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Militarización empeoró situación de Derechos Humanos en La Guajira PDF Imprimir Correo
19-05-2016 a las 15:15:13

Desde la creación del Distrito Militar N.° 1 Guajira, se han registrado 20 asesinatos, 39 casos de tortura, 600 hogares allanados y más de 100 detenciones arbitrarias por parte de la Fanb 


Luis Gerardo Petit
 

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece que los indígenas «tienen derecho, como pueblos o como individuos, al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, reconocidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en las normas internacionales sobre derechos humanos».
 

Asimismo, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala que el Estado «garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos». Sin embargo, la realidad en la Guajira venezolana es otra. Desde el 28 de diciembre de 2010 —cuando el presidente Chávez ordenó la creación de 10 distritos militares para resguardar la seguridad de la nación—, «empezó, de manera sistemática, las violaciones de derechos humanos» en La Guajira, que, según el decreto presidencial N° 7.938, conforma el Distrito Militar N.º 1. 
 

  
Foto: Archivo  
Actualmente, el Comité de Derechos Humanos de la Guajira registra 20 casos de «hermanos y hermanas wayúu» asesinados por miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana». José David González, coordinador general del Comité de Derechos Humanos de la Guajira, considera que la creación del distrito militar, la declaratoria del estado de excepción en 2 oportunidades y el despliegue de la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP) en 2015, sirvieron para agravar la situación de los derechos humanos en la región. 
 

«Desde el 28 de diciembre de 2010, hemos registrado 20 asesinatos, 399 casos de tortura, más de un centenar de detenciones arbitrarias y más de 600 hogares del pueblo wayúu que han sido allanados de manera ilegítima por los cuerpos de seguridad del Estado en La Guajira venezolana, específicamente en la zona de la parroquia Alta Guajira y parroquia Guajira». Agregó que las comunidades de la zona fronteriza son las más afectadas. «Hablamos de la comunidad de Guareros, Paraguachón, Caujarito, San Juan y Carretal. Esas son las comunidades en donde se han presentado allanamientos ilegales por parte de los funcionarios».
 

Investigación en curso 
 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela —en su artículo 29— establece que el Estado «estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades». Además, señala que las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de guerra son «imprescriptibles» y serán «investigados y juzgados por los tribunales ordinarios».  
 

En ese sentido, el Comité de Derechos Humanos de La Guajira, junto a la Comisión de Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez), ha denunciado todos los casos de violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas de La Guajira venezolana ante las instancias nacionales y regionales. «Esas denuncias reposan en la Fiscalía General de la República, en la Asamblea Nacional, en la Defensoría del Pueblo y en varias instituciones competentes en el tema de la vulneración de los derechos humanos», manifiesta González. 
 

  Violaciones de DD.HH por parte de la Fanb en La Guajira
 

De los 20 asesinatos —denuncia el coordinador del Comité de Derechos Humanos de La Guajira—, «solo hay un militar condenado a 11 años y 6 meses por el asesinato de un hermano wayúu», funcionario de la Policía Bolivariana de Venezuela, quien fue asesinado por una comisión del ejército en el sector La Cuna del Pájaro del municipio Guajira. «Es el único caso. Hasta ahora hay un solo detenido de las 20 personas que han sido asesinadas», Agrega que el resto de los casos están en investigación. «Hay unos que están bastante avanzados, hay otros que ya tienen protocolo».
 

El 29 de marzo de 2016, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, nombró una comisión de alto nivel —encabezada por el director de Derechos Fundamentales de la Fiscalía General de la República, Juan Carlos Tabares, y un equipo de médicos forenses—, para investigar las denuncias por el Comité de Derechos Humanos de La Guajira. «Alrededor de 40 personas, en su mayoría familiares de las personas que han sido asesinadas, fueron escuchadas; mientras que las víctimas de torturas y los heridos fueron evaluados por los médicos forenses», aclaró González. 
 

Exhumarán los cuerpos
 

Para continuar con las investigaciones, la Fiscalía General de la República nombró a 2 fiscales con competencia nacional en materia indígena —las fiscalías 66 y 91—, para exhumar los cuerpos de 7 «hermanos y hermanas wayúu», manifestó el coordinador del Comité de Derechos Humanos de La Guajira. «Ellos (los fiscales) llegaron hace una semana a La Guajira. Han estado informando a los familiares de las víctimas que, en los próximos días, exhumarán los cuerpos de sus seres queridos por orden de la Fiscalía General de la República». 
 

Explica que, para el pueblo wayúu, la exhumación es un evento sagrado, que se realiza después de 8 o 10 años. «Es el último adiós. Los ancianos dicen que, en ese momento, el espíritu va al encuentro con su antepasado». Debido a esa creencia, «los familiares se niegan a que sus seres queridos sean exhumados de otra forma, pero hay una realidad. Desde el punto de vista legal, tenemos que mirar y revisar para que la investigación sea acelerada por el órgano que lleva el caso», expresó González, quien agregó que el comité «está trabajando para que los familiares autoricen las exhumaciones».

 

Derechos bajo estado de excepción 
 

El 7 de septiembre de 2015, a través del Decreto N.° 1.989, el presidente Nicolás Maduro ordenó al Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana girar «instrucciones pertinentes» a los comandantes de las Regiones de Defensa Integral, para restringir el desplazamiento fronterizo de personas y de transporte de carga, tras la declaratoria de estado de excepción en los municipios Guajira, Almirante Padilla y Mara. 
 

La medida —que se estableció por 60 días más? legalmente perdió vigor el 8 de enero de 2016. Sin embargo, las restricciones al libre tránsito y la suspensión de ciertas garantías consagradas en la Constitución, aún están vigentes. José David González considera que, desde el momento que se decretó el estado de excepción en La Guajira, «se vulneran los derechos humanos día a día». 
 

La Constitución de la República señala que, tras la declaratoria de un estado de excepción, «podrán ser restringidas temporalmente las garantías consagradas en esta Constitución, salvo las referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles». 
 

A juicio del coordinador del Comité de Derechos Humanos de La Guajira —desde la declaratoria del estado de excepción—, lo primero que se vulneró fue el derecho a la vida. «El 19 de septiembre de 2015, efectivos militares asesinaron a 2 hermanos wayúu». Agrega que se ha vulnerado el derecho al libre tránsito y a las libertades de los derechos económicos, establecidas en la Constitución. «Vemos con mucha preocupación cómo se restringe cada día la venta de alimentos». 
 

Actualmente, la frontera continúa cerrada por orden presidencial. «Hay una medida que sigue afectando la cotidianidad del pueblo wayúu. Nadie puede transitar de noche, los jóvenes no pueden transitar en motos porque los califican de colaboradores de grupos subversivos en la frontera», expresa González, quien asegura que el cierre del paso fronterizo ha generado «un problema bastante grave» para el pueblo wayúu. «Es una frontera con presencia indígena, una frontera donde los indígenas no son libres en su territorio, en contradictorio con la Declaración de las Naciones Unidas para los derechos de los pueblos indígenas, en contradictorio contra instrumentos jurídicos que han sido ratificados por el Estado venezolano en materia de los derechos humanos».





Última actualización ( 02-06-2016 a las 09:45:41 )
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