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Falta de acuerdos políticos pone en juego la efectividad de la amnistía PDF Imprimir Correo
07-04-2016 a las 08:43:18

Especialistas consideran que la Sala Constitucional se basará en el artículo 29 de la Constitución –que prohíbe la amnistía para delitos de lesa humanidad− para declarar la inconstitucionalidad de la ley, tras petición del presidente Nicolás Maduro 


Luis Gerardo Petit
 

La Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional se suma a la lista de 2 amnistías que se han otorgado desde la instauración de la quinta República. En el 2000, la Comisión Legislativa Nacional sancionó la Ley de Amnistía Política General y luego fue promulgada por el presidente Chávez. Igualmente, 7 años más tarde, Hugo Chávez aprobó un Decreto de Ley Especial de Amnistía para perdonar los delitos ocurridos en los hechos políticos de abril de 2002. 
 

El actual documento legal –que fue aprobado por la bancada de la oposición en la sesión ordinaria del miércoles 29 de marzo de 2016− fue tachado como inconstitucional por el presidente Nicolás Maduro, quien pidió a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declarar su inconstitucionalidad. 
 

Bloqueos institucionales 
 

  
Foto: Archivo  

Juan Berríos, abogado constitucionalista y profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, considera que un elemento fundamental de la amnistía es el acuerdo político. «Si no hay acuerdo, es muy difícil que la amnistía pueda tener un final exitoso». A su juicio, el contexto político no confluye para que la amnistía tenga resultados positivos. «Como no hay un acuerdo sobre el significado de estos hechos, es muy difícil que tenga éxito». 

 

La amnistía es una medida política que debe tener soporte popular, explica el profesor de LUZ. «Tiene que existir la convicción de que, efectivamente, hay que perdonar a las personas que presuntamente estuvieran involucradas en un proceso como este». Agrega que, debido a la «evidente falta de acuerdo y confrontación», se va a imponer la lectura de quien domina el espacio político. «En estos momentos, quien domina el espacio político es el Gobierno a través del Ejecutivo y de todas las instituciones que controla políticamente». 
 

Afirma que la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional encontrará bloqueos institucionales a través de la Sala Constitucional del TSJ o de los propios tribunales del Ministerio Público. «La Sala Constitucional puede calificar que los delitos que se van a despenalizar son hechos que implicaron violaciones graves a los derechos humanos». Explica que las razones de inconstitucionalidad pueden estar basadas en el artículo 29 de la Constitución, que establece que la Amnistía no puede comprender delitos que hayan significado violaciones graves a los derechos humanos. 
 

En ese sentido, el artículo 3 de la ley señala que —de acuerdo con la Constitución—, «quedan exceptuados de la amnistía los crímenes de guerra, el genocidio y los crímenes de lesa humanidad, entendidos tal como se establece en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. También quedan exceptuados de la amnistía los delitos relativos a violaciones graves a los derechos humanos». Sin embargo, Berríos manifiesta que es un tema interpretativo y discursivo que quedará en la lectura de la Sala Constitucional. Desde su punto de vista, las posiciones políticas de los hechos señalados en la ley son antagónicas. «Si se entiende que algunos de estos hechos son violaciones graves a los derechos humanos, evidentemente, a partir de esa lectura que haga la Sala Constitucional, puede declarar su inconstitucionalidad». 
 

Por su parte, José Ignacio Hernández —abogado y profesor de derecho administrativo en la Universidad Católica Andrés Bello— considera que el TSJ solo podrá controlar los aspectos de forma de la ley, así como el cumplimiento de la prohibición del artículo 29 de la Constitución. «La Sala Constitucional no puede objetar la ley por valoraciones en cuanto a su fondo, no menos en cuanto a su conveniencia». 
 

¿Decreto o ley? 
 

En 2007, el presidente Hugo Chávez concedió amnistía a través de un Decreto de Ley Especial de Amnistía para perdonar los delitos o faltas ocurridos en los acontecimientos políticos durante el 11 y 14 de abril de 2002. El decreto —con valor y fuerza de ley— se publicó en la Gaceta Oficial Extraordinaria N.° 5.870. José Vicente Haro, abogado constitucionalista y profesor de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, considera que la Asamblea Nacional ha debido aprobar la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional como un decreto para evitar que se aplique el artículo 214 de la carta magna. «La ley debió dictarse como decreto, como lo permite el artículo 187 numeral quinto de la Constitución, para evitar que caiga dentro del régimen legal ordinario». 
 

Para el profesor de la UCV, la Ley de Amnistía tiene que ser enviada al presidente y, conforme a la Constitución, este puede objetarla o devolverla a la Asamblea Nacional por razones constitucionales, de conveniencia o por razones políticas. Otro escenario que puede presentarse es la intervención de la Sala Constitucional. «El presidente puede alegar supuestas razones de inconstitucionalidad y esas razones pudieran ser avaladas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que, en estos momentos, está contralada absolutamente por el Ejecutivo». 
 

Para el profesor de la UCV, las razones de inconstitucionalidad que alegue el presidente de la República pueden ser avaladas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia porque, «en estos momentos, está controlada absolutamente por el Ejecutivo». 
 

De acuerdo al artículo 214 de la Constitución, el presidente tiene las facultades para aprobar u objetar cualquier documento legal; sin embargo, José Ignacio Hernández asegura que no es necesario que el presidente Nicolás Maduro acepte la ley de amnistía para que entre en vigencia, debido a que la Asamblea Nacional puede publicarla directamente, basándose en el artículo 216 constitucional que establece que si el presidente no promulga la ley, la Asamblea la promulgará directamente. «El presidente no puede impedir la publicación de la ley, pues solo podrá hacer observaciones o comentarios», manifestó. 

 

Referéndum aprobatorio  
 

Según la carta magna, «serán sometidos a referendo aquellos proyectos de ley en discusión por la Asamblea Nacional cuando así lo decidan por lo menos las dos terceras partes de los integrantes del parlamento». A juicio de José Vicente Haro, la Mesa de la Unidad Democrática «debe estudiar sumamente la necesidad de promover un referéndum aprobatorio de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional» para destrabarla de los bloqueos institucionales. Manifiesta que por encima de la decisión del pueblo, no debe estar ninguna decisión de la Sala Constitucional del TSJ. 
 

«Si se tranca el juego con el presidente y el Tribunal Supremo de Justicia, lo más sano sería que el pueblo tenga la última palabra. La Constitución de la República no prohíbe referendos aprobatorios para leyes de amnistía, lo que prohíbe son los referendos abrogatorios para dejar sin efecto amnistías ya dictadas». Desde su punto de vista, aprobar la Ley de Amnistía «fue un error de cálculo político».

 





Última actualización ( 08-04-2016 a las 11:53:39 )
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