transcurrieron 46 meses desde que la ministra prometiera que en un año estaría terminado el centro penitenciario. Esa obra inconclusa está rodeada de la mayor opacidad, y tanto el gobierno nacional como el regional deben explicar por qué se perdieron los recursos públicos invertidos en ella», manifiesta Jesús Urbina Serjant, coordinador de Transparencia Venezuela en el estado Zulia.
 

La construcción del CRPPJEZ arrancaría —según el primer contrato— el 2 de enero de 2013; sin embargo, según el acta de inicio de los trabajos del segundo contrato, las operaciones de la constructora se iniciaron formalmente el 6 de diciembre del 2013, año en el que fue garantizada la culminación de la obra para combatir el hacinamiento penitenciario que en ese año se acrecentó tras el desalojo de la Cárcel Nacional de Sabaneta.
 

De acuerdo con el análisis que hace Transparencia Venezuela a la Memoria y Cuenta de los ministerios, de los 36.469.000.000 bolívares que recibió el MPPSP en los últimos 5 años, solo 2.401.176.821 bolívares han sido destinados para la ampliación, recuperación, dotación y construcción de edificaciones penitenciarias. 

 

Retardo procesal y hacinamiento 
 

Entre las causas de la realidad penitenciaria en Venezuela se encuentra el retardo procesal por parte de los órganos de justicia. El OVP afirma que en el país no existe un problema penitenciario, sino procesal, debido a que el hacinamiento y la inversión de la pirámide procesal son generados por la tardanza de los jueces en dictar las sentencias. Para Wiecza Santos, conocedora del Sistema de Justicia Venezolano y jueza del estado Apure, el retardo procesal conlleva a que los ciudadanos no crean en la justicia. «La falta de coherencia entre la Fiscalía de la República, los tribunales y la Defensoría del Pueblo es lo que ha llevado a que no creamos en el sistema de administración de justicia como algo transparente y garantista porque una de las garantías es que exista un debido proceso, que no haya dilaciones inútiles, retraso por formalidades y, lamentablemente, si nos retrasamos por un vehículo, ¿dónde queda una sana administración de justicia?», cuestiona. 

 

Estudios del Observatorio Venezolano de Prisiones afirman que el retardo procesal en las cárceles venezolanas es consecuencia de la violación al debido proceso. En ese sentido, Wiecza Santos, asevera que el retardo procesal es la principal causa de hacinamiento y que éste incide de forma absoluta en la violencia carcelaria. «El hacinamiento es una consecuencia del retardo procesal, pero más aún es falta de políticas. ¿Cómo en una cárcel con capacidad para 400 presos hay 1200 personas? Es obvio que se va a incrementarse la violencia porque si tenemos a un privado de libertad en un sitio donde ni si siquiera puede movilizarse, donde tiene que hacer sus necesidades fisiológicas de forma inadecuada e inhumana, por supuesto que, como ser humano, sus características cambian y la agresividad tiene que acrecentarse. Lógicamente se afecta al individuo».

 

A pesar del crítico hacinamiento carcelario, desde la creación del MPPSP, la ministra Iris Valera ha clausurado más de 8 recintos de reclusión, entre los que destacan La Planta, dejando al Área Metropolitana de Caracas sin centros de reclusión; Sabaneta y El Marite, en el estado Zulia, el Internado Judicial Los Teques, en Miranda, y el Internado Judicial San Antonio en Nueva Esparta, lo que ha ocasionado el colapso de los centros de detención policiales. De acuerdo con el OVP, el 57 % de los privados de libertad están recluidos en cárceles preventivas
 

«En la mayoría de las comisarías hay penados que llevan 2 años recluidos ahí. Nunca han sido trasladados a un retén o a una penitenciaría», denuncia Humberto Prado Sifontes, coordinador general del OVP, quien agrega que el Centro Penitenciario de Aragua —conocido como la cárcel de Tocorón— es el recinto con mayor índice de sobrepoblación. «Actualmente hay 7.634 personas en un espacio construido solo para 750, lo que representa 918 % de su capacidad».
 

En noviembre de 2015, el secretario de Seguridad y Orden Público del estado Zulia, Biagio Parisi, dio a conocer que el hacinamiento en los retenes zulianos era de 128 %. En ese momento, el Retén El Marite contaba con una población de 1.711 reclusos, a pesar de que su capacidad máxima era de 700, en el retén de Cabimas —construido para albergar 150 personas— estaba ocupado por 411 detenidos, mientras que en el retén de San Carlos del Zulia habían 168 internos, 68 más que su capacidad máxima. A estas cifras, hay que agregar los 1.100 internos recluidos en el resto de los calabozos de la Guardia Nacional y de la policía regional y municipales. 
 

Daniela Guerra, directora general de la Codhez, asegura que el traslado masivo de privados de libertad a otros centros penitenciarios ha generado mayor retardo procesal. «Se ha generado un mayor retardo procesal porque no hay suficientes unidades para el traslado. Eso ha llevado a que muchas personas que se encuentran recluidas fuera del estado Zulia no hayan tenido ninguna audiencia desde que se decidió el desalojado del retén El Marite». A su juicio, las medidas que se están adoptando prolongan la estadía de las personas en los centros preventivos. «Al estar lejos de su juez natural se evita que estas personas puedan ir ante un juez para para determinar si efectivamente ameritan estar en prisión o no». 
 

Un estudio realizado por la Codhez para la investigación Los papeles de la prisión demostró que, desde el 6 de abril hasta el 30 de agosto de 2016, de 157 personas que estaban recluidas en El Marite, y que fueron reubicadas en otros estados del país, solo 25 han sido trasladadas al Zulia para recibir sus audiencias
 

Descentralización penitenciaria 
 

El artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que los centros penitenciarios se regirán por una administración descentralizada a cargo de los gobiernos estadales o municipales; además, ordena la creación de un ente penitenciario central con carácter autónomo y con personal exclusivamente técnico. 
 

Según el Observatorio Venezolano de Prisiones, la descentralización es una propuesta con rango constitucional para contrarrestar los problemas del sistema penitenciario venezolano. Humberto Prado Sifontes considera que a pesar de que la carta magna consagra expresamente la descentralización como un modelo de gestión penitenciaria, Venezuela mantiene el mismo sistema carcelario desde hace 80 años. «Seguimos teniendo un sistema centralizado que quiere decidir todo lo que tiene que hacer un preso». A su juicio, es a partir de la descentralización, que se comenzará a visualizar un nuevo sistema. «La descentralización es un mandato constitucional y es imperativo». Manifiesta que, con el tiempo que tiene la Constitución, «todas las cárceles ya deberían estar en manos de los gobiernos regionales».  
 

Aunado a la descentralización, Humberto Prado considera que la formación del personal que labora en las penitenciarías ayudará a solventar la crisis carcelaria. «La descentralización debe ir acompañada con la formación del personal. Es decir, cada gobernación tiene que crear sus academias de formación penitenciaria para que desde allí se formen a las personas de todo el sistema, de los que van a trabajar en el orden interno como externo de la cárcel». 
 

En el libro Portafolio de Propuestas Penitenciarias, el Observatorio Venezolano de Prisiones considera que la descentralización penitenciaria permitirá un mejor control sobre el régimen administrativo de la edificación penitenciaria y dificultaría las prácticas oficiales corruptas, facilitará el diseño de las actividades laborales de acuerdo con las necesidades económicas de la región donde se encuentre el recinto carcelario, además de contribuir a que los privados de libertad sean recluidas en los establecimientos ubicados en la región donde cometieron el delito.  
 

Marino Alvarado Betancourt, ex coordinador general del Programa Venezolano Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) asegura que la descentralización no solo ayudará a resolver el retardo procesal, sino que se tendrá una mejor administración penitenciaria. «Tendríamos más de 20 gobernadores responsables de la gestión penitenciaria, invirtiendo en el mantenimiento y necesidades económicas de las cárceles». Agrega que se crearía entre las diversas gobernaciones una sana competencia de eficiencia técnica penitenciaria, que estimularía a cada una de ellas a brindar una mejor gestión. 
 

En ese sentido, el coordinador del OVP señala que la descentralización permitirá a los gobernadores solicitar las partidas para el mantenimiento, alimentación y del pago de personal. «Ellos —los gobernadores— pueden hacer un estudio más objetivo sobre cuál es el presupuesto verdadero que necesita su cárcel para que pueda ir en solicitud a la Asamblea Nacional y que cada gobernación tenga su presupuesto para esas tres áreas en particular y para la formación de la academia».





Última actualización ( 26-09-2016 a las 12:02:43 )
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