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La ley de transparencia y acceso a la información pública garantiza la democracia participativa PDF Imprimir Correo
06-05-2016 a las 10:09:47

El Consejo de Transparencia sería el ente encargado de velar por el cumplimiento de la ley, que también blindaría la información personal y privada 


Yémily Berrueta
 

En marzo de 2016 la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el proyecto de Ley Orgánica de Transparencia, Divulgación y Acceso a la Información Pública, tomando en cuenta el artículo 143 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que indica que los ciudadanos tienen derecho a ser informados por la administración pública. «Sobre el estado de las actuaciones en que estén directamente interesados e interesadas, y a conocer las resoluciones definitivas que se adopten». 
 

Se debe tener acceso a archivos y registros administrativos «sin perjuicio de los límites aceptables dentro de una sociedad democrática en materia relativa a seguridad interior y exterior, a investigación criminal y a la intimidad de la vida privada, de conformidad con la ley que regule la materia de clasificación de documentos de contenido confidencial o secreto».
 

  
  Foto: Larry Parra Queipo
Con base en este artículo, la ley busca asegurar que los ciudadanos cumplan con su derecho de acceder a la información pública de manera veraz y gratuita y, al mismo tiempo, se protege la información personal en el sector público. Mauricio Pernía Reyes, profesor de la Universidad Católica del Táchira y coordinador de Transparencia Venezuela en Táchira, explica que esta ley nace para concretar de modo legislativo un derecho fundamental de los ciudadanos: el acceso a la información, que es un derivado de la libertad de expresión.
 

En Venezuela existen 4 leyes estadales que amparan y protegen la transparencia y el acceso a la información, y han sido propuestas y aprobadas tanto por gobernantes oficialistas como opositores. Estas pertenecen a los estados Anzoátegui, Lara, Miranda y Nueva Esparta. 
 

A pesar de esto, Pernía aclara que actualmente ningún ente obliga a los organismos y funcionarios a prestar la información requerida y que mucho menos se aplican sanciones en este caso. Por eso, se propone un seguimiento de los casos en los que se niegue el acceso a la información y se especifica el tipo de sanción y la magnitud de esta según la naturaleza de cada falla. 
 

Jorge Govea Cabrera, profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de LUZ, destacó que la ley busca hacer que los artículos de la constitución relacionados con el acceso a la información sean operativos, «que el ciudadano sepa que tiene derecho a una información que provenga del Estado, que sea cierta». 
 

Información pública y excepciones 
 

Al hablar de administración pública, se incluyen los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ciudadano y Electoral, tanto de sus sedes nacionales como regionales y municipales; organizaciones con fines políticos, asociaciones de carácter comunitario, funcionarios y demás organizaciones, entidades o personas jurídicas que participen de alguna manera en la gestión pública o administren fondos públicos. 
 

   El Consejo de Transparencia sería el ente encargado de hacer velar por el cumplimiento de la ley
  Foto: Archivo
El proyecto de Ley Orgánica de Transparencia, Divulgación y Acceso a la Información Pública prevé en su artículo 12 ciertas excepciones cuya difusión no deberá ser obligatoria, como aquella información relacionada a la seguridad y defensa nacional que haya sido calificada como reservada por el Consejo de Defensa de la Nación; información en el ámbito internacional si puede interferir en los procesos de negociaciones; información relacionada con la potestad de control del Estado y la administración de justicia si se trata de esfuerzos para prevenir o detectar infracciones; información que afecte la seguridad personal o familiar, y la relacionada con patentes, derecho de autor y secretos comerciales.

 

Pernía asegura que esta ley no sería necesaria si existiese efectividad en el cumplimiento de la difusión de la información pública, característica propia de los gobiernos democráticos: «Se debe hacer público lo público, y privado lo privado, pero estamos funcionando al revés. Es muy fácil que se publiquen comunicaciones telefónicas personales entre personajes públicos», a pesar de que la Ley Sobre Protección a la Privacidad de las Comunicaciones vigente desde 1991 lo condena.

 

Jesús Urbina Serjant, coordinador de Transparencia Venezuela en Zulia, aseveró que la ley busca blindar la información personal, mediante la compilación de todas las normas expresas en leyes precedentes, «para garantizar la firmeza de ellas y reforzar su concordancia, puesto que define muy bien la diferencia entre la información de interés público y la de carácter privado que pertenece a la esfera personal de cada individuo», dijo.

 

Consejo para la Transparencia
 

El Consejo para la Transparencia sería el órgano garante del derecho de los ciudadanos de acceso a la información pública y estaría adscrito a la Contraloría General de la República, según lo establece su artículo 15. Este ente se encargaría de la promoción, verificación, seguimiento y evaluación de la implementación de la ley y estaría integrado por 5 consejeros cuyo periodo duraría 5 años –que no hayan estado inscritos en partidos políticos en los últimos 5 años–; 2 de ellos serían seleccionados como presidente y vicepresidente, durarían un año en sus funciones y podrían ser reelectos por un año más.
 

Papel de la Sala Constitucional
El profesor Jesús Urbina, manifestó que sería «una aberración» si la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia tachara la ley como inconstitucional, así como ya ha ocurrido recientemente con leyes sancionadas por la actual Asamblea Nacional: «Estaría contradiciendo abiertamente la constitución en sus principios fundamentales, en el capítulo de los derechos humanos y en los principios de la organización de los poderes públicos, en lo que se basa una república democrática».
El Consejo deberá entregar informes periódicos de gestión y presentar memoria y cuenta de forma anual ante la Asamblea Nacional, órgano que designará a su directorio mediante la votación favorable de dos terceras partes de sus integrantes.
 

¿Democracia participativa?
 

Es un derecho de los ciudadanos la participación libre en asuntos públicos de forma directa o a través de sus representantes electos. «La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica», según cita la Constitución en su artículo 62.
 

Juan Berríos Ortigoza, profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de LUZ, enfatizó en que la democracia participativa no se limita a procesos electorales, sino que incluye a su vez el «control sobre la gestión de los funcionarios». Pernía, corredactor del proyecto de ley, explicó que debido a la opacidad en la información oficial, se tiene una distorsión de la democracia participativa: «Lo que ha habido es un dirigismo de la participación popular». 
 

Añadió que cuantitativamente el Gobierno muestra cifras de participación, pero cualitativamente «carecemos de participación no dirigida, espontánea y organizada» ajena a los criterios del Gobierno nacional. 
 

Govea complementó lo explicado por Pernía al asegurar que no existe libertad de expresión sin el derecho a la información: «Se ha dicho que a partir de 1999 se instauró en Venezuela una democracia participativa, pero la realidad es que ha sido más una declaración que realidad». Aseguró que lo que distingue la participación de la movilización es el grado de autonomía que tiene el ciudadano en sus iniciativas, que también incluyen las críticas al Estado. 





Última actualización ( 06-05-2016 a las 14:01:31 )
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