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El Arco Minero del Orinoco acentuará el modelo rentista en el país PDF Imprimir Correo
17-06-2016 a las 09:08:54

Para Gustavo Machado, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, el Gobierno nacional debe esclarecer las condiciones en las que se dará la exploración y explotación minera


Karledys García

 

Con el decreto N° 2.248, publicado en Gaceta Oficial el 24 de febrero de 2016, quedó formalizada la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco que viene a formar parte de la activación del Motor Minero de la Agenda Económica Bolivariana. Sobre una extensión total de 111.843,70 kilómetros cuadrados, el espacio que será sometido a exploración y explotación por parte del Gobierno nacional incluye a buena parte del estado Bolívar y representa el 12,2 % del territorio nacional.
 

El ministro del Poder Popular para la Minería y Petróleo, Eulogio Del Pino, explicó en cadena nacional de radio y televisión que el Arco Minero del Orinoco limita con Guyana y Colombia y «cuando lo comparamos con la Faja Petrolífera del Orinoco, que tiene 64 mil kilómetros cuadrados, es prácticamente el doble de la magnitud de la faja, con una riqueza en minerales como el oro y el cobre, el diamante, el hierro, que es el que está es una fase más extensiva de explotación en el área; como el coltán, que es un mineral extremadamente estratégico para la industria aeroespacial y tecnológica».
 

  
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Infografia: Anthony García 
Para efectos de la constitución del arco minero, el decreto establece el ordenamiento interno a partir de 4 áreas de planificación y ejecución: la primera de éstas tiene una extensión de 24.680,11 kilómetros cuadrados, representa el «área más occidental hasta el río Cuchivero» y hay predominancia de bauxita, coltán, tierras raras y diamante; la segunda abarca 17.246,16 kilómetros cuadrados entre el río Cuchivero y el río Aro y se puede explotar principalmente hierro y oro; con 29.730,37 kilómetros cuadrados, la tercera área se ubica entre el «el río Aro y el límite este del arco minero» y los minerales a explotar son la bauxita, el oro y el hierro; finalmente, la última y más grande de las áreas comprende «la extensión del Arco Minero (Imataca)» con un territorio de 40.149,69 kilómetros cuadrados y la posibilidad de explotar oro, bauxita, cobre, caolín y dolomita.
 

En la misma alocución realizada el 24 de febrero de 2016, Del Pino asegura que más de 150 empresas provenientes de 33 países asistieron a este encuentro como muestra de su interés en la exploración y explotación del arco minero. Además, precisó que 4 empresas se encargarán de la certificación de las reservas minerales presentes en cada área con el fin de que Venezuela se ubique como la segunda reserva de oro y hierro más grande del mundo y la sexta de diamante.

 

¿Solución a la crisis?
 

Según las estimaciones realizadas por el Ministerio del Poder Popular para la Minería y Petróleo, las reservas de oro del país podrían ubicarse en 7 mil toneladas que se traducirían en más 270 mil millones de dólares «por un periodo conservador de 70 años». Para Gustavo Machado, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de LUZ, esta cifra se traduce actualmente en ingresos de unos 4 mil millones de dólares al año y que representan «en términos de importaciones, aproximadamente un mes y medio de importaciones en Venezuela». 
 

Machado explica que la firma de convenios con empresas nacionales e internacionales para la exploración y explotación minera representa «una entrada de divisas para el país en un momento en el que dada la existencia de importantes compromisos de deuda externa y la caída de los precios del petróleo, ciertamente la nación requiere de una importante cantidad de divisas. Ahora, las consecuencias a mediano y largo plazo no están claras en virtud de que los detalles de los convenios no han sido difundidos de manera masiva». A su juicio, resulta necesario que el Gobierno nacional aclare las condiciones en las que se dará la explotación de la zona y cuáles son los ingresos reales que obtendrá el país.
 

En relación a la actividad minera como medida para «superar el modelo rentista y reimpulsar la economía», tal como se ha planteado desde las fuentes oficiales, Machado asegura que el país tiene «mucho potencial en otras áreas como el turismo y la agricultura, y también es necesario el desarrollo del potencial petrolero aguas abajo, es decir, en la parte petroquímica. De manera que colocar una sola industria como alternativa a la explotación de crudo no resulta conveniente cuando Venezuela tiene la oportunidad de desarrollar diversos sectores que le permita diversificar su oferta exportadora». Por su parte, Lusbi Portillo, antropólogo y coordinador de la asociación Homo et Natura, asegura que «la baja del petróleo ha servido para destapar la olla, para acentuar el rentismo y decir que ahora vamos a explotar todos los minerales, pero ningún país del mundo se ha desarrollado con el extractivismo». 

 

Reacciones al arco minero
 

La puesta en marcha de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco implicó múltiples reacciones desde diferentes sectores de la vida nacional debido a los costes humanos, ambientales, patrimoniales y económicos de la exploración y explotación minera en la zona. Lusbi Portillo manifiesta que varios grupos ecologistas se dieron cita el 31 de mayo de 2016 en el Tribunal Supremo de Justicia para introducir un recurso de nulidad del decreto del arco minero, «pero lo más probable es que digan que no y que este arco minero está estructurado con todas las leyes y la Constitución, entonces nos quedaría es la calle, las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos». 
 

También en un derecho de palabra en la Asamblea Nacional, Ana Elisa Osorio, exministra del Ambiente, manifestó que el decreto del arco minero lejos de ser «una mirada estratégica alternativa a la lógica rentista que ha predominado en el país durante un siglo, constituye una decisión de profundizar el extractivismo y acentuar la lógica rentista». Luego del debate realizado el 14 de junio de 2016, la Asamblea Nacional acordó desconocer este decreto «por ser contrario a los intereses de la República y en abierta violación de los derechos ambientales constitucionales» y la negación de «la autorización constitucional al Ejecutivo nacional en el llamado arco minero».
 

Pese a los esfuerzos que han realizado diferentes grupos, colectivos, asociaciones y movimientos sociales y ambientales en contra del Arco Minero del Orinoco, en el artículo 25 del decreto 2.248 queda establecido que «ningún interés particular, gremial, sindical, de asociaciones o grupos, o sus normativas, prevalecerá sobre el interés general en el cumplimiento del objetivo contenido en el presente decreto. Los sujetos que ejecuten o promuevan actuaciones materiales tendentes a la obstaculización de las operaciones totales o parciales de las actividades productivas de la Zona de Desarrollo Estratégica creada en este decreto serán sancionados conforme al ordenamiento jurídico aplicable», por lo que a juicio de Portillo esto representa la criminalización de las luchas contra la minería en todo el continente y la subordinación de Venezuela ante los intereses de las grandes transnacionales mineras.





Última actualización ( 27-03-2017 a las 09:15:55 )
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