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Conflicto de poderes en Venezuela: crece la controversia entre el TSJ y la AN PDF Imprimir Correo
18-02-2016 a las 11:51:44

Tras interpretar el artículo 339 de la Carta Magna, la Sala Constitucional invalidó el Acuerdo de la AN, mediante el cual se desaprobó el Decreto de Emergencia Económica. Especialistas consideran que la sentencia puede generar una guerra constitucional


Luis Gerardo Petit

 

A través de la sentencia N° 7 –publicada el 11 de febrero de 2016–, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró que el control político de la Asamblea Nacional (AN) no afecta la legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídica sobre los decretos que declaran estados de excepción; por tal motivo, invalidó el acuerdo mediante el cual el parlamento desaprobó el Decreto de Emergencia Económica, dictado por el presidente Nicolás Maduro el 14 de enero de 2016. 
 

La sentencia ha generado un nuevo capítulo de confrontación entre la AN y el TSJ. Esta situación –considerada como un conflicto entre los poderes del Estado–, genera inseguridad jurídica. Juan Berríos, abogado constitucionalista y profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, afirma que el máximo tribunal utilizó un proceso de interpretación constitucional para determinar la invalidez de un acto de la Asamblea Nacional. «Eso es extralimitarse en sus funciones», agrega que hay una política judicial para desconocer las decisiones del parlamento. 
 

La Constitución de la República –en materia de estados de excepción– señala que los decretos serán presentados a la Asamblea Nacional para su consideración y aprobación, y a la Sala Constitucional del TSJ para que se pronuncie sobre su constitucionalidad. Berríos, interpretando el artículo 339 de la Carta Magna, afirma que la AN tiene la facultad de hacer un examen sobre la oportunidad, conveniencia y pertinencia del decreto. «Es decir, hace un control de tipo político y la Sala Constitucional hace un examen jurídico sobre la constitucionalidad de las restricciones a los derechos que contenga el documento». Enfatiza que son 2 órdenes de distinto control. 

Actuación de la sala
 

  
Foto: Gusman Daboin Balza  
Según Berríos, la Sala Constitucional no tiene la facultad para verificar si están dadas las circunstancias económicas para que se dicte un estado de excepción, «ni tampoco verifica la idoneidad de las medidas económicas que se están implementando». Solo tiene las competencias para revisar si las restricciones a los derechos constitucionales son compartidas o no con lo previsto en la Constitución.

Agrega que la Sala Constitucional pretende hacer ver que el control jurídico prevalece sobre el control político del parlamento. «La Sala Constitucional del TSJ consideró, en esta sentencia, que el control que hace la AN no tiene efectos; sin embargo, la letra de la Constitución establece que el parlamento puede aprobar o desaprobar el Decreto de estado de excepción». 
 

Al tratarse de controles distintos, el profesor de LUZ afirma que fue razonable la decisión del parlamento de oponerse al decreto por considerar que las medidas no eran oportunas; sin embargo, expresa que la AN no hizo la convocatoria como señala el artículo 27 de la Ley de Estados de Excepción. «Debía iniciarse la convocatoria dentro de las 48 horas a la publicación del Decreto de estado de excepción. Por esa razón, la Sala Constitucional consideró la nulidad del acuerdo». 
 

En cuanto al control jurídico, asegura que la máxima instancia se extralimitó en su función de evaluar esa decisión de la AN. «La Sala Constitucional utilizó el proceso de interpretación constitucional para determinar la invalidez de un acto de la Asamblea Nacional, y eso, en mi criterio, es extralimitarse en las funciones». A su juicio, hay una «serie de irregularidades en el contenido de la sentencia. Era una controversia sobre la interpretación de la Constitución, no era una controversia relativa a la validez o no del acuerdo que dictó la AN». 
 

  
  Foto: Archivo
Por su parte, Jesús Silva –abogado constitucionalista y profesor de la UCV– considera que la sentencia es constitucional porque «hay una declaración de constitucionalidad que la da el TSJ». Asegura que la vigencia del decreto depende del dictamen de la Sala Constitucional. «Desde el punto de vista jurídico existe el instrumento y no lo puede anular la AN». A su juicio, el parlamento solo emite un juicio político. «El TSJ controla los actos jurídicos de los otros poderes. La única función de la Asamblea Nacional es legislar». 
 

Conflicto constitucional 
 

Silva prevé que habrá «una guerra constitucional porque la AN seguirá legislando en asuntos económicos y, ahora, el presidente tiene un Decreto de Emergencia Económica y va a producir instrumentos jurídicos». Asegura que puede haber un choque que no favorecerá al país. Igualmente, a juicio de Berríos, la sentencia lleva a pensar que hay un conflicto entre las distintas ramas del poder público. 
 

En un conflicto de esta naturaleza, «el TSJ debe intervenir para resolverlo justamente», explica el profesor de LUZ. Es decir, la máxima instancia judicial tiene la obligación de servir como intermediario sin prejuicio de parcialidad política. “Eso no lo tenemos. Estamos viendo una interferencia de políticas excesivas en la racionalidad de las decisiones judiciales”. Agrega que el Tribunal «no genera confianza por 2 razones: está claramente parcializado hacia uno de los factores en disputa y por la manera en que fueron designados 3 de sus 7 agistrados». 
 

Ley sobre Estados de Excepción
Artículo 34: «La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia omitirá todo pronunciamiento, si la Asamblea Nacional o la Comisión Delegada desaprobare el decreto de estado de excepción o denegare su prórroga, declarando extinguida la instancia».

Sala Constitucional como árbitro 
 

«La voz final de nuestra Carta Magna la establece la Sala Constitucional en su interpretación», expresa el profesor de la UCV. Afirma que este conflicto lo resuelve el TSJ en su Sala Constitucional. De la misma manera, el profesor Juan Berríos manifiesta que la Sala tiene «las competencias para determinar el alcance, sentido y contenido de cualquier artículo de la Constitución». 
 

Agrega que, de generarse un conflicto de poderes entre el ejecutivo y la AN, la Sala Constitucional del TSJ tiene la facultad para intervenir como máximo arbitro. «La Sala Constitucional puede reivindicar su posición. Argumentar que hay un desorden, un caos y que ella está para arreglarlo. Argumentos y precedentes tiene de sobra para instrumentar eso», explica Berríos; sin embargo, aclara que la medida no es completamente legítima e institucional. «La solución es bastante mala para el Estado de Derecho porque la orientación política del Tribunal es el verdadero problema. La Sala Constitucional del TSJ se puede convertir en el árbitro del problema, pero no para favorecer a la Asamblea Nacional».





Última actualización ( 19-02-2016 a las 12:16:49 )
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