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Militares empresarios: aumenta el poder económico de la Fuerza Armada PDF Imprimir Correo
03-03-2016 a las 11:02:42

Desde la creación de la Zona Económica Militar Socialista –el 9 de julio de 2013–, el presidente Maduro ha creado 11 empresas militares relacionadas con distintos sectores económicos

 

Luis Gerardo Petit
 

   
Camimpeg –que se incorpora a la Zona Económica Militar Socialista– es la primera industria petrolera bajo dependencia militar.
Foto:
NTN24 
 
La Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg) –recientemente creada por el Ejecutivo como una empresa del Estado y adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Defensa– tendrá las competencias para efectuar todo lo relacionado a las actividades lícitas de servicios petroleros, de gas y explotación minera en general, a pesar de que la Ley Orgánica de Hidrocarburos establece que el Ministerio de Energía y Petróleo es el «órgano nacional competente en todo lo relacionado con la administración de los hidrocarburos». 
 

«Se está migrando del Ministerio de Petróleo y Minería al Ministerio del Poder Popular para la Defensa. El Estado tiene estructuras con funciones específicas. Ahora se está cambiando la jerarquía ministerial», afirma Franco D’ Orazio –ingeniero petrolero y profesor jubilado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Zulia–. A su juicio, las «amplias actividades» que realizará Camimpeg, las leyes venezolanas las endosan a la industria petrolera, representada por Petroleros de Venezuela, S. A. (Pdvsa) y a sus empresas filiales. 
 

Camimpeg –que se incorpora a la Zona Económica Militar Socialista– es la primera industria petrolera bajo dependencia militar. Tendrá 50 años «sin perjuicio de que dicho lapso pueda prorrogarse o disminuirse» para realizar labores de mantenimiento en pozos petroleros, administración y reparación de taladros, contratación de personal, descontaminación ambiental, transporte y obras civiles. Asimismo, podrá comprar y vender productos químicos para la industria minera, petroquímica, petrolera y gasífera. 

 

Migración ministerial
 

Según la Ley Orgánica de Hidrocarburos, «corresponde al Ministerio de Energía y Petróleo la formulación, regulación y seguimiento de las políticas y la planificación, realización y fiscalización de las actividades en materia de hidrocarburos, lo cual comprende lo relativo al desarrollo, conservación, aprovechamiento y control de dichos recursos; así como al estudio de mercados, análisis y fijación de precios de los hidrocarburos y de sus productos», así lo establece la ley en su artículo 8. 
 

Asimismo, la misma ley –en su artículo 29– señala que las empresas petroleras estatales se regirán «por las disposiciones que dicte el Ejecutivo Nacional por órgano del Ministerio de Energía y Petróleo. En tal sentido –explica la normativa legal– que el actual Ministerio de Petróleo y Minería es el órgano nacional competente en todo lo relacionado con la administración de los hidrocarburos y, en consecuencia, tiene la facultad de inspeccionar los trabajos y sus actividades inherentes. 
 

En ese sentido, el profesor jubilado de LUZ –quien también desempeñó funciones en la Cámara Venezolana de Petróleo y Pdvsa– considera que existen jerarquías desde hace mucho tiempo a la orden del Gobierno. «En Venezuela no solamente hay varias empresas del Estado venezolano que están dedicadas exclusivamente a la actividad petrolera, sino que también hay un ministerio específico, encargado de velar por la actividad de los hidrocarburos en el país». Considera que se está cambiando, además de la estructura empresarial de Pdvsa, la función ministerial.
 

En su artículo 303, la Constitución de la República Bolivariana establece que la empresa Petróleos de Venezuela S.A. es el «ente creado para el manejo de la industria petrolera», por tal razón, D’ Orazio considera que el más alto nivel político del Estado venezolano debe explicarle al país las justificaciones jurídicas y políticas para haber dado este paso. 

 

Empresas militares en aumento
 

Con el fin de atender las necesidades de la Fuerza Armada Nacional, la Compañía Anónima de Industrias Militares (CAVIM) –creada en 1975 a través del decreto N° 883− tiene una serie de actividades relacionadas con el sector militar: fabricar armamento, municiones, explosivos y otros materiales que interesen a los fines de la defensa nacional. Sin embargo, desde la puesta en marcha del Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación (Plan de la Patria 2013-2019) que incluye el objetivo estratégico de desarrollar el poderío económico para el fortalecimiento de la industria militar venezolana, el presidente Nicolás Maduro ha creado 11 compañías con personalidad jurídica y patrimonio del Estado, pero con objetos sociales alejados de las actividades constitucionales de la FAN.
 

Relacionadas con diversos sectores productivos –transporte, finanzas, comunicaciones, bebidas y, recientemente, el área petrolera, gasífera y minera–, el crecimiento de las empresas militares en el país surgió con la creación de la Zona Económica Militar Socialista el 9 de julio de 2013, cuando el Ejecutivo –para «impulsar el desarrollo de la FANB»– creó el Fondo de Inversión Negro Primero, siguiendo con lo establecido en el Plan de la Patria: «crear el Fondo Estratégico Militar como ente financiero formalmente estructurado, que solvente las contingencias presupuestarias, adecuando nuestra industria militar a nuestras propias necesidades». 
 

Actualmente, el Banco de la FANB (Banfanb), la Empresa Militar de Transporte (Emiltra), la Empresa Agropecuaria de la FANB (Agrofanb), la Empresa de Sistemas de Comunicaciones de la Fanb (Emcofanb), la Televisora Digital de la FANB (Tvfanb) y la Constructora de la FANB (Construfanb) están bajo el control absoluto del Ministerio de la Defensa (MinDefensa). Con respecto a las empresas mixtas, el MinDefensa mantiene la mayoría de las acciones de la empresa militar Cancorfanb –dedicada a la construcción de obras civiles–, Tecnomar, empresa mixta militar de Tecnología, y Agua Tiuna, empresa mixta ubicada dentro del complejo industrial de Fuerte Tiuna.


Militares empresarios 
 

Elita Rincón    
Elita Rincón asegura que la colaboración cívico-militar ha sido una de las orientaciones de la Revolución Bolivariana.
Foto: Carlos Fuenmayor 
 
Elita Rincón –profesora de la Escuela de Economía y directora del Centro Socioeconómico del Petróleo y Energías Alternativas de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia– considera que en el sector militar hay «un gran potencial que pudiera cooperar y colaborar con los servicios petroleros, mineros y gasíferos». Agrega que los militares son un sector estratégico para la nación. «La colaboración cívico-militar ha sido una de las orientaciones de la Revolución Bolivariana. De alguna manera, el Gobierno se ha sustentado en esa relación porque los militares constituyen un brazo importante que, en estos momentos de coyuntura política, pudiera ser clave para el país».
 

Por su parte, el profesor Franco D’ Orazio manifiesta que la legislación venezolana no establece movimientos empresariales-militares de ninguna naturaleza. «El sector militar tiene actividades muy claras. La Constitución de la República es muy específica en los roles que le toca desempeñar a cada quien dentro del concepto de Estado que delinea la misma Constitución». 
 

La Ley Orgánica de la Fuerza Armada y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no contemplan la actividad económica militar. Definen a la Fuerza Armada Nacional como una institución esencialmente profesional, cuya función es garantizar la independencia y soberanía de la nación y asegurar la integridad del espacio geográfico. Rocío San Miguel, coordinadora de la organización Control Ciudadano, considera que la llegada de Camimpeg «es un paso más del proceso de militarización de la economía del país». A su juicio, se trata de un nuevo anclaje del sector militar para acumular mayor poder del Estado, tomando parte del principal negocio de la nación. «Representa la unión de los 2 factores más poderosos de Venezuela: la FANB y la industria petrolera». 
 

Según la coordinadora de Control Ciudadano, la creación de Camimpeg «viola la Constitución y la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional al permitir la participación militar en el desarrollo del país por decreto y no mediante una ley». Agrega que, al desplazar a Pdvsa, vulnera la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que atribuye a la estatal el manejo de la industria petrolera. San Miguel, alerta que Camimpeg «plantea peligros para la concepción del Estado como depredador de los recursos naturales en la búsqueda de fuentes de riqueza».
 





Última actualización ( 07-03-2016 a las 09:56:49 )
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