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Las violaciones de derechos humanos en Venezuela se acentuaron entre 2014 y 2016 PDF Imprimir Correo
29-07-2016 a las 09:23:36

Representantes de Provea, Transparencia Venezuela, Codhez y Comité de Derechos Humanos de La Guajira presentaron sus balances en materia de derechos humanos


Yémily Berrueta
 

Situación de Derechos Humanos 2015    
Foto: Archivo
El Programa Venezolano de Educación–Acción en Derechos Humanos (Provea) presentó el miércoles 28 de julio de 2016 el informe Situación de Derechos Humanos 2015. Su coordinador, Rafael Uzcátegui, alertó que en cuanto a los avances de la Gran Misión Vivienda Venezuela, «aunque el Gobierno nacional anunció la creación de más de 1 millón de viviendas, la memoria y cuenta del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda solo contabilizó la creación de 16.146 hogares». Incluso, el Banco Central de Venezuela informó que el sector construcción fue el que más retrocedió durante el 2015.
 

En materia de salud, se sumaron más de 3 mil denuncias por deficiencia en el sistema sanitario, un 40 % más que lo conocido en 2014. Uzcátegui citó que Venezuela se convirtió en el país latinoamericano que menos invierte en el sector salud, con un 4,7 % del Producto Interno Bruto. Debido a esto, en enero de 2016 se calculó que solo fueron surtidos 7 de cada 100 medicamentos solicitados y que la deserción de profesionales de la salud en el área pública es alarmante.
 

Según la encuesta sobre las Condiciones de Vida en Venezuela (Encovi) 2015, hay 23 millones de venezolanos en pobreza, es decir, 75 % de la población total, motivado por un 180, 9 % de inflación, la más alta del mundo. Se registró un 315 % de inflación en los alimentos, y cerca del 80 % de la población no cuenta con los ingresos suficientes para cubrir las necesidades alimenticias. 
 

Junto a Provea, diversas organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos tuvieron participación en el evento. Jesús Urbina, coordinador de Transparencia Venezuela, presentó la evaluación del cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Venezuela. Esta fue contrastada con el informe presentado por el Gobierno nacional, el pasado 20 de julio de 2016, en el que se afirma haber avanzado en el alcance de las metas elaboradas por la Organización de las Naciones Unidas. 
 

«Hay un vínculo indisoluble entre las políticas públicas y los derechos humanos. Utilizamos datos independientes de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) para contrastar lo que dice el Estado». Aseguró que la representación del país no indicó ninguna información en una serie importante de indicadores y alertó que, en cuanto al objetivo número 1, «las ONG dicen que para 2015 hay un 73 % de personas pobres en Venezuela, mientras que el Estado, que ofreció cifras obtenidas entre 2012 y 2014, indica que hay una reducción notoria como triunfo del Gobierno bolivariano». Advirtió que existe la misma irregularidad, entre otros casos, en cuanto al objetivo Hambre cero, ya que el Gobierno no menciona la canasta alimentaria, la cual alcanzó un costo de Bs. 277.432,88 durante el mes de junio de 2016.
 

José David González, coordinador del Comité de Derechos Humanos de la Guajira, expuso las irregularidades que se presentan en el municipio desde la creación del Distrito Militar N.° 1 Guajira, en 2010. «Esto debería haber mejorado la calidad de vida de los habitantes, pero desde ese momento hemos contabilizado 20 wayúu asesinados, 19 casos de tortura, más de 600 hogares allanados y más de 700 privados de libertad de forma ilegítima; todo en manos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)».
 

Esto se ha denunciado en «la Fiscalía Pública, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Nacional de Derechos Humanos; pero solo en 2 de los 20 casos de asesinato hay avance en las investigaciones». González declaró que la vocería militar lo cataloga como «enfrentamiento entre bachaqueros y la FANB, pero hasta ahora no hay militares heridos o muertos». Agregó que también se ha reproducido este discurso en diversos medios de comunicación y calificó de «indignante» el rol ausente del Ministerio Público.
 

González expresó que se solicita la creación de una Comisión de la Verdad, Justicia y Paz en el municipio Guajira, que sea garante de los derechos humanos; la orientación y educación de los funcionarios en la frontera, con respeto al respeto a usos y costumbres de los pueblos indígenas; y la demarcación del territorio.
 

Daniela Guerra, directora general de la Comisión de Derechos Humanos del Zulia (Codhez), expuso varios casos de violaciones de derechos humanos ocurridas entre el año 2014 y 2016, principalmente involucradas con razones políticas. Informó que de 500 detenciones hechas en Zulia a causa de protestas, en 2014, la Codhez llevó seguimiento de 150 casos e identificaron ciertos patrones de detención: «de los privados de libertad, 116 aseguraron haber sufrido de ofensas verbales, principalmente en referencia a su postura política; 29 hablaron sobre golpes durante su traslado, y 26 sobre golpes durante su privación. También hubo recurrencia en aislamiento prolongado». Sostuvo que estos patrones pueden verse reflejados también en casos ocurridos durante 2016.
 

Criticó a su vez el empleo del «patriota cooperante» como un ciudadano anónimo que filtra información sobre disidentes del gobierno que lo expresan a través de manifestaciones o publicaciones digitales. «Dentro de la legislación venezolana no existe la figura del patriota cooperante, pero sobre su denuncia se empieza la investigación de las autoridades en contra de una persona». 





Última actualización ( 29-07-2016 a las 12:10:21 )
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