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Distrito Militar agravó violaciones a los derechos humanos en La Guajira PDF Imprimir Correo
22-07-2016 a las 11:42:44

La presencia de militares en la subregión Guajira continuará debido a que las funciones de los Distritos Militares fueron transferidas a las Regiones Estratégicas de Defensa Integral


Luis Gerardo Petit 

 

El 7 de julio de 2016, el presidente Nicolás Maduro ordenó el levantamiento de los 10 Distritos Militares —incluyendo el Distrito Militar N°. 1 Guajira— que permanecían activos desde el 28 de diciembre de 2010, cuando el expresidente Hugo Chávez decretó su creación para, entre tantas funciones, proporcionar protección a la ciudadanía, tras las inundaciones que afectaron a gran parte del país, en especial a las poblaciones indígenas. 
 

  
Foto: Scheneyder Mendoza (EFE)  
La creación de los 10 Distritos Militares se hizo —según señala el decreto presidencial N°. 7.938 publicado en la Gaceta Oficial N°. 39.583— para garantizar la seguridad alimentaria, asegurar el resguardo y control de la frontera con el territorio colombiano, así como para salvaguardar la cultura ancestral de los pueblos indígenas; sin embargo, desde que se militarizó La Guajira venezolana, el Comité de Derechos Humanos de La Guajira registra violaciones sistemáticas de derechos humanos por parte de los efectivos de la Fuerza Armada Nacional. 
 

José David González, coordinador general del comité, considera que la creación del Distrito Militar agravó la situación de derechos humanos en la zona. «El Comité de Derechos Humanos de La Guajira ha registrado 20 hermanos asesinados, 46 heridos, 19 torturados en los diferentes puntos de control y más de un centenar de allanamientos y detenciones arbitrarias por parte de los militares desde la activación del Distrito Militar N° 1 hasta la actualidad». 
 

Daniela Guerra
«Hay un predominio más alto de militares que de policías civiles en los territorios de la Guajira»
De acuerdo a la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional, el Distrito Militar es una medida que solo el presidente de la República puede decretar para «atender circunstancias especiales». Daniela Guerra, directora general de la Comisión de Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez), expresa que la medida tiene un carácter temporal. «Se supone que en el 2010, cuando se instauró el Distrito Militar se debió estipular un periodo de vigencia; sin embargo, no se hizo. El decreto quedó vigente hasta el 7 de julio de 2016». 
 

Persistirá la militarización 
 

  
Foto: Karledys García  
El decreto presidencial 2.368 —publicado en la Gaceta Oficial 40.939— señala que las funciones de los Distritos Militares serán ejercidas por las Regiones Estratégicas de Defensa Integral. Daniela Guerra afirma que la presencia militar persistirá en La Guajira. «Lo mismo que hacía este Distrito Militar queda en las competencias de las unidades de la Redi, de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) y de las Áreas de Defensa Integral (ADI). Esto quiere decir que va a persistir la presencia militar en La Guajira».
 

Asimismo, manifiesta que en el 2013 se instalaron nuevas unidades militares en La Guajira. «En una zona militarizada se instalaron las Redi, las Zodi y las ADI. Esas unidades militares están teniendo vida allí, ignorando que ya existía un Distrito Militar al momento de instaurarlas». A su juicio, la presencia militar en La Guajira representa un control constante. «La hostilidad de los militares genera un perjuicio para los wayuu». Añadió que los militares «están asumiendo competencias que no son propiamente de ellos. Hay un predominio más alto de militares que de policías civiles en los territorios de La Guajira». 
 

Por su parte, Juan Romero, profesor adscrito al Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia, manifiesta que La Guajira ha estado militarizada desde la década de los 60. «La presencia militar ha sido constante. Tiene que ver con el Comando Fuerte Páez en Paraguaipoa y con los destacamentos fronterizos de la Guardia Nacional». Agrega que la frontera históricamente siempre ha tenido una alta presencia militar. «Los destacamentos militares que allí están no se construyeron durante el gobierno de Chávez, son heredados». 
 

  
  Foto: Archivo

Romero —quien también es miembro de la Red de Estudios de Seguridad y Defensa de América Latina (Resdal)— hace referencia a la base militar ubicada en Cojoro y a los puntos de control en Kusía, en la entrada de la Troncal del Caribe y en Paraguaipoa. «Todos los destacamentos fueron establecidos entre la década de los 60 y 80. Es una militarización preexistente», enfatiza. 
 

Con respecto a la creación del Distrito Militar, Romero asegura que se estableció como parte de un diseño de distritos de desarrollo, planteados por el presidente Chávez después del año 2008. Asegura que hay un componente geopolítico de alta significación para entender la conformación de una Zodi en La Guajira. «Tiene que ver con la disputa que en términos de limitación de aguas marinas y submarinas mantiene Venezuela con Colombia en el Golfo de Venezuela». Además, dice que la presencia militar sí ha aumentado a raíz de la conformación de la Redi. «Ante la circunstancia del cierre de la frontera ha habido un incremento de los efectivos militares porque no solo se creó la Región de Defensa Integral, sino la Zona de Defensa Integral que no solo tiene que ver con el espacio territorial sino con la zona marítima». 
 

En ese sentido, la directora general de la Comisión de Derechos Humanos del estado Zulia denuncia que los militares han creado una frontera paralela hacia lo interno del límite fronterizo. «Aquí se ha generado una restricción artificial en el puente del río Limón. Desde unos 200 metros antes del río, hay una alcabala de la Guardia Nacional». Enfatiza que se ha creado una restricción en la que, a pesar de estar muy alejada de la frontera real, hay controles militares muy rígidos para poder transitar libremente». 
 

Derechos restringidos 
 

Desde la activación del Distrito Militar Guajira, el libre tránsito ha sido el derecho más vulnerado en la zona. «La situación de los derechos humanos en vez de mejorar, empeoró. De manera sistemática se vulnera el derecho al libre tránsito, a la vida, a la libertad y a los derechos socioeconómicos», denuncia José David González, a pesar de que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en su artículo 7 señala que todas las personas indígenas tienen derecho a la vida, a la integridad física y mental; asimismo establece que las comunidades indígenas tienen el derecho colectivo a vivir en libertad, paz y seguridad. 
 

Juan Romero 
«Todos los destacamentos existentes en la frontera son heredados. Es una militarización preexistente. No la decretó Chávez ni Maduro»
El profesor Juan Romero reconoce que la presencia militar en la zona ha generado violaciones a los derechos humanos de los wayuu. Califica la situación como delicada. «La presencia o el incremento de efectivos de la Guardia Nacional han derivado en una aplicación de excesos en la ejecución de la norma en términos de control de contrabando y en términos de la circulación. Eso amerita, por ejemplo, que el Gobierno regional haya tenido que implementar a través de las Zodi y en conversaciones con las Redi, un conjunto de conversaciones pendientes para tratar el tema del flujo natural, histórico y cultural de los wayuu que habitan en los municipios Maracaibo, Guajira y Mara». 
 

José David González, coordinador general del Comité de Derechos Humanos de La Guajira   
Foto: Karledys García  
José David González denuncia que el derecho a la consulta —que establece la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas en su artículo 11 y demás tratados internacionales en esta materia— no se está cumpliendo. «La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece que los territorios indígenas no deben ser militarizados, pero si hay una propuesta del Gobierno esta debe ser consultada con los pueblos indígenas, pero esa política no se está aplicando en Venezuela». 
 

«La activación del Distrito Militar fue un cambio radical y difícil para el pueblo wayuu. Se restringió el libre tránsito», manifiesta González. Asegura que, en la actualidad, el pueblo wayuu permanece en manos del Ejército venezolano. El tratado internacional de las Naciones Unidas —firmado por Venezuela— prohíbe a los Estados desarrollar actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una razón de interés público o que se haya acordado libremente con sus habitantes. 





Última actualización ( 26-07-2016 a las 07:50:41 )
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